De acuerdo con la última estimación de la Secretaría de Hacienda, como resultado del incremento que ha tenido el precio del petróleo, el subsidio que se otorga a los combustibles (gasolina y diesel) podría ascender a alrededor de 170,000 millones de pesos. Una barbaridad de recursos desperdiciados sin ninguna justificación de beneficio social pero que, políticamente, sí es atractivo.

Se argumenta, de manera equivocada, que como México es productor de petróleo, los combustibles tienen que ser más baratos que en aquellos países que no producen este bien. Este argumento no es correcto ya que no toma en cuenta el costo de oportunidad, es decir, si el combustible no se vendiera en México, podría exportarse a precios internacionales.

Como todo subsidio, excepto cuando se utiliza para corregir una externalidad positiva, genera un costo en bienestar social. Claramente, en el caso de los combustibles, el subsidio no corrige ninguna externalidad positiva y sí genera, por el contrario, externalidades negativas graves.

Son varios los efectos negativos de este subsidio. Primero, particularmente en el caso de la gasolina, es un subsidio de carácter regresivo, en el sentido de que la mayor parte de éste se la apropian quienes más consumen, que son las familias de mayores ingresos. La mayor parte de los mexicanos no posee automóvil, por lo que para ellos el beneficio de subsidiar la gasolina es prácticamente nulo. Por lo mismo, desde el punto de vista de bienestar social, es un subsidio injustificado.

En segundo lugar, subsidiar la gasolina, al inducir un mayor consumo de este recurso, genera una externalidad negativa en la forma de mayores niveles de contaminación y de congestión vehicular en la ciudades, externalidad que, obviamente, deriva en un alto costo en el bienestar de la sociedad. Más aún: subsidiar los combustibles, generando niveles de contaminación atmosférica superiores al nivel óptimo, se traduce en que México no está cumpliendo con sus compromisos internacionales en materia de combate al cambio climático.

En tercer lugar, dicho subsidio tiene un alto costo de oportunidad. Esos mismos recursos podrían utilizarse con otros fines como, por ejemplo, dirigirlos de manera focalizada a programas de carácter social como son educación y salud.

Por estas tres razones es necesario eliminar el subsidio a los combustibles tal como lo recomendó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y más aún, no sólo eliminar el subsidio, sino establecer un gravamen adicional para corregir las externalidades negativas que genera el uso del automóvil, un impuesto ecológico.

¿Habría inflación si se elimina el subsidio? La respuesta es no. Lo que habría sería un cambio, de una vez por todas, en el precio de los bienes que se reflejaría también como un cambio de una vez por todas en los índices de precios, tanto el índice de precios al productor como en el índice de precios al consumidor. Aunque esto tendría un efecto negativo sobre el poder adquisitivo del ingreso, desde un punto de vista de bienestar social, la eliminación del subsidio corregiría una distorsión importante en el sistema de precios e induciría, en consecuencia, una asignación más eficiente de recursos. ¿Eliminará el gobierno el subsidio? No, porque políticamente resultaría costoso. Y así estamos, como muchos otros temas de la agenda: la reforma fiscal, la laboral, la de telecomunicaciones, etcétera. No se hacen porque siempre gana el argumento de que, políticamente, es costoso.

En consecuencia, de la mediocridad no salimos.

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