En los últimos meses, el partido Morena ha pretendido establecer en nuestro país un estrambótico “socialismo” del agua a través de un proyecto de iniciativa de Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados, que por el momento ha sido detenido. Como se sabe, este partido tiene un propietario único y absoluto. Pero también, se identifica y se nutre en bases políticas o de opinión favorables a dictaduras latinoamericanas (Cuba, Venezuela) y a posiciones y organizaciones populistas radicales. Esto choca recurrentemente con un necesario pragmatismo y racionalidad de gobierno. Así, la incoherencia y la conflictividad se suman a la incompetencia generalizada, y a la ignorancia y al resentimiento como divisas de gestión gubernamental. Vale la pena advertir los despropósitos de este proyecto de Ley General de Aguas (el Proyecto), ya que seguirá rondando y seguramente volverá a ser introducido por el primer resquicio que se abra en el Poder Legislativo.

El proyecto surge del mandato de la reforma constitucional de 2012 que consagró en el Artículo 4° el Derecho Humano al Agua, y que ordenó darle contenido a este derecho en un nuevo texto legal. Los promotores del Proyecto de Ley General de Aguas (diputados de Morena y organizaciones radicales) tomaron provecho de la oportunidad y excedieron el mandato, pretendiendo abrogar la Ley de Aguas Nacionales (vigente), dar rienda suelta a delirios ideológicos, poner de cabeza a la administración de las aguas propiedad de la Nación, y arrollar las facultades de la Conagua, de estados y municipios, contraviniendo la letra y el espíritu del Artículo 27, y de los Artículos 115, 116 y 122 Constitucionales.

El Proyecto invade atribuciones del Senado y de la Cancillería en materia de política exterior y tratados internacionales (Artículos 76 y 89 Constitucionales). Otorga a comunidades indígenas facultades extravagantes de acceso y manejo de aguas de propiedad de la Nación y que por tanto corresponden exclusivamente a la Conagua. Cancela posibilidades de participación privada en el tratamiento y re-uso de aguas residuales, violentando el régimen de propiedad de las aguas nacionales previsto en la Constitución. Otorga de manera directa el uso y aprovechamiento de las aguas de propiedad de la Nación a ejidos, comunidades y propietarios – dueños de más del 95% del territorio nacional – sin necesidad de una concesión por parte de la autoridad, algo que evidentemente contraviene principios constitucionales, difundiría el caos hídrico, y acabaría con certezas jurídicas esenciales para ciudades, empresas y agricultores. El Artículo 27 Constitucional dispone que el uso, aprovechamiento o explotación de las aguas nacionales sólo puede llevarse a cabo a través de la figura de concesión de la autoridad competente.

El Proyecto crea nuevas instancias – “soviéticas” – de gobierno, como son los propuestos Consejos Regionales y el Consejo Nacional con participación de activistas sociales, a quienes se les otorgan facultades para renovar y otorgar títulos de concesión, de planeación, gestión y otros actos de autoridad, haciendo nugatorias las atribuciones exclusivas que para ello tiene la Conagua en la Ley de Aguas Nacionales (vigente) con base en el Artículo 27 Constitucional. Algo insólito, el Proyecto le concede al putativo Consejo Nacional atribuciones para nombrar funcionarios y titulares de la Conagua y del IMTA, para hacer presupuestos, programas y planes, para determinar derechos en la Ley Federal de Derechos, y para revisar tratados internacionales.

Se trata de una verdadera monstruosidad que destruye las estructuras constitucionales de gobernanza del agua en México e impone distopías colectivizantes propias de algún socialismo comunitarista idiosincrático. En este caso, afortunadamente, la intentona ha sido contenida (esta misma semana) por legisladores de oposición en la Cámara Baja, y por la reacción oportuna y rotunda de múltiples actores sociales y económicos, que hicieron patente la inconstitucionalidad y desvaríos flagrantes del proyecto de iniciativa de Ley General de Aguas. Por ahora, la iniciativa de ley sólo se restringirá a cumplir con lo ordenado por la reforma constitucional de 2012 al Artículo 4°, y a reglamentar el Derecho Humano al Agua. Veremos si hay un nuevo engendro. Queda de manifiesto la importancia vital de recuperar el control de la Cámara de Diputados en 2021.

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.

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