El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) es una parte del sistema nacional de pensiones, al que también pertenecen las pensiones de estados y municipios, y las de las universidades públicas. En este sistema, que está definido en la ley y regulado en su totalidad por el gobierno, los ahorros para el retiro de los trabajadores que se construyen a partir de las aportaciones que hacen sus patrones son administrados por las afores.

Es el gobierno federal, mediante la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, quien se encarga de supervisar y regular las inversiones y operación de las afores. Los sistemas privados de pensiones, por el contrario, son los que se crean y administran al interior de distintas empresas, como parte de sus propios planes de capital humano.

En el Sistema de Ahorro para el Retiro, que es público, establece que las afores se encargan de administrar los ahorros que, llegado el momento del retiro, constituirían la pensión. Las afores reciben las contribuciones que hacen los patrones a la seguridad social de sus empleados en materia de ahorro para el retiro. Estas contribuciones, en total, equivalen a 6.5% del salario de cada trabajador. Las afores, mediante sociedades de inversión altamente especializadas y sofisticadas, invierten los recursos y procuran incrementarlos lo mayor posible mientras minimizan el riesgo.

A lo largo de su historia, el sistema ha otorgado rendimientos sobre estos ahorros que son muy superiores a la inflación. hoy en día, podemos afirmar que alrededor de 40% de los recursos que se administran es rendimiento. Como ya se ha mencionado, es el monto de las aportaciones que se realizan al sistema lo que define en mayor proporción los niveles de pensión que podría alcanzar cada persona al momento de su jubilación.

La administración de las cuentas individualizadas de las y los trabajadores requiere de infraestructura, en tecnologías de la información, en sistemas contables y financieros, y de la presencia de expertos en inversiones. Asimismo, la existencia de competencia dentro del sistema permite que cada persona pueda elegir quién y de qué manera quiere que se administren sus recursos y propicia que las administradoras tengan incentivos para invertir de mejor forma los recursos.