¿Salvar a Pemex? Nuestra gran vocación petrolera

Nuestro gobierno invierte más dinero en combustibles y energía que en educación o salud, y desde luego que en seguridad pública. Apenas un 15% del total de recursos dirigidos a promover e impulsar el desarrollo y crecimiento económicos se dirigen a sectores diferentes al energético desde hace por lo menos 3 gobiernos. Las inyecciones discrecionales de dinero público que ha hecho el Poder Ejecutivo al sector energía se han dado fuera de calendario y por encima de lo aprobado por la Cámara de Diputados desde hace por lo menos 50 años y en los últimos años los incrementos de recursos han llegado a casi 600%. La deuda externa en dólares americanos de Pemex tiene la misma magnitud que la del gobierno federal en moneda extranjera. Muchos de mis colegas afirman que “el petróleo no cuenta” en la economía de México porque ya nos diversificamos y nos convertimos en líder mundial exportador. Si no se comprende que el problema que tenemos no fue generado en este gobierno sino al menos en los últimos 8 anteriores y que es parte del modelo y estructura económica que tenemos, no podremos ni siquiera comprender por dónde empezar a proponer soluciones duraderas.

Se ha dicho por décadas que el petróleo y la empresa que lo explota, Pemex, son del pueblo. A diferencia de lo que sucede en otros países, todo lo que está debajo del nivel del suelo es de la nación, reza el Artículo 27 de nuestra Constitución. Para efectos prácticos, el administrador del petróleo y de Pemex ha sido el gobierno federal y el garante de la propiedad ha sido el Estado quien, a partir de 1982, decidió que ambos se volvieran pilares de las finanzas públicas del gobierno. Representó no sólo la obtención de una renta, sino la sustitución y un paliativo del cobro de impuestos. El petróleo y Pemex se volvieron no sólo una fuente de flujo líquido para el presupuesto público, sino un activo sobre el cual obtener recursos del exterior y un salvavidas para sortear explosiones de deuda como la de 1994. La privatización, apertura y desregulación económica, así como la estabilidad macroeconómica y financiera no despetrolizaron las finanzas públicas gubernamentales. Tampoco la reforma energética lo consiguió. Finalmente, el esfuerzo de recuperar la soberanía petrolera, de Pemex y gasolinera no logró o no ha logrado despetrolizar, cortar el cordón umbilical pues, entre el petróleo, Pemex y las finanzas del gobierno. En este último esfuerzo, la realidad nuevamente ganó a la narrativa: no sólo se siguió exportando petróleo sino que no se consiguió modificar el modelo de negocio hacia la producción de gasolinas. ¿Sigue esta apuesta vigente? Por lo menos ha de estar bajo la lupa.

Veamos: entre 1970 y 2023, todas las modificaciones que se apartaron del decreto de presupuesto público aprobado por la Cámara de Diputados correspondieron al sector energético. Es decir, los cambios fuera de lo planeado y programado para un año fiscal en poco más de un siglo fueron en el sector energía. De esos cambios, en especial a partir del 2006, los porcentajes de modificación llegaron al 500% o, dicho más simplemente, los montos de dinero público asignados al sector fueron más de 6 veces mayores a los previstos. Todas estas desviaciones fueron positivas, es decir, que en particular a Pemex se le dieron siempre más recursos que los presupuestados originalmente y en ninguna ocasión se le redujeron los recursos, en contraste con los rubros de salud o educación, por ejemplo cuyas modificaciones fueron a la baja, una especie de efecto “globo” donde lo que ganó uno lo perdieron otros.

Tenemos, hoy por hoy, un gobierno cuya principal función es producir energía y dentro de ella, hidrocarburos. Ha sido una tendencia de décadas, no de un gobierno, ni de un año, ni de las preferencias de un gobernante, partido o enfoque ideológico o programático. Neoliberales, post-neoliberales y contraneoliberales, todos han optado por obtener liquidez de Pemex, apoyar a Pemex con dinero público y aprovecharse de sus activos para endeudarse dentro y fuera del país. El petróleo y Pemex no sólo son parte de nuestra historia y nacionalismo, de nuestra identidad y sistema político, sino es parte de nuestro contrato social. Por ello, tratar de salvar a Pemex con propuestas de ingeniería civil o financiera ha sido y será inútil.

El petróleo y Pemex no han logrado ser palanca del desarrollo porque nunca el extractivismo de estado logró producir mejores niveles de eficiencia y mayor productividad en una economía en sistemas políticos sin contrapesos reales, gobiernos eficientes y con una visión de largo plazo. En el México presente, el dinero público debe proveer bienes y servicios públicos más disponibles y de mayor calidad para los ciudadanos, sentar las bases para potenciar el nearshoring, y financiar óptimamente sistemas locales, estatales y federales que garanticen la paz y la seguridad pública. 

En nuestro país, el siglo XXI estará caracterizado por una potente petrolización de las finanzas de nuestro gobierno. Esto no se irá pronto, independientemente de las soluciones o medidas que se tomen en el próximo gobierno. Una adicción de casi 50 años no se borra en poco tiempo. Quizá el primer paso sea tener un consenso genuinamente general y nacional de la necesidad de una despetrolización. Para ello, tendremos que volver a ver fuera de nuestras fronteras y así evitar atajos con retorno.

*El autor es profesor de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C.

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