Karl Polanyi, el economista e historiador, autor de La Gran Transformación que publicó en 1944, decía que el capitalismo, a diferencia de otros sistemas, se basaba en tres mercancías ficticias: el capital, la tierra y el trabajo. El problema de la tercera es que cuando su precio bajaba por motivos artificiales, como una devaluación, se creaba incertidumbre y malestar social, por lo que el Estado tenía que actuar para compensar dicha caída. De otra manera, el capitalismo no funciona, o genera una enorme inestabilidad, como sucedió en Alemania después de la crisis de los 20. El punto de Polanyi es que en la medida de que se trata el salario solo como una mercancía, mayor es la reacción en contra del mercado.

Es decir, quienes construyeron los fundamentos teóricos del Estado siempre tuvieron muy claro que mantener el poder adquisitivo del salario, por varios mecanismos, entre ellos la regulación salarial, era fundamental para la estabilidad del capitalismo. Eso, como ha sido ampliamente documentado, se relajó a partir de los años ochenta, con la revolución neoliberal, con la consecuencia del incremento de la desigualdad y el malestar social. Sin embargo, eso ha ido cambiando, prácticamente todos los gobiernos progresistas del mundo han impulsado incrementos del salario mínimo en las últimas décadas.

En México en realidad nunca se tomó en serio al salario mínimo como un mecanismo para proteger a las y los trabajadores de menores ingresos. Los sectores que obtuvieron ganancias salariales y en prestaciones fueron los que eran estratégicos para el régimen, por la importancia de la actividad que realizaban o por su capacidad de control político. En los 80, en el contexto del ajuste económico, el concepto del salario mínimo se satanizó, se dijo que había que mantenerlo lo más bajo posible, como un mecanismo para contener la inflación.

En el llamado ajuste, lo único importante era estabilizar la economía lo más pronto posible, sin importar los costos en el mercado laboral. Después del ajuste se logró la estabilidad de precios, pero la recuperación del salario fue muy lenta, en parte porque no contábamos con instrumentos, como el salario mínimo, para ayudar a impulsar el salario. En esa lógica, el salario era una mercancía más, como el capital y la tierra.

Ya en este siglo, después de décadas de estabilidad de precios, el gobierno pasado se negó de todas las formas a impulsar una reforma que iniciara el camino a convertir el salario mínimo como un verdadero instrumento de regulación laboral, que incrementara los ingresos de quienes menos ganan, como ya sucedía en prácticamente todas las economías de Europa y América. Eso explica mucho del gobierno de Peña Nieto y de la manera en la que terminó. La enorme carga ideológica neoliberal en las políticas públicas que prevalecieron en México, también explica esa actitud.

El incremento reciente, de 15%, todavía nos deja en el lugar 76 de 136 países en cuanto el nivel del salario mínimo. Aun relativamente pocas personas ganan el mínimo, por lo que su incremento beneficiará a personas de bajos ingresos, con importantes efectos en reducción de la pobreza, pero sin el riesgo de que se incrementen, de manera desproporcionada, las negociaciones salariales en general, lo que generaría inflación. Ya se demostró que no existe el llamado “efecto faro” en la política de incrementar el mínimo, ya que parte de niveles muy bajos.

Tampoco va a afectar nuestra competitividad comercial, por ejemplo, Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, se propone aumentar el mínimo en su país de 7 a 15 dólares la hora. Esto es, hacemos lo que nuestro principal socio comercial justo se propone lograr. En los mercados el tema pasó desapercibido, se entiende que, en el tema del salario mínimo, el margen es amplio y muy difícilmente va a presionar al alza la inflación. A la larga, será un factor de estabilidad social y fortalecimiento de la demanda interna.

Vidal Llerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.

Lee más de este autor