Revaloración de las auditorías de desempeño

Mi primera experiencia con las auditorías de desempeño se remonta a la década de 1970. En 1979, Don Antonio Ortíz Mena, entonces presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), me invitó a trabajar a la Oficina de Revisión y Evaluación Externa del Sistema de Evaluación de Desempeño del Banco. Su misión era evaluar los programas de inversión y desarrollo de la institución en América Latina y sus recomendaciones tenían como objeto mejorar el desempeño de los escasos recursos para el desarrollo.

El contexto en el cual se practicaban las auditorías de desempeño estaba dominado por diversos factores, entre ellos el fin de la era Keynesiana y las políticas de gasto deficitario, el estancamiento con inflación (stagflation), la crisis energética y, de manera particular, en América Latina, el agotamiento de la Alianza para el Progreso.

El BID, al igual que el Banco Mundial, asumieron y desarrollaron los fundamentos de la auditoría de desempeño de la General Accounting Office (GAO) del Congreso Americano, definidos por Ellsworth H. Morse en su célebre trabajo de 1971, que extendían el ámbito de las auditorias más allá de las revisiones financieras, de administración y de cumplimiento normativo, para “revisar y evaluar los resultados de los programas de gobierno en apoyo a las funciones de supervisión legislativa”.

La GAO ponía así el acento en temas que superaban el cumplimiento normativo y regulatorio de los fondos federales, para concentrarse en la eficiencia y la economía en el uso de los recursos públicos, y en la efectividad de los programas y proyectos. Planteaba un ejercicio independiente y objetivo sobre “cómo podían efectuarse mejoras, cómo podía ahorrarse dinero o usarlo de mejor manera, y cómo se podían alcanzar los objetivos y las metas”.

Concluía diciendo que las auditorías superiores “estaban en una posición única” en el marco constitucional de “pesos y contrapesos”, resultado de la división de poderes. El ámbito de acción se ampliaba, además, a otros niveles de gobierno y afuera del gobierno. La auditoría de desempeño se convirtió gradualmente en un ejercicio normal de congresos y parlamentos en Estados Unidos, Europa y Asia a finales de los ochenta.

En contraste, en México se dan los primeros pasos sobre auditorías de desempeño en 1977, al darse atribuciones para que la Contaduría Mayor de Hacienda investigue el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritarias. En 1978 se reformó su Ley Orgánica para incluir en la revisión de la Cuenta Pública, entre otros, el “cumplimiento de los objetivos y metas de los principales programas y subprogramas aprobados”.

No obstante, estas reformas deben ser referidas al contexto nacional en que se produjeron. Por una parte, el difícil derrotero de la política económica en un proceso de ruptura con el Modelo de Desarrollo Estabilizador, con resultados poco satisfactorios. Por otra parte, el déficit de democracia y el difícil papel del Congreso como supervisor independiente del presupuesto y de sus resultados en un diseño institucional presidencialista . Ello limitó en más de una forma el avance de la fiscalización del desempeño.