Lectura 3:00 min
Reforma pensionaria (I)
Resuelto el tema del tope de 10 vs. 25 salarios mínimos a las pensiones del IMSS, lo relevante ahora es estructurar un marco jurídico claro que evite que este cuestionamiento sea recurrente y esté sujeto a la discrecionalidad del momento.
El tema también revivió la urgencia de una reforma pensionaria. La Conferencia Interamericana de la Seguridad Social divulgó el documento “México: propuesta para un nuevo sistema de pensiones” de Jorge Tonatiuh Martínez Aviña. El titular de ese organismo es Gibrán Ramírez, un politólogo con una visión estatista radical. Es del círculo estrecho de López Obrador y podemos suponer que le ha presentado esta propuesta. Ésta diagnostica correctamente los problemas: fragmentación, desigualdad, exclusión, baja tasa de remplazo y los costos de transición. Asimismo, reconoce que la pensión no debe estar únicamente diseñada para el mercado laboral formal. Es necesario que todos los mexicanos, sin importar su condición de formal o informal, tengan cobertura pensionaria.
Sin embargo, la propuesta es fuertemente estatista. Impulsa la eliminación del régimen de capitalización individual como pilar único y su sustitución por un modelo mixto que combine los sistemas de beneficio y contribución definidos que le permita “devolver al Estado la rectoría del sistema” (filosofía de Bismarck del siglo XIX). Estoy de acuerdo con proponer un sistema mixto, pero el autor lo hace por las razones equivocadas. Propugna que sea el Estado quien maneje el sistema, permitiendo la participación muy acotada y controlada de las afores. Es una propuesta que inhibe la competencia. Propone crear un solo órgano público descentralizado para administrar las aportaciones de los trabajadores. Las afores administrarían una porción menor de las aportaciones bajo otro pilar. La creación de ese órgano podría propiciar que los recursos se manejen con criterios políticos y se mal inviertan en proyectos inviables. Plantea un límite máximo a las comisiones de las afores, es decir, regularlas con controles en vez de con la competencia.
Para el financiamiento público que asegure un monto determinado de pensión, formula crear impuestos etiquetados: sobre ingresos de tabacaleras, bebidas alcohólicas y saborizantes, un impuesto especial a la banca múltiple y otro al capital personal. Ello implica una reforma fiscal, pues la etiquetación de ingresos recaudados no está permitida.
Otra moción es que el sistema pensionario sea un medio para la redistribución, mediante fijar topes a la pensión de acuerdo con el ingreso, así como colectivizar las aportaciones. Los topes serían un desincentivo al ahorro voluntario para el retiro. Además, el sistema pensionario no es un instrumento redistributivo.
En suma, el sistema requiere una reforma mayor; no en la línea estatista, sino mejorarlo sustancialmente, pero sobre las bases de responsabilidad compartida entre individuos, empresas y gobierno, con un enfoque de mercado. Y sí, con un modelo mixto.
