Existe en la teoría económica lo que se conoce como el problema de agencia o el problema del agente-principal, muy útil para explicar por qué tanto Pemex como la CFE (o casi cualquier otra empresa gubernamental ) están quebradas.

En una empresa privada, cuando el dueño es al mismo tiempo el administrador, el problema de agencia no existe, dado que en este caso los intereses del accionista y el administrador son iguales, al ser la misma persona. Por otra parte, cuando son varios los accionistas de la empresa (más aún si es pública, por lo que la propiedad está atomizada), surge el problema de agencia. En este caso, estando los derechos de propiedad de la empresa perfectamente definidos, está en el interés de los accionistas nombrar un consejo de administración que, a través de un cuerpo directivo, opere la empresa. En este caso, el interés del administrador puede no estar alineado totalmente con el interés de los accionistas, que es maximizar las utilidades de la empresa. Los accionistas estarán dispuestos a sacrificar algo de las utilidades para no tenerse que involucrar con los costos que ello implica, en el manejo directo de la empresa. Obviamente esto tiene un límite. Si la pérdida de utilidades es mayor que el costo de manejar directamente la empresa, los accionistas tendrán el incentivo para cambiar al administrador, más cuando existe el peligro de una adquisición no solicitada por parte de empresas competidoras.

¿Qué sucede en una empresa gubernamental? El primer problema es una muy deficiente definición de los derechos de propiedad: ¿de quiénes son Pemex y la CFE? De todos los mexicanos, y, por lo mismo, existe el incentivo para que alguien se la apropie. ¿Quién? El administrador de la empresa. Este individuo busca maximizar su nivel de utilidad (bienestar o satisfacción) y los argumentos en esta función son su ingreso monetario y no monetario y el poder que le brinda ser el administrador de la empresa gubernamental. En consecuencia, para poder maximizar su utilidad, el administrador buscará aquellas fuentes de apoyo que le permitan explotar el poder. Son normalmente dos: los empleados de la propia empresa y los proveedores.

En cuanto a los empleados, está en el interés del administrador buscar su apoyo a través de diversos mecanismos, destacando un salario (incluidas prestaciones) mayor que el que ganarían si la empresa fuese privada, una plantilla laboral mayor que la que observaría en una empresa privada de similar magnitud, regímenes de jubilación mucho más bondadosos que los empleados del sector privado, etcétera. Y ahí están las cifras tanto de Pemex como de la CFE: exceso de empleados, esquemas de jubilación de ensueño y un pasivo laboral impagable. Resultado: un capital neto negativo que, para efectos prácticos, es que están quebradas.

La otra fuente de apoyo son los proveedores privados de las empresas gubernamentales, quienes con diversos mecanismos poco transparentes y plagados de corrupción le venden bienes y servicios a un precio mayor al que podrían haber cobrado si el cliente hubiese sido una empresa privada. El resultado es obviamente mayor gasto de proveeduría para las empresas gubernamentales y mayores pérdidas. Está en el interés de estos proveedores mantener el sistema mientras se aseguren de que el pago por los bienes y servicios provistos será cubierto.

La solución, sin considerar su completa privatización (lo deseable), es hacer públicas estas dos empresas, colocando acciones en el mercado y rindiendo cuentas a los accionistas, que somos todos los mexicanos.

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