Cada vez es más importante que se tomen medidas drásticas para que las ciudades sean resilientes ante el calentamiento global y la escasez de servicios públicos, particularmente de agua potable. De lo contrario, quedarán abandonadas, porque quienes puedan, migrarán a lugares habitables. Ir dejando cascarones en las metrópolis, va en contra de la protección al ambiente y pone en riesgo la vida de los propios asentamientos humanos, particularmente de quienes no tienen posibilidad de migrar.

La movilidad dentro de las ciudades y la necesidad de infraestructura reforzada y distinta a la actual, que pueda hacer frente al cambio climático, el manejo de todo tipo de desechos, la recuperación de los espacios públicos, así como la preservación de bienes con valor cultural y natural, tendrán que ser políticas en las que los tres poderes públicos y órdenes de gobierno, participen en la misma línea.

Sin embargo, para afrontar los retos ambientales y de justicia social en las ciudades, también se requiere además del sector público, de la participación de los sectores, privado, social y académico, porque es necesario que en el diagnóstico de la situación actual que viven las ciudades, tengan voz y voto, todas las partes.

Por lo que hace a las sentencias que emita el Poder Judicial deberán ir armonizando el derecho a un ambiente sano con el derecho al urbanismo y a la ciudad de tal manera, que se conserve el núcleo esencial de cada uno de estos derechos en aparente colisión. No obstante, solamente con sentencias no se lograría mucho. Deben estar acompañadas de normas generales, políticas públicas, de infraestructura y presupuestarias para que las ciudades no se apaguen y tengan viabilidad a largo plazo.

La recuperación de los espacios públicos es parte fundamental del derecho a la ciudad, porque con ello, aumenta la calidad de vida de todas las personas que las habitan en forma igualitaria.

Además, -con la recuperación y rehabilitación de los espacios públicos-, se sientan las bases para que se ejerzan algunos derechos humanos como el de la protección al ambiente, a la cultura y a la práctica del deporte. Y, permite también, que se lleven a cabo actividades sociales y educativas por parte de los habitantes de las ciudades, lo que genera justicia social.

México es particularmente rico en su patrimonio cultural y natural. Son innumerables los lugares y ciudades completas con valor arqueológico, histórico y artístico. Sin embrago, aún falta mucho por hacer para que sean aprovechados equitativa y adecuadamente.  Hay que preservar y abrir los espacios de las zonas con valores históricos y culturales a toda la población con días de acceso gratuito para la población más marginada.

Finalmente, los lugares dentro de las ciudades con valor ambiental, como sería en el caso de la ciudad de México, del desierto de los Leones se ven afectados por los asentamientos humanos irregulares, que aún a pesar de los años, no han sido reubicados. Con ellos, cada vez perderá más su valor ambiental.

En realidad, a nivel de ley general, existe una muy buena ley de desarrollo urbano que, entre otras cuestiones, hace referencia adecuadamente a la preservación de los bienes con valor natural y, cultural, así como a la recuperación de los espacios públicos. Es la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Sin embargo, lo que hace falta es que la ley se ejecute, por eso la importancia de que caminen de la mano en forma coordinada, todos los poderes públicos, sociedad civil y sector académico.

Con la instrumentación de políticas públicas, legislativas, judiciales, de infraestructura, movilidad y presupuestarias adecuadas y objetivas, fiscalizadas a través de observatorios ciudadanos, es como las ciudades podrán tener futuro y ser resilientes ante los embates ambientales.