Hace más de 30 años, se empezó a discutir en el mundo la llamada crisis fiscal del estado de bienestar, al referirse a los problemas que presentaban entonces los gobiernos, por ejemplo, europeos, que habían establecido políticas de corte social y que enfrenaban restricciones para dar continuar a dichos programas por las restricciones que el déficit público les imponía.

Estos gobiernos (principalmente aquellos derivados de la socialdemocracia) establecieron mecanismos compensatorios para transferencias de riqueza de los grupos de mayor capacidad económica a los de menor ingreso, a partir de esquemas impositivos que establecían niveles de contribución elevados tanto para personas como para empresas y mecanismos de transferencia a través de áreas específicas, como por ejemplo, la educación y la salud hacia el resto de la población.

Ello era posible en un entorno en el que menores niveles de competencia global permitían al sector privado mantener márgenes adecuados pese a la carga fiscal elevada y, simultáneamente, una estructura demográfica que presentaba todavía concentraciones importantes en los segmentos demográficos de menos de 35 años, posibilitando así una carga fiscal concentrada en una población mayoritariamente joven, para respaldar, por ejemplo, las necesidades de las personas mayores de 65 años.

Con algunas adecuaciones, este tipo de modelo es el que intentaron llevar a cabo, con mayor y casi siempre con menor éxito, otras economías del resto del mundo, particularmente las entonces denominadas subdesarrolladas.

Estructuralmente, el problema era que no compartían las condiciones, ni de fortaleza del aparato productivo privado, ni de funcionamiento eficiente del aparato público, existiendo además una enorme diferencia entre los niveles de desigualdad que hacían indispensable una profundidad de los programas y un mayor gasto.

En América Latina, desde los años 70 esta visión se ha intentado implantar a partir de una combinación de incrementos del difícil público y de las exportaciones de materias primas, en muchos casos en poder del Estado.

Este modelo, en principio es el que hoy explica el llamado, tal vez de manera exagerada, milagro boliviano, que aprovechó el crecimiento de los principales productos de exportación hacia China, cuando ese país estaba en su fase de crecimiento acelerado. De manera similar ello ocurrió en México a finales de los 70 y principios de los 80 con las exportaciones petroleras.

El problema intrínseco es que los precios de las materias primas de exportación son cíclicos y, ante caídas drásticas (como ocurrió en México) o paulatinas (como ocurre en Bolivia) de los principales productos de exportación, los gobiernos tienen que recurrir al endeudamiento masivo como única posibilidad para sostener el financiamiento hacia los programas sociales.

El endeudamiento típicamente termina por provocar procesos inflacionarios y de desequilibrio económico que genera un descontento social de tal magnitud, que provoca generalmente la caída pacífica o violenta de dichos gobiernos (con excepción de México en que se daban cambios de modelo dentro del mismo régimen político).

Lo que sigue es un periodo de ajuste con gobiernos que tienen que recurrir a medidas de contracción y austeridad para compensar los desequilibrios económicos, generando afectaciones hacia los programas sociales instaurados en los periodos previos. Ello a su vez, después de pocos o muchos años, termina por volver a acentuar los procesos de desigualdad y a generar la oposición.

El problema se presenta además cuando, ante esta contracción de los programas sociales o retiro de subsidios, se vuelven a generar expectativas que buscan el retorno de dichos programas, como si éstos fueran aislados de la incertidumbre y crisis económica que generalmente provocan.

Este fenómeno lo vemos lo mismo en países europeos, como en Francia con las manifestaciones asociadas a los chalecos amarillos, que con el repunte electoral del gobierno populista argentino y, con otro tipo de manifestaciones, en países como México y además se vieron acentuadas por la evidente y escandalosa corrupción que hace que el foco social se centre en ese gravísimo problema, pero que por sí solo no explica ni resuelve los problemas económicos estructurales.

Este ciclo representa serios problemas para la gobernabilidad, porque, en la mayoría de los casos, la sociedad no tiene ni una memoria histórica de largo plazo y ni una visión de futuro que permita entender las consecuencias de políticas que han probado ser las principales destructoras del patrimonio de las familias, de la estabilidad económica y que a la larga terminan por acentuar la pobreza de la que se pretendía huir.

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Raúl Martínez Solares

CEO de Fibra Educa y Presidente del Consejo para el Fomento del Ahorro Educativo

Economía Conductual

El autor es politólogo, mercadólogo, financiero, especialista en economía conductual y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. CEO de Fibra Educa y Presidente del Consejo para el Fomento del Ahorro Educativo.

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