En toda negociación dos elementos parecen resultar centrales para que pueda llegarse a un acuerdo. Por un lado, que las partes tengan confianza en que, quien tienen enfrente, respetará las reglas que se establecen para llevar adelante el proceso y que honrará los compromisos a los que se lleguen. Por el otro, el hecho de que quienes toman parte sientan que lo que pueden perder, si en algún momento se deciden a abandonar la negociación, les generará importantes efectos negativos para sus intereses.

Estas cuestiones tienen que tomarse en cuenta al momento de analizar las negociaciones que, nuevamente, han comenzado a desarrollarse, esta vez en suelo mexicano, entre representantes del gobierno de Maduro y de la oposición venezolana. No es la primera vez que las partes deciden sentarse en una mesa común y cargan con haber fracasado en intentos anteriores. Los opositores han acusado al presidente de Venezuela de haber utilizado las negociaciones más como un fin que como un medio, y no les ha faltado razón. Un fin, en tanto Maduro apeló el llamado al diálogo en momentos de debilidad interna con la intención de aliviar la presión y comprar tiempo para recomponerse, apelando a exacerbar las posturas contrapuestas que desde hace años han existido entre la oposición. Y a fin de cuentas, esta estrategia le funcionó.

La oposición, en los procesos anteriores pareció partir de la convicción de que llegar un acuerdo en torno a su principal reclamo, la celebración de elecciones transparentes y equitativas, pavimentaría su arribo al poder y marcaría el ocaso definitivo del chavismo. En otras palabras, imperaba en su postura una lógica del “todo o nada” que hacía perder de vista cualquier acuerdo que no supusiera la rendición del adversario.

No resulta sorprendente que el gobierno de Noruega, que apoyó las negociaciones entre la presidencia colombiana y las FARC, haya asumido el rol protagónico como mediador, y que las discusiones se lleven adelante en México, que procura reconstruir su liderazgo regional. Los primeros signos parecen ser auspiciosos, pero en cierta medida no marcan una diferencia sustantiva con lo observado en intentos de negociación anteriores.

Lo que quizás sí muestra un escenario distinto es como llegan las partes y cuál es el objetivo que persiguen. En el caso de la oposición, la apuesta a que las presiones externas e internas llevaran a un resquebrajamiento del gobierno de Maduro y esto se tradujera, fundamentalmente, en la ruptura de la cadena de mando en las Fuerzas Armadas no ha dado sus frutos. Al mismo tiempo, la estrella ascendente de Guaidó se ha ido apagando. Por eso, llegar a un acuerdo que no necesariamente suponga una caída del régimen pero genere las condiciones para participar en elecciones regionales que le permitan recuperar cierta cuota de poder puede ser visto, así las cosas, como una tabla de salvación.

Por el otro lado, si bien Maduro ha recompuesto su poder interno, las sanciones económicas y el bloqueo al acceso a activos del país en el exterior se han convertido en problema estructural para el gobierno. En los tiempos de Trump en la presidencia una reversión de esta política resultaba imposible si no se aseguraba la salida del chavismo del poder. Sin embargo, la administración de Biden parecería estar más abierta a reconsiderar esta cuestión si esto permite acercar a las partes a un acuerdo. Por esto mismo es que los representantes de Maduro han llevado este tema a la mesa de negociaciones como su principal reclamo. Y a cambio éste podría estar abierto a tolerar cierta pluralización del ejercicio del poder en el país.

Considerando los reiterados fracasos del pasado sería prematuro adelantar un resultado exitoso para esta nueva ronda de negociaciones. Sin embargo, los elementos expuestos anteriormente podrían servir para alentar cierto optimismo.

*Doctor de Ciencia Política por la Universidad de Northwestern.

@juancolmeda