¿Plan Puebla-Panamá 2.0?

La vieja idea de construir un canal interoceánico de gran calado para conectar al Pacífico con el Atlántico cambia de ámbitos y personajes. Ya no será en el Istmo de Tehuantepec, sino en las márgenes del lago Cocibolca, en territorio nicaragüense.

Una ley especial, propuesta por el mandatario Daniel Ortega al Parlamento de Nicaragua acaba de ser aprobada por la mayoría sandinista (65 votos en favor, 25 en contra, una abstención) y aunque aún no está definido el trazo final de esta megaobra, ya se sabe que el proyecto correrá a cargo de la empresa HKND Group (China), que invertirá 40,000 millones de dólares y deberá entregarla en 10 años.

El viejo sueño de la integración centroamericana tiene como detonante el desarrollo económico. Y los megaproyectos abarcan buena parte de la agenda que desahogarán los ministros de Relaciones Exteriores de la región, quienes acudirán mañana viernes 21 a San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Los temas de coyuntura –seguridad fronteriza y migración– abarcan la agenda temática, pero los asuntos relacionados con la cooperación multilateral, las inversiones y las relaciones económicas entre los países socios del Sistema de la Integración de Centroamérica (Sica; Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; la República Dominicana participa como Estado asociado) se imponen. En el reposicionamiento de su liderazgo regional, el gobierno de Enrique Peña asume su calidad de observador regional en el Sica y coadyuva a la preparación de la próxima cumbre, que tendrá lugar el 26 de junio en San José, Costa Rica.

La política exterior, sin duda, pero también el desahogo de la agenda interna. Los gobernadores del sur-sureste han pedido al gobierno federal hacer efectiva la instrumentación de los proyectos en materia de infraestructura, conectividad y desarrollo social que alguna vez adoptaron la denominación genérica del Plan Puebla-Panamá.

Ahora es el Proyecto Mesoamérica y las megaobras que contempla –infraestructura carretera, interconexión eléctrica y de telecomunicaciones, energía y biocombustibles, facilitación comercial y competitividad– podrían acelerar el desarrollo económico de las entidades más atrasadas. La oficina nacional del proyecto en México se alinea a la estrategia de cooperación como brazo ejecutor de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), impulsando una política con impacto en el desarrollo e integración de la región.

El ritmo de trabajo del Canciller se ha intensificado en el último bimestre, en el que ha visitado una docena de países en cuatro continentes. Esta semana la inició en Reino Unido, donde acompañó al presidente Peña Nieto y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a la Cumbre del G-8.

La tarde de este jueves, Meade Kuribreña volará a Tuxtla Gutiérrez, para aterrizar justo a tiempo y recibir a sus homólogos, quienes se trasladarán en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, desde la capital salvadoreña.

Esta noche, el funcionario mexicano ofrecerá una cena de honor a las delegaciones participantes en la casa Mazariega de la ciudad coleta. Y el viernes conducirá las tres sesiones de trabajo, que se desarrollarán en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas.

EFECTOS SECUNDARIOS

VÍAS LÁCTEAS. A propósito de un apunte publicado hace dos semanas en este espacio sobre el conflicto entre los accionistas de GILSA, un lector de Aguascalientes recordó esta historia, que se reproduce casi textual después de haber sido verificada en sus partes esenciales: en marzo del 2012 , relatan los informantes, el gobierno de Carlos Lozano de la Torre adjudicó de manera directa un contrato por 27.1 millones de pesos a su amigo y entonces presidente del Consejo de Administración de GILSA, Miguel Ángel Álvarez Flores, cuando éste se desempeñaba paralelamente como enlace electoral del PRI con el empresariado de Aguascalientes. El gobierno compró a Pasteurizadora Aguascalientes, SA de CV (PASA, subsidiaria de GILSA) leche marca San Marcos, para entregárselo al DIF estatal. Esta operación vulnera la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, ya que el monto de la adjudicación supera con creces el tope permitido para adjudicaciones directas, que es 177,240 pesos (equivalente a 3,000 veces el salario mínimo general vigente en la entidad -que es de 59.08 pesos diarios-). El precio promedio al que Álvarez Flores vendió la leche al DIF estatal fue 13% más alto que a clientes como Walmart. El gobierno del estado nunca explicó ni se pronunció sobre el actuar del político del PRI. Miguel Ángel Álvarez Flores, contra quien están en curso demandas civiles y penales por su mala administración y para hacer efectiva su destitución, se mantiene de facto al frente de GILSA gracias a sus relaciones con las autoridades locales. Mientras tanto, GILSA, la empresa local más emblemática de la región, atraviesa la crisis financiera más difícil de su historia que amenaza su existencia .