Para la reforma en salud, ya falta un trecho corto

El andamiaje jurídico para un sistema universal de salud en México se viene construyendo desde 1983. En ese año se reformó la Constitución para proteger el derecho a la salud, se promulgó la Ley General de Salud que no existía y se empezó a hablar de un sistema de protección en salud.

Posteriormente, en 1997, se reforma la ley del IMSS, con lo que cambia la estructura financiera del seguro médico; en el 2003 se aprueba la reforma que da vida al Seguro Popular consistente con la nueva estructura del IMSS , y en el 2007 se reforma la ley del ISSSTE en la parte de atención médica que va en línea con las dos anteriores.

Si lo vemos, lo interesante es que fueron sexenios diferentes gobernados por partidos distintos haciendo reformas legales en la misma línea.

El punto para Julio Frenk, quien era secretario de Salud en el sexenio foxista cuando precisamente arrancó el Seguro Popular, es que con esas reformas que se fueron definiendo a lo largo de más de tres décadas, se armó la arquitectura estructural y financiera del sistema de salud mexicano actual que permitió ampliar la cobertura para incluir a los no asalariados. Lo que falta ahora es algo muy importante, pero ya es sólo el trecho final de las reformas que se vienen armando desde los 80s: garantizar la calidad.

El doctor Frenk Mora, un mexicano con amplio prestigio internacional, actual rector de la Universidad de Miami, participó como ponente en el seminario de Vector Pharma, organizado por la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam) que preside Dagoberto Cortés, y mostró tener claro los siguientes pasos para elevar la calidad que es el reto más grande del sistema de salud mexicano.

Se refirió a instrumentos gerenciales muy específicos que permitan la portabilidad real de beneficios y la utilización cruzada de servicios médicos entre instituciones: una tarjeta universal de salud para todo mexicano y un catálogo universal de prestaciones con un tabulador único asociado. La idea suena totalmente lógica: se trataría de que todo ciudadano pueda acudir con su tarjeta a pedir servicios de atención médica a la institución que le convenga, y eso se podría hacer en el marco de convenios entre instituciones. Lo que se ve difícil es precisamente ese acuerdo entre instituciones.

Como exsecretario, experto en salud pública, académico e investigador, Frenk Mora considera que estas tareas están al alcance del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto porque ya están armados los cimientos legales.

Claro que sí deben hacerse ciertos ajustes legales, pero la percepción generalizada es que el secretario de Salud, José Narro, tiene talento para lograr esos acuerdos, y un gran segmento del sector salud en el país no pierde la esperanza de que antes de que termine el sexenio logre concretarse la última fase de la reforma en salud. Claro que implica voluntad política para generar consenso entre los partidos, y es donde surge la interrogante.

Otro punto importante del que también se habló en Vector Pharma es reorganizar con base en funciones a todo el sistema de salud que está fragmentado, y así dejar bien delimitado qué instancia es la reguladora, cuál la financiadora y cuál la prestadora de servicios.

A nivel federal ya casi logramos la separación de funciones. Es en los estados donde falta mucho para lograrlo porque en muchos de ellos es la misma secretaría estatal de salud la que funge como reguladora, la que da el financiamiento y al mismo tiempo es la prestadora del servicio. Hay un claro conflicto de interés porque a la secretaría de salud local no le interesa enviar a los pacientes a otro prestador, pues prefiere seguir dándolos ella misma para seguir recibiendo más recursos.