La abrupta salida de Nueva Alianza de la coalición Compromiso por México tiene capítulos obscenos. Uno de los más significativos está ligado a la definición de los candidatos al Congreso de la Unión en Puebla y fue casi tan determinante como los casos de Chiapas, Sinaloa o Distrito Federal, aunque con mayores agravantes.

En la tierra de Mario Marín, la cúpula priísta había cedido la primera fórmula para el Senado de la República y cuatro de los 16 distritos a candidatos de Nueva Alianza. Nada más desventajoso en un territorio donde Rafael Moreno Valle gobierna para la causa panista y Andrés Manuel López Obrador cuenta con una sólida base electoral en la capital. El PAN ganaría una de las fórmulas para el Senado y otra sería para el neoaliancista Guillermo Aréchiga -exlíder del Congreso poblano y exdirigente de la sección local del SNTE-, quien llegaría a la Cámara Alta gracias al efecto Peña Nieto.

En ese escenario, la única alternativa para el PRI era postular a un candidato ciudadano: al rector de la BUAP, Enrique Agüera. La dirigencia nacional priísta encargó al delegado del CEN, Ranulfo Márquez, y al presidente estatal, Juan Carlos Lastiri Quirós, apaciguar a los aspirantes internos, que al menos eran una decena, entre quienes destacaban los exalcaldes de la capital, Blanca Alcalá y Enrique Doger; el excandidato a la gubernatura, Javier López Zavala, y los diputados federales Fernando Morales -hijo del exgobernador Melquiades Morales- y Jorge Juraidini Rumilla.

El amago de una impugnación en el tribunal electoral quedó frustrado. Y ahora que el PRI rompió con Nueva Alianza, la cúpula tricolor ha puesto la mira en los políticos de antaño, pero condicionada a la postulación de candidatos de unidad.

El remedio saldrá peor que la enfermedad. En Puebla -siguiendo con el ejemplo-, López Zavala se ha declarado en rebeldía, pues el CEN priísta y el precandidato Enrique Peña Nieto quieren que encabece la segunda fórmula (la primera estaría encabezada por la exalcaldesa Alcalá), lo que en otras palabras sería su inmolación, políticamente hablando.

Por este caso o el de Baja California -donde declinó María Elvia Amaya, esposa de Jorge Hank Rhon a solicitar su registro- podría pensarse que el CEN priísta quiere cerrar el paso a los candidatos incómodos, como Roberto Figueroa Smunty, heredero del clan político fundado por su abuelo y afincado en Iguala, quien tuvo que flanquear a la diputada federal Claudia Ruiz Massieu, hija del desaparecido gobernador José Francisco Ruiz Massieu y sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

En Morelos -donde el Revolucionario Institucional también es segunda fuerza-, que el exdiputado federal Francisco Moreno Merino vaya en la primera fórmula provocó que el alcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, haya emplazado a la dirigencia partidista a corregir, so pena de abandonar el partido.

En Tamaulipas, por el contrario, de última hora se decidió que Marco Antonio Bernal, exdirigente nacional de la CNOP y actual presidente de la Fundación Colosio, cediera el primer lugar de las fórmulas al exgobernador Manuel Cavazos Lerma, quien ocupó la Secretaría de Acción Electoral.

En Tabasco, el PRI tendrá que modificar el convenio de coalición para ceder que el experredista Humberto Mayans vaya en la primera fórmula al Senado, arropado por el Partido Verde, al que la escisión de Nueva Alianza le dará más diputados y senadores.

Algunos aspirantes al Senado pueden contar con la seguridad de que sus nominaciones están palomeadas por Peña Nieto. Entre ellos pueden contarse Miguel Romo, exsecretario de gobierno de Aguascalientes; Ricardo Barroso, excandidato a la gubernatura de Baja California Sur; Raúl Pozos, exsecretario de Desarrollo Social de Campeche; Roberto Albores Gleason, exdirigente del PRI en Chiapas; Lidia Merodio, exdiputada federal en Chihuahua; Hilda Estela Flores, exdirigente de las mujeres priístas en Coahuila; José Ignacio Peralta, exalcalde de Colima; Leticia Herrera, exlideresa del Congreso de Durango; Bárbara Botello, expresidenta del PRI en Guanajuato; Claudia Ruiz Massieu, exdiputada federal por Guerrero; David Penchyna, exdiputado federal por Hidalgo; Arturo Zamora, exdiputado federal por Jalisco; Ana Lilia Herrera, exalcaldesa de Metepec; José Ascención Orihuela, secretario ejecutivo de la CNOP; Marcela Guerra, exdiputada federal por Nuevo León; Sofía Castro, exdiputada federal por Oaxaca; Enrique Burgos, exgobernador de Querétaro; Victoria Labastida, exalcaldesa de la San Luis Potosí; Claudia Pavlovich, exdirigente del PRI en Sonora; Anabel Ávalos, exdirigente del PRI en Tlaxcala; Héctor Yunes, exdirigente estatal del partido en Veracruz; Angélica Araujo, exalcaldesa de Mérida, y Alejandro Tello, exsecretario de Finanzas de Zacatecas.

El registro de los aspirantes priístas a las candidaturas al Congreso de la Unión comenzó hace tres días y la Comisión de Procesos Internos tenía hasta el próximo viernes 27 para dictaminar sobre su validez. El cúmulo de inconformidades obliga a abrir una prórroga que permita suscribir acuerdos políticos, porque hasta ahora los estudios cualitativos, cuantitativos y distintos análisis político-electorales puestos sobre la mesa han servido de poca cosa.

El primer paso en esa dirección se dio ayer con la modificación del plazo de registros para precandidatos a diputados federales, que se abriría en 48 horas. Antes de entrar a ese berenjenal, los líderes priístas tendrán que apaciguar a los inconformes.