Esta Legislatura inició con 140 mujeres legisladoras y hoy sólo quedan 129 diputadas, reduciendo el porcentaje de 28 a 25.8. En el Senado, el escenario es todavía más sombrío: 23.4% de los senadores son mujeres. Peor aún, de las 32 entidades federativas, sólo una es gobernada por una mujer; en tanto que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente hay dos ministras.

Como ya habíamos comentado en este espacio anteriormente, la cuota de género parlamentaria está muy por debajo de otros países de la región como Cuba (43%), Argentina (40%) y Costa Rica (36%). Inclusive, está lejos de naciones como Tanzania, Mozambique y Ruanda, que han logrado avances significativos en cuotas de género. Esta falta de equidad está presente también en otros espacios.

En el reporte Justicia de Género: Clave para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Mileno publicado por UNIFEM (parte de ONU Mujeres) se reconoce la importancia de la representación de las mujeres en la política. De acuerdo con este reporte, 29 países han alcanzado o sobrepasado 30 por ciento. Los adelantos sustanciales en algunos de los países más pobres en el aumento de la cantidad de mujeres en los parlamentos muestran que un progreso tiene más relación con la voluntad política que con el nivel de desarrollo. De esos 29 países, por lo menos 24 han usado cuotas.

Algunos de los argumentos que se han esgrimido en contra del establecimiento de cuotas de género han sido: 1) violan el principio de igualdad, 2) no son neutrales y usan un criterio prohibido para diferenciar entre las personas, como lo es el sexo, 3) son paternalistas, y 4) no respetan los crierios de mérito. Todos son válidos. Sin embargo, en sociedades donde la mujer ha sido excluida sistemáticamente de los espacios de ejercicio de poder, como es el caso de nuestro país, ésta puede ser una medida efectiva para detonar la participación de las mujeres en los ámbitos educativo, laboral, económico y político.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para evitar que diputadas mujeres (recordemos a las famosas juanitas) cedan sus curules a hombres defraudando el espíritu de la ley. ¿Cómo lo hizo? Impuso a los partidos la obligación de integrar cada una de las fórmulas de aspirantes a diputados y senadores con candidatos propietarios y suplentes de un mismo género. De ser aprobadas las reformas en el Senado, el IFE no podría registrar fórmulas integradas por dos aspirantes de distinto género.

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