El diputado Sergio Mayer (Morena) quiere que los fabricantes, importadores y distribuidores de teléfonos inteligentes, computadoras y otros equipos que permiten la reproducción de contenidos paguen a los titulares de derechos de autor y patrimoniales por cualquier copia privada de canciones, películas o libros que guardes en tus dispositivos.

No sólo es probable que como usuario termines pagando esa “compensación” sólo a esos titulares, sino que la iniciativa atenta contra el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y otros derechos fundamentales como educación, salud, trabajo o acceso a la cultura que se ejercen gracias al uso de esas tecnologías.

La propuesta de reforma al artículo 40 y otros de la Ley Federal de Derechos de Autor incorpora una concepción pre digital que busca beneficiarse (le llama “remuneración compensatoria”) del cada vez mayor uso de tecnologías como smartphones, pero a partir de falacias, adoptando el modelo estadounidense de copia privada y sin considerar que millones de mexicanos aún no tienen acceso a las TIC.

La iniciativa la presentó el 15 de abril, cuando apenas iniciaba la pandemia por Covid-19. Ahora busca discutirla en la Cámara de Diputados, en lugar de retirarla, porque la emergencia sanitaria obligó a que los hogares compraran equipos tecnológicos como laptops para ejercer el derecho a la educación de infantes y jóvenes, a la salud digital de millones de personas para prevenir contagios, al teletrabajo para que una economía golpeada por la pandemia siguiera avanzando y, curiosamente, para que artistas, creadores y sus gremios recuperaran algo de lo mucho que han perdido por la imposibilidad de los públicos de acudir presencialmente a cines, teatros, museos y conciertos. 

Muchas de esas actividades en línea seguirán ocurriendo después de la pandemia porque la digitalización de todo, el flujo de información y la reproducción de contenidos en la red son irreversibles. Porque ya se demostró que el acceso a las TIC sí es un derecho fundamental, aunque la reacción de los titulares de derechos de autor sea detener esa tendencia, prohibir, negar, obstaculizar o, como pretenden, cobrar por la adquisición de tecnología.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih 2019) revela que 24.9% de la población de seis años o más no tiene teléfono celular, 57% no posee computadora y 30% carece de acceso a Internet. De aprobarse la iniciativa, los equipos podrían ser más caros para la población con limitado poder adquisitivo y vulnerable, además de que esos ingresos no van a llegar a todos los creadores de obras artísticas sino sólo a los poderosos dueños de derechos de autor.

La exposición de motivos de la iniciativa explica la actividad de reproducción a partir de premisas falsas que los datos y propia evolución de la tecnología desmienten.

Dice que “El verdadero conflicto se suscitó a partir del surgimiento de la tecnología digital, época en la que inició realmente un perjuicio económico masivo y profundo para todos los creadores y titulares de derechos, pues los fabricantes, importadores y distribuidores llenaron los hogares con nuevos aparatos idóneos para reproducir obras artísticas protegidas por los derechos de autor, aprovechando la necesidad del comprador de poder reproducir, copiar y transmitir de manera fácil, rápida y sin costo un incontable número de obras y derechos conexos, con calidad idéntica a la de un original sin necesidad de adquirir este último.”

No es cierto. La Endutih demuestra que los fabricantes, importadores y distribuidores no sólo no han llenado los hogares con sus equipos (ya quisieran), sino que los más desfavorecidos no tienen acceso a las tecnologías.

Descargar, copiar, almacenar y compartir copias de contenidos tampoco es la principal actividad de los usuarios. El estudio “Uso de las TIC y actividades por Internet en México: impacto de las características sociodemográficas de la población” (IFT) revela que los usuarios de las TIC hacemos infinidad de actividades con los dispositivos como uso de redes sociales, compras y pagos por Internet, interacción con el gobierno y operaciones bancarias. Sólo 22% de los usuarios consume contenidos audiovisuales, pero el documento no detalla si esos contenidos son copias privadas o se consumen en la red.

La iniciativa busca regular y cobrar la “copia privada”: cualquier copia con fines no comerciales realizada por una persona para su propio uso. Según Mayer, esa copia privada “se traduce en la reproducción de obras artísticas o literarias, ediciones, fonogramas, videogramas y emisiones de origen lícito, protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor”.

Mayer, conocido por producir su famoso espectáculo Sólo para mujeres, quiere que sólo las sociedades de gestión colectiva recauden la “remuneración compensatoria” y se beneficien del uso de las TIC, pero no existe garantía de que esos beneficios recaudatorios lleguen a todos los creadores.

La visión de Mayer y los promotores de la iniciativa es negacionista de la evolución tecnológica y cómo los usuarios se adaptan para consumir contenidos. Actualmente, los servicios son más importantes que los productos, aún digitales. El acceso a canciones, películas u obras creativas es más relevante que la propiedad de copias. Los bienes (empezando por las obras protegidas por derechos de autor, el transporte, la vivienda, la ropa e incluso la comida) se están convirtiendo cada vez más en un servicio.

Conforme crezca la penetración a Internet entre la población que aún no se conecta de forma permanente, esa tendencia a consumir los contenidos de las industrias culturales se profundizará aún más vía el acceso a servicios y no a productos.

Los titulares de derechos de autor no son pequeños creadores individuales que buscan una justa compensación por su trabajo autoral para vivir con dignidad. Son poderosos sindicatos como Hollywood, las disqueras (si todavía se les puede llamar así), las televisoras, las editoriales e incluso las universidades, que rara vez pagan a sus autores regalías por obras publicadas. Los contenidos propensos a copiarse (programas, música, películas, juegos, libros) se encuentran entre las exportaciones más valiosas de Estados Unidos, y emanan de los sectores en los cuales ese país tiene una ventaja competitiva global. En América sólo Canadá, Estados Unidos, Paraguay y Perú tienen mecanismos de recolección y distribución de compensación por copia privada.

Mayer quiere copiar los modelos de negocio tradicionales de los titulares de derecho de autor y reproducirlos en el futuro. “Cuando las copias son gratis, necesitamos vender cosas que no puedan copiarse. La confianza, por ejemplo. No podemos descargar confianza y almacenarla en una base de datos”, explica con lucidez Kevin Kelly en su libro “Lo inevitable. Entender las 12 fuerzas tecnológicas que configurarán nuestro futuro”. Otras cosas que no pueden copiarse son la inmediatez, la personalización, la interpretación, la autenticidad o la accesibilidad… valores de los nuevos modelos de negocio.

*El autor es Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Twitter: @beltmondi

Jorge Bravo

Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)

En comunicación

Analista de medios y telecomunicaciones y académico de la UNAM. Estudia los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones, la comunicación política y el periodismo. Es autor del libro El presidencialismo mediático. Medios y poder durante el gobierno de Vicente Fox.

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