¿Más recursos para qué?

Como apunté en mi artículo de la semana pasada, la propuesta de reforma tributaria que el Ejecutivo envió al Congreso es puramente extractiva, es decir, para sacar mayores recursos a contribuyentes cautivos, punto. No importan las distorsiones que genere. Y, como cualquier reforma tributaria extractiva, ésta tiene un impacto negativo sobre la generación de valor y sobre el crecimiento económico, no importa como la venda el gobierno. Y ahora, la pregunta relevante es: ¿para qué quiere el gobierno más recursos? Para redistribuir la riqueza, en palabras del Secretario de Hacienda. Llama la atención que en lugar de crear las condiciones tributarias para generar riqueza, hagan exactamente lo contrario.

Además, el gobierno no puede redistribuir la riqueza, a menos que le expropie a alguien sus recursos y se los otorgue a otro; en todo caso, lo que redistribuiría sería una parte del ingreso y ni eso queda claro dentro del planteamiento de la reforma tributaria. El gobierno plantea una reforma hacendaria redistributiva, en la cual se introduciría un esquema de pensiones y uno de seguro de desempleo. Veamos.

Pensiones. Se plantea un sistema en donde aquellos individuos mayores de 65 años, que no estén afiliados a algún sistema institucional de pensiones, sea ISSSTE o IMSS a través del esquema de afores, recibirían una pensión mínima; un esquema similar al que se estableció en el Distrito Federal, por lo que el término pensión universal no aplica. Bien, ya que la mayor parte de la población, por trabajar en la informalidad, no tiene acceso a algún fondo de retiro y dependería al momento de salir del mercado laboral de sus familiares. Sin embargo, ahí no para la historia, ya que el establecimiento de esta prestación social junto con el acceso a servicios de salud a través del seguro popular refuerza el incentivo para permanecer en la informalidad y ahorrarse de esa manera cualquier gravamen como sería el ISR o las aportaciones al IMSS, tanto suyas como de las empresas que los emplean. Mal.

Seguro de desempleo. Se plantea que aquellos trabajadores en el sector formal que pierdan su empleo recibirían transitoriamente una transferencia a través del sistema de afores. Supongamos que fuese correcto, sin embargo, esto no fue acompañado de una reforma a la legislación laboral que redujera para las empresas el monto que tienen que pagar por despido. Y aquí es claro que crear empleos formales en México es muy caro porque los costos de despido son excesivamente elevados. Mal. Pero además, una parte del fondeo de este seguro de desempleo provendría de redireccionar las aportaciones patronales al Infonavit, por lo que no provendría de la recaudación general.

Y entonces, ¿para qué quiere el gobierno alrededor de 240,000 millones de pesos adicionales de ingresos tributarios, a los que hay que agregar casi 360,000 millones de déficit público? El gasto en estos dos programas es inferior a esta cifra, además de que los beneficiarios no recibirían íntegramente la recaudación adicional, ya que una parte significativa de la misma sería para pagar los costos burocráticos de su administración.

¿Más transferencias? Dado lo mal que el gobierno gasta y el deficiente diseño de diversos programas gubernamentales, el índice de Gini, que mide la desigualdad es, después de transferencias prácticamente igual que antes de transferencias, lo que lleva a la conclusión que muchas de las transferencias son regresivas, como es el caso del subsidio a la gasolina.

Si el gobierno quiere más recursos, debería empezar por administrar bien los que ya tiene.

ikatz@eleconomista.com.mx