Es un lugar común decir que los datos son el principal insumo de nuestra época. Algunos, incluso, los han llamado “el oro negro de nuestros tiempos” y es que para darnos una idea de esta afirmación es importante tener en cuente que cada minuto en el mundo se utilizan 4.416 millones de gigabites (GB) de datos, se envían 188 millones de correos electrónicos y se descargan 390,000 aplicaciones. El buen manejo de los datos en materia de toma de decisiones ha evidenciado una acertada resolución de problemas de cualquier índole en el ámbito público. La debida protección de los mismos ha impedido el abuso y ha permitido dar certidumbre en el manejo del intercambio de información en el que a diario participan todas las personas.

En ese contexto llama poderosamente la atención la despreocupación de incentivar un mayor y más acelerado proceso de digitalización de nuestro país. La entrada en vigor del T-MEC debería obligar al Gobierno Mexicano a incentivar e impulsar una agenda que permita a pequeñas y medianas empresas insertarse en las nuevas reglas de comercio electrónico establecidas en el tratado. Baste recordar que el crecimiento del comercio electrónico en este año puede ser entre 24 y 36 por ciento.

En materia educativa, la pandemia ha evidenciado la precariedad y la carencia de una política que pueda desarrollar nuevas habilidades y competencias en el alumnado para poder insertarse en un mundo digital ya que ni siquiera se tuvieron las condiciones para generar un programa de educación a distancia utilizando las herramientas digitales pues en materia de cobertura de internet en los hogares mexicanos según datos del Inegi, sólo estamos en un escaso 56.4 % del total de población en México. ¿Cómo poder llegar a todos los niños con esas cifras?

Esta despreocupación se refuerza con hechos que evidencian hacia donde caminará la política digital de nuestro país. La filtración reciente de las declaraciones patrimoniales de 830,000 funcionarios del gobierno federal o los ataques constantes al órgano garante de la protección de datos personales son ejemplos muy claros de la ausencia de entendimiento del valor de este insumo.

El advenimiento acelerado de la nueva tecnología vinculada a inteligencia artificial de analítica predictiva o prescriptiva, la presencia cada vez mayor de la conectividad de las cosas sin intervención humana o la segmentación en procesos cotidianos de mercadeo deberían alertar al gobierno para generar una mayor, más efectiva y más robusta política digital que incluyera el reforzamiento de las instituciones que protegen a los titulares de los datos.

De seguir en el mismo camino la brecha digital será tan profunda para millones de mexicanos que será muy complicado poder insertarse en un mundo con demandas y exigencias digitales. Sólo es necesario observar como el mercado laboral va requiriendo mejores y mayores competencias digitales para la consecución de mejores oportunidades de vida. No hay mejor apuesta para disminuir la pobreza que potenciar sistemas de inclusión digital en todos sus ámbitos.

El Gobierno mexicano deberá entender que un instrumento muy valioso para romper la desigualdad es justamente el aceleramiento de ella donde no sólo hay comercio o bancarización, sino donde hay conocimiento e intercambio de ideas que, sin lugar a duda, potencian un mejor y mayor conocimiento de nuestro entorno y de nuestro mundo. De lo contrario, millones de mexicanos quedarán rezagados de los procesos culturales, económicos y sociales que impactarán al mundo en los siguientes años quedando a merced de los que consideran que una computadora no es necesaria para el desarrollo de un país.

*El autor es Licenciado y Doctor en derecho por la Universidad Panamericana (UP), Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Es especialista en libertades informativas. Desde hace 15 años ha sido catedrático de Derecho a la Información de la UP. Actualmente es director de la licenciatura en Gobierno de la UP. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México. Preside la Asociación Cooperación Iberoamericana de transparencia y acceso a la información.

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