Los dos Méxicos, cambio de política social

Es evidente que hay al menos dos Méxicos: uno pobre y atrasado, y otro relativamente próspero y con la vista alineada a la modernidad. La división tiene una clara dimensión geográfica (y diríamos, también, cultural, demográfica, institucional, fisiográfica y ecológica). Los datos recientemente publicados por el Coneval sobre la distribución por entidad federativa de la pobreza extrema son elocuentes. En muchos estados del centro y norte del país disminuye, en otros permanece y aún se ensancha. Destacan territorios donde la pobreza extrema es virtualmente irreductible: Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y algunas regiones de Veracruz, Hidalgo y Puebla. Las preguntas son obligadas, al igual que obligado es reconocer relaciones de causalidad del fenómeno con otras condiciones y procesos. ¿Por qué las diferencias abismales si México es una sola unidad jurisdiccional y un Estado-Nación consolidado con políticas e instituciones comunes a todos? ¿Por qué ahí? ¿Por qué no en otros estados? Sin responderlas frontalmente y con honestidad intelectual la política social equivale a costosos y decepcionantes golpes de pecho.

The Economist dedica su portada y artículo central de la semana anterior a los dos Méxicos, y explora algunos porqués de la brecha que los separa, lo que ayuda a esclarecer escenarios más allá de lo planteado en esta columna en entregas anteriores. The Economist sugiere varias causas de la pobreza y atraso secular del sur profundo. Apunta a la informalidad generalizada en las actividades económicas y su baja productividad, apego existencial a economías campesinas, resistencias culturales, pésima educación, ausencia de conductas emprendedoras, falta de infraestructura, ausencia de Estado de Derecho, corrupción y violencia. Añadiríamos a la lista una escasa urbanización sin la cual es imposible elevar la productividad y el bienestar social; y la persistencia de una gran proporción de población en el campo, dispersa en miles de asentamientos minúsculos e inconexos y en condiciones ecológicas muy frágiles (suelos pobres, altas pendientes, escasez de agua). También al propio deterioro ambiental asociado a la deforestación y a la erosión, consecuencia y causa de pobreza campesina, particularmente trágicas en estados que acogen a la mayor biodiversidad del territorio nacional.

En México con matices diversos, la política de combate a la pobreza ha sido asistencialista. Se trata, en esencia, de otorgar subsidios de diversa índole a los más pobres, aunque se han intentado esquemas productivos y distintos condicionamientos. El fracaso es palmario, las cifras hablan por sí solas. Peor, en el campo hay evidencia de que los subsidios han inducido deforestación y mayores tasas de fecundidad, además de inhibir la emigración a las ciudades. Esto implica condenar a los pobres, bloquear el desarrollo económico y frustrar la transición forestal (que ya se observa en muchos países e incluso en varias regiones de nuestro país). Y no sólo eso, la política social se ha planteado explícitamente el arraigo de población rural como objetivo, algo perverso e irracional desde una óptica pública. Ahí no hay esperanza, la pobreza continuará transmitiéndose generación tras generación. Siguen gravitando ideologías indigenistas míticas y las arcadias campesinas del agrarismo revolucionario.

Es preciso un concepto integrado y realista de política social, ajeno a mitos de corrección política. Es necesario hablar con la verdad, y es vital asumir una estrategia integrada y transversal a partir de identificar y reconocer en todas sus dimensiones la red de causalidades mutuas entre la reducción de la pobreza extrema y otras variables, instrumentos o procesos, como la urbanización y una adecuada política de acogida en las ciudades; reorientación de subsidios como palanca migratoria y de conservación de la biodiversidad; cambios culturales y en las instituciones locales; educación de calidad, becas y capacitación; infraestructura, y concreción de Zonas Especiales de Desarrollo en Oaxaca, Guerrero y Chiapas.