Desde mediados de la década de los 80 del siglo pasado, la economía mexicana ha experimentado una serie de cambios estructurales. Primero, en 1985, la adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por su sigla en inglés) con lo que se inició el proceso de apertura comercial, mismo que se profundizó con la reducción de aranceles en 1988 y que continuó con la firma de diversos acuerdos comerciales, destacando por su importancia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mismo que entró en vigor en 1994.

También, en la década de los 80, dio inicio el proceso de liquidación y desincorporación de empresas paraestatales, mismo que se profundizó durante el gobierno del presidente Salinas. Habrá que recordar que al final del gobierno del presidente López, el gobierno tenía 1,155 empresas y organismos, que iban desde Pemex hasta bancos, siderúrgicas, fábrica de bicicletas, aerolíneas, hoteles, restaurantes y más, actividades en las cuales el gobierno no tiene por qué participar.

Otro cambio estructural se dio en 1993, con la reforma del Artículo 28 constitucional, de plena autonomía al Banco de México para el manejo de la política monetaria. Los resultados están a la vista: México tiene hoy la inflación más baja desde que se calcula el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Por fin podemos decir que contamos con un marco macroeconómico de estabilidad.

Uno más es el haber dotado, en 1994, de plena independencia a la Corte de Justicia de la Nación y en consecuencia, al Poder Judicial de la Federación, que actúa como un efectivo contrapeso de los otros poderes de la Unión.

El siguiente que es importante destacar fue la reforma que se hizo en 1997 del sistema de pensiones, al haber pasado de uno de beneficios definidos a otro de contribuciones definidas en cuentas de retiro administradas por las afores, definiendo con ello los derechos privados de propiedad para cada trabajador sobre los recursos para su pensión.

Tuvieron que pasar 15 años para la siguiente ola de reformas: los cambios a la Ley Federal del Trabajo, la reforma financiera, la apertura del sector energético a la participación privada, la reforma laboral del sector educativo (falta la reforma educativa), la de telecomunicaciones, la autonomía de la Comisión Federal de Competencia, etcétera.

Han pasado 30 años desde que se inició el proceso de cambio estructural de la economía y los resultados no son muy halagadores, con la economía creciendo durante estas tres décadas a una tasa promedio anual de 2%, aunque regiones del país y sectores particulares de actividad económica sí han experimentado mayores tasas de crecimiento, como son los que están fuertemente ligados al comercio internacional.

Todos los cambios van en la dirección correcta para hacer a la economía más eficiente y potenciar mayores tasas de crecimiento. Y entonces, brincan la preguntas: ¿por qué persisten las tan bajas tasas de crecimiento?, ¿qué falta? Sin ser exhaustivo van cinco:

  • Una democracia disfuncional. El sistema político mexicano es un desastre.
  • Un sector agrícola atrasado y caracterizado, en gran parte, por una muy baja productividad y que es, en consecuencia, un lastre al crecimiento y una causa de la alta incidencia de pobreza.
  • Un gasto público ineficiente e ineficaz. Se gasta en programas regresivos y con rentabilidad social negativa.
  • Una muy ineficiente y deficiente garantía judicial del cumplimiento de contratos. Los derechos privados de propiedad no están eficientemente protegidos y garantizados.
  • La maldita corrupción, un juego de suma negativa, un impuesto al crecimiento económico.

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