Si se tiene dolor de cabeza, pierna o brazo, no se cortan para eliminar el malestar de raíz. Los doctores estudian el padecimiento y después determinan si se requiere de una pastilla, tratamiento o amputación.

Bien, este análisis es el que deberán hacer las autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, antes de poner en operación la ley fiscal penal, porque hoy por hoy prácticamente sería el ejemplo del doctor, pero sin el análisis.

Situación que provocaría una economía informal creciente, fuga de capitales y freno total de las inversiones que esperan mayor certeza jurídica y viabilidad de frente a un T-MEC en puerta, pues ni siquiera el Código Penal actual es tan letal.

Hay siete puntos que deben considerarse para evitar que la nueva ley fiscal penal trate a todos los contribuyentes como si fueran una gangrena.

La reforma fiscal penal que se plantea, no solamente pretende dotar de nuevos elementos a las autoridades para la investigación de los delitos fiscales, sino que también pretende sancionar a las personas investigadas desde el inicio del proceso penal, al incorporar los delitos fiscales al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a la Ley de Seguridad Nacional (LSN), con lo que se decretaría prisión preventiva oficiosa a los imputados al vincularlos a proceso.

De ahí que deben hacerse algunas precisiones a la reforma en los siguientes términos:

1.- No puede ser considerada una amenaza a la seguridad nacional una omisión de contribuciones, totales o parciales, cuyos montos no ponen en riesgo la estabilidad económica del Estado. La cantidad defraudada, en su caso, debería elevarse por lo menos cinco o siete veces el monto previsto.

2.- Es evidente que los delitos de contrabando, defraudación fiscal y simulación operaciones fiscales (113 bis CFF) no son delitos que puedan llegar a representar una amenaza a la seguridad nacional, razón por la cual no deben integrarse estos delitos a la LSN, puesto que se refieren únicamente a la elusión del pago de los impuestos.

3.- En la reforma al artículo 187 del CNPP se pretende que no procedan los acuerdos reparatorios en los delitos de contrabando, defraudación fiscal y su equiparable.

El Estado mexicano no puede, ni debe, convertirse en un persecutor de los delitos fiscales con el único ánimo de castigar dichas conductas.

Si el contribuyente omiso paga las contribuciones debidas al Estado con sus correspondientes intereses, debe otorgársele el beneficio de un acuerdo reparatorio, el cual incluso le evitaría al Estado los gastos relativos a un proceso penal y el mantenimiento de una persona privada de su libertad, con el correspondiente riesgo de una sentencia absolutoria al final del proceso.

4.- Con la ley fiscal penal como está se puede dar un privilegio legal a quien no lo amerita. Se les estaría otorgando criterio de oportunidad a las personas que compran de manera dolosa las facturas, lo que implica que pueden continuar cometiendo el delito previsto en el artículo 113 bis del CFF hasta que sean sorprendidos por la autoridad investigadora, y una vez hecho esto pueden acogerse a un criterio de oportunidad en el que además de todo ni siquiera serían ellos quienes estarían obligados a reparar el daño, sino que lo haría el llamado beneficiario final, es decir, quien vende las facturas, esto con independencia de que los dos son coparticipes del delito.

EN LOS PASILLOS. Se habla de nueve personas como posibles candidatos a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, nos dicen que ya se perfila a Eva Verónica de Gyves Zárate, quien previamente fue propuesta para la FGR y ha sido magistrada muchos años. El gran talón de Aquiles, podría ser que es esposa del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.