Lawfare, el discurso populista de la guerra judicial

La noción de lawfare fue concebida originalmente como la estrategia de usar o abusar de la ley, como sustituto de los medios militares tradicionales para lograr un objetivo operacional. Diversos factores permitieron la evolución del término, y ahora, lo entendemos como el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político, que combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno -incluidos familiares cercanos-, de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo es logar que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción. En este sentido, la ley se vuelve un instrumento del que pueden abusar los operadores políticos de cualquier ideología, pero con el poder vasto y suficiente para hacerlo. 

El proceso de descomposición de la figura del Estado democrático y de lo público -identificable desde principios de los ochenta en América Latina-, que incluyó la reforma jurídica como parte de la batalla contra la “ineficiencia del Estado”, a la postre ha dado pauta al desplazamiento de la lógica de lo público hacia lo popular- peor aún, lo “populachero”-, asociada a un discurso que condena el derroche y la mala gestión de “los políticos”. Así, la persecución judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobiernos donde el Estado había recuperado medianamente su protagonismo en materia económico-social, había fortalecido al Estado democrático y revalorizado la vida institucional. 

Para construir lawfare se requiere que confluyan tres dinámicas y un actor clave: (i) timing político: que implica que el caso judicial -utilizado como un arma- se hace público en momentos de alto costo político para la persona o grupos que son desprestigiados; (ii) reorganización del aparato judicial: las élites con el control del aparato del Estado colocan en espacios clave a “técnicos” -abogados, jueces, fiscales- vinculados al poder de turno, para atacar al adversario político y [o] prevenir situaciones hostiles que puedan provenir de éste; (iii) el doble rasero de la ley: si bien pueden salir a la luz varios casos de corrupción, se “elige” seguir de cerca a unos, invisibilizando o desestimando otros; y, (iv) medios de comunicación masivos y concentrados: operan como “periodismo de guerra” de modo transversal a estas dinámicas, manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar otros, a la vez que “manufacturan consentimiento” popular sobre la corrupción como “enfermedad” del Estado y de lo público.

Luego entonces, el lawfare genera y distribuye falsedades (fake news), en el momento en que se vale de la comunicación como medio de desinformación política, pues implica el uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política. Así pues, la selectividad de casos resulta fundamental en el lawfare, toda vez que requiere articulación con los medios de comunicación, que operan manufacturando consenso a favor o en contra de determinadas personalidades, grupos o sectores políticos. 

La eliminación y desmoralización del adversario político se concreta especialmente en el plano de la opinión pública, en momentos políticos clave -durante campañas electorales, por ejemplo-. La desmoralización orientada a eliminarlos de la esfera política formal, va desde el procesamiento judicial y el linchamiento mediático, hasta la cárcel y la ruina económica -pues se trata de procesos jurídicos extendidos en el tiempo y de altos costos-. 

En esta estrategia de lawfare, se empieza primero con alguna acusación de mucho impacto y poco sustento. Luego, viene un bombardeo mediático cuyo objetivo es aniquilar el apoyo que pueda tener la víctima escogida. En ese marco, ser culpable o inocente será un detalle irrelevante para jueces que ya no buscan condenar por razones, sino razones para condenar, porque la sentencia condenatoria ya fue preestablecida por los medios y la supuesta opinión pública.

Tal y como lo hemos sostenido en líneas anteriores, el lawfare se entiende como el uso de la ley – o bien, de los procesos legales-, para deslegitimar o incapacitar a un enemigo. Entre sus características o tácticas ya reconocidas por la comunidad jurídica internacional, son: (i) la manipulación del sistema jurídico; (ii) dar apariencia de legalidad a las persecuciones políticas; (iii) el uso de procedimientos judiciales sin mérito alguno, sin contenido, con acusaciones frívolas; (iv) abuso del derecho a dañar y deslegitimar a un adversario; (v) promoción de demandas para desacreditar al oponente; (vi) intentar influir en la opinión pública; (vii) uso de la ley para obtener publicidad negativa u opresiva; (viii) judicialización de la política: el derecho como instrumento de articulación de medios y fines políticos; (ix) promover la desilusión popular; (x) críticas a quienes utilizan el derecho internacional y los procesos judiciales para presentar denuncias contra el Estado; (xi) la utilización de la ley como medio de constreñir y castigar al adversario; y, (xii) acusar las acciones de los enemigos como inmorales e ilegales para frustrar objetivos contrarios.

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