Esta semana se estarán llevando a cabo las reuniones anuales conjuntas del FMI y BM y sin duda los temas más relevantes a tratar serán alrededor de las crisis económica y de salud detonadas por la pandemia actual. La agenda deja vislumbrar análisis del impacto del Gran Confinamiento en la economía mundial y debates sobre la ruta hacia la recuperación y la transformación estructural necesaria después de la pandemia.

Sin embargo, es de notar la ausencia de ejercicios de introspección por parte de las instituciones. Por décadas, las políticas de ambos organismos han sido severamente cuestionadas. Ahora, ante las debilidades crónicas en el sistema económico, principalmente de los países menos avanzados y evidenciadas por la crisis del coronavirus, es más claro el incumplimiento, al menos parcialmente, de sus objetivos institucionales de reducción de la pobreza, desigualdad y estabilidad económica.

Incluso, en una variedad de estudios, se ha argumentado que las políticas de estas instituciones han contribuido al deterioro económico de los países. Una crítica recurrente es que los préstamos de estas instituciones pueden tener efectos negativos en el crecimiento económico y en la reducción de la desigualdad. Estos créditos, y en particular los del FMI, generalmente vienen acompañados con requerimientos de reducción de gasto público, a través de recortes a actividades esenciales para el crecimiento económico y la distribución del ingreso como proyectos de infraestructura, salud y educación.

Las políticas y recomendaciones de estas organizaciones hacia los países tienden a seguir un modelo único de reformas y reglas restrictivas que promueven la contracción del sector público y las privatizaciones en sectores estratégicos bajo la bandera de libre mercado, competencia y eficiencia y haciendo caso omiso de la generación de valor del Estado a través de la inversión pública y del gasto bien dirigido y de las condiciones sociales y políticas particulares de cada país.

Tampoco hay que olvidar que el control de las decisiones en las dos instituciones lo tienen los países desarrollados de Occidente. Las economías emergentes siguen teniendo poca representación relativa al número de países y al tamaño de sus economías. Esto, inevitablemente, genera un sesgo en las políticas impuestas o recomendadas por estas organizaciones.

Es en este contexto en el cual se deben de analizar las recomendaciones publicadas la semana pasada por el FMI a raíz de su visita oficial a México. Seguro hay recomendaciones que deberían ser consideradas. Pero también es importante reconocer que las políticas económicas alternativas del gobierno de México han generado condiciones que hacen pensar en una salida distinta de la crisis, tal como lo señaló el economista en jefe para América Latina del banco suizo UBS.

La respuesta del gobierno de López Obrador ante la crisis actual, y en contraste con algunas recomendaciones del FMI, están centradas en evitar el endeudamiento, la inversión publica en sectores estratégicos y el equilibrio presupuestal basado en la reducción de gasto y el incremento en la recaudación fiscal sin recurrir al aumento de impuestos. Estas medidas ofrecen una visión distinta del camino a seguir para salir de la crisis sin haber agotado todavía todas las opciones. En contraste con países como Brasil, que podría acabar el año con un déficit primario del 14% del PIB y una deuda del 100% del PIB, México inicia la recuperación económica en una mejor posición.

Lucía Buenrostro

Actuaria por la UNAM

Columna invitada

Lucía Buenrostro es Maestra en Economía por El Colegio de México y Maestra en Matemáticas y Finanzas por el Imperial College (Reino Unido). Es Doctora en Economía por la Universidad de Warwick (Reino Unido). Ha desempeñado labores de docencia e investigación en la UNAM, en la Universidad de Warwick y en la Universidad de Oxford.

Cuenta con una amplia y sólida trayectoria en el sistema financiero internacional donde laboró por casi 15 años en Londres como responsable de áreas de administración de riesgos en la banca de inversión.

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