El desastre ambiental propiciado por la quiebra de productores de hidrocarburos en los yacimientos de esquisto en los Estados Unidos es un claro ejemplo de los errores que debemos evitar en el aprovechamiento de esos recursos en el litoral del Golfo y el Noreste de México.

Las situaciones límite revelan fortalezas y debilidades de países, empresas, sectores, actores, sistemas y procesos. Así ha ocurrido en el ámbito económico como resultado de la pandemia por Covid-19. Una de las primeras áreas de afectación fue la movilidad masiva de personas, tanto al interior de las ciudades como en los traslados interurbanos nacionales e internacionales. La situación se agravó con la parálisis de múltiples actividades económicas. Lo anterior desencadenó una caída abrupta de la demanda de combustibles y electricidad, arrastrando a la baja el precio del petróleo, cuyo barril pasó de 66.48 dólares en diciembre del 2019, a 17.64 en abril del 2020 (-73.5 por ciento). Tras reducciones concertadas en la oferta por los países productores y luego de una gradual reactivación de las actividades económicas, el precio repuntó hasta alcanzar una cotización de 43.45 dólares el mes de julio del presente.

El cisma del mercado petrolero precipitó la bancarrota de muchas empresas del sector en los Estados Unidos. Desafortunadamente, aprovechando fallas en la regulación, éstas no constituyeron las reservas financieras necesarias para sellar correctamente los pozos y remediar las áreas de explotación. De manera que los pozos abandonados continúan arrojando grandes cantidades de metano y otros gases altamente contaminantes a la atmósfera. Los costos de remediación son muy elevados y tendrán que ser aportados por los contribuyentes.

El tema ameritó crónica detallada en las notas estelares de la edición del julio 13 en The New York Times. Se estima que, hacia fines de año, unas 250 empresas del sector solicitarán la protección por bancarrota. De igual forma, los expertos anticipan que la demanda de petróleo comenzará a caer permanentemente hacia finales de la década a medida que disminuyan los costos de las energías renovables, mejore la eficiencia energética y los esfuerzos para combatir el cambio climático.

Pero mientras esto ocurre, los campos petroleros en los Estados Unidos liberan metano, un gas con potencial de calentamiento 80 veces mayor al CO2 a una tasa dos veces superior a la estimada anteriormente. Sellar correctamente cada pozo y remediar el área colindante tiene un costo aproximado de 300,000 dólares. El gobierno norteamericano estima que ya hay más de tres millones de pozos de petróleo y gas abandonados en este país, de los cuales dos siguen liberando metano y emisiones anuales equivalentes a las que realizan más de 1.5 millones de automóviles. Los pozos abandonados tienen emanaciones superiores a los pozos en producción y no son monitoreados.

Así las cosas, allende el Bravo ¿Qué conviene hacer de este lado de la frontera? Por necesidad de sobrevivencia, la producción de energía y electricidad se “descarbonizará” en un horizonte de tres décadas. Cimentar la estrategia energética de México en los combustibles fósiles y en los monopolios públicos raya en la esquizofrenia.

Nuestro país debe impulsar aceleradamente la producción de energías renovables y definir una estrategia para resolver los problemas de intermitencia. Las alternativas más viables son: producción de hidrógeno con gas natural, reactores de fisión o fusión nuclear y métodos masivos de almacenamiento de energía. En un sistema eléctrico bien administrado, las energías renovables intermitentes pueden contribuir con 70% de la generación.

En México, las reservas no probadas de gas de esquisto o lutita (shale) se estiman en 545 billones de pies cúbicos (entre los primeros seis del mundo). Su método de aprovechamiento (fracking) es riesgoso, pues requiere la inyección de grandes cantidades de agua y productos químicos para fracturar la roca. Al extraer el gas o los petrolíferos, se generan vacíos y cambios de presión en las formaciones rocosas, lo cual produce microsismos que comprometen la integridad de las tuberías y las cubiertas de concreto de los pozos, elevando los riesgos de contaminación de los acuíferos. No existen sistemas de tratamiento de las aguas residuales, por lo que éstas son depositadas en ríos, lagunas, lagos, esparcidas en amplias zonas geográficas o inyectadas al subsuelo. La experiencia de nuestro vecino al norte nos ilustra la gravedad de estos inconvenientes y su necesaria superación antes de arriesgar un recurso renovable vital y escaso (el agua) para impulsar una economía de enclave que desaparecerá con el agotamiento de los hidrocarburos.

Los motores eléctricos alimentados por electricidad almacenada en baterías no son una solución viable para algunos transportes de gran escala, como los aviones y barcos. Estos, al igual que algunas industrias intensivas en el uso de energía, requieren combustibles que concentran grandes cantidades de energía en volúmenes y pesos reducidos. Para estos casos y para asegurar el respaldo de las renovables en la generación eléctrica, el hidrógeno producido con energías limpias, gas natural y sistemas de captura de carbono está siendo considerado en países como Alemania e Inglaterra. Esta sería una alternativa para el aprovechamiento seguro y sustentable de nuestras reservas de gas.

El Estado mexicano tiene un papel estratégico en esto cambios y debe ser un jugador más que relevante. Pero debe hacerlo apostando por las fuentes de energía y las tecnologías del futuro, en un entorno competitivo y asegurando una regulación eficiente del mercado.

En cuanto a nuestras reservas de petróleo, lo más sensato es capitalizar, a la brevedad posible, la renta petrolera enterrada en el subsuelo y emplearla como palanca para impulsar la transición hacia las energías limpias. Pemex no dispone de tiempo para emprender las profundas reformas que requiere e intentar realizar por sí sola esta tarea: su pasivo laboral es enorme, lo mismo que su plantilla y costos laborales, tampoco dispone de los capitales ni de la tecnología requeridos. El marco normativo vigente le da la posibilidad de realizar alianzas estratégicas y al estado mexicano la oportunidad extraer las rentas del subsuelo con el concurso de capitales privados.

*Investigadores Nacionales del Conacyt, adscritos al Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila.