La venta de comidas caseras y sus retos de legislación

En alguna ciudad o pueblo de México, más de una vez nos hemos encontrado con la señora que vende tamales, platos preparados, dulces, bebidas o diferentes tipos de alimentos desde su casa y que prepara desde la cocina del hogar. Además de constituir una fuente de ingreso para muchas personas, esta actividad en algunas comunidades goza de aceptación entre la comunidad por diferentes razones.

En primera instancia, la comida casera vs la comida que se prepara en cocinas profesionales es percibida por algunas personas como una comida con más sabor, y en cierta manera, funciona como un sustituto a la comida que prepararían desde casa. Además algunas de las comidas “caseras” que se venden en hogares son preparaciones con tiempo en los procesos culinarios, y como se hacen en serie, es más fácil producirlas para muchas personas que en una cazuela para dos personas (como es el caso, por ejemplo, de los tamales). Son una alternativa económica en conjunto con las comidas callejeras para ocasiones en que las personas no pueden dedicar tiempo al trabajo culinario.

Recientemente, este tipo de cocinas se encuentran en el centro de un debate político en relación a su legalidad en Estados Unidos. En los estados donde hay mayor número de migrantes, estas cocinas surgieron como una alternativa de actividad económica para muchos migrantes ilegales o incluso para quienes sí tienen la residencia o ciudadanía que han encontrado en ese nicho una oportunidad de desarrollo de trabajo. Además del factor económico, gozan de gran popularidad por su precio y también porque en muchas ocasiones remiten a esa nostalgia de la comida del país que los migrantes buscan de vez en vez.

El punto de debate es que en Estados Unidos es ilegal vender cualquier tipo de preparación que sea hecha en una cocina casera y no en una cocina profesional. Aunado a la condición crítica que viven los migrantes en la alta probabilidad de ser deportados, si en alguna ocasión son arrestados por las autoridades, la multa va desde 10,000 dólares hasta tres años de prisión. Diferentes ONG que protegen a migrantes están cabildeando este tipo de arrestos ante la ley del estado de California. Lo que se propone es, en cambio, que estas cocinas puedan ser reguladas sin que las personas se vean imposibilitadas a poder vender comidas a sus vecinos. La controversia con la regulación radica en que fuera de las cocinas migrantes, la práctica de vender comida entre vecinos, aunque no sea de manera regular, es común en pequeñas comunidades estadounidenses no necesariamente de migrantes. Algunos consideran que las medidas regulatorias y multas no son aplicadas de la misma manera.

Este ejemplo nos muestra cómo además de la regulación, la frontera entre informalidad e ilegalidad en muchos casos tiene matices que hacen más compleja la regulación, como en este caso. Aún más, la venta de comida desde hogares es una modalidad menos visible que por ejemplo, las comidas callejeras o los food trucks. Mientras que en México estas comidas que se compran en los hogares no tienen un componente político tan fuerte y controversial, en Estados Unidos las implicaciones toman otros derroteros vinculados con su política migratoria. La complejidad de la regulación radica no sólo en ofrecer esquemas que regulen condiciones sanitarias fiscales, sino también los esquemas de corrupción y parcialidad que todo esto puede mover.

@Lillie_ML