PARÍS – El 25 de octubre la capitalización de mercado de Tesla, fabricante de vehículos eléctricos, llegó al billón de dólares y superó el valor conjunto de los diez fabricantes de automóviles que le siguen. Incluso si tenemos en cuenta una posible cuestión de exuberancia, constituye una fuerte señal de la transformación del capitalismo que ha disparado el cambio climático. Ciertamente, todavía muchas empresas contaminan y la ecoimpostura es omnipresente, pero sería un error desestimar los cambios en curso.

Los gobiernos, sin embargo, no van bien encaminados para cumplir su compromiso del acuerdo climático de París, del 2015: limitar el calentamiento global a “bastante menos” de 2 ° Celsius respecto de los niveles preindustriales. De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, si se cumplen los compromisos nacionales asumidos hasta ahora en el marco del acuerdo de París, la temperatura mundial aumentaría 2.1 ° Celsius. Más aún, las políticas actuales se quedan cortas incluso frente a esas promesas insuficientes: según el “escenario con base en las políticas declaradas” elaborado por la AIE, el calentamiento global alcanzaría los 2.6 ° Celsius.

Si sumamos a esto que -como lo documentó la Comisión para las Transiciones Energéticas- la mayoría de los gobiernos solo se comprometió a lograr emisiones netas nulas para 2050 o 2060 y planea posponer los grandes esfuerzos de mitigación hasta después de 2030, tendremos un gigantesco fracaso en términos de credibilidad.

La raíz del problema es bien conocida. El acuerdo de París se basó en un análisis realista, pero los gobiernos no son capaces de acordar una asignación de esfuerzos definida con precisión para la mitigación del cambio climático. Esta conclusión surgió tras el colapso del protocolo de Kioto de 1997 (que implicaba una asignación de ese tipo, pero dejó fuera a economías emergentes, China incluida) y el fracaso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2009 en Copenhague (donde los intentos por alcanzar un acuerdo mundial similar al de Kioto terminaron en disputas).

El mundo probó entonces con un enfoque distinto: los expertos estimarían los esfuerzos climáticos necesarios, los gobiernos asumirían compromisos y la sociedad civil los escudriñaría. Nadie esperaba que las promesas iniciales fueran suficientes, pero se esperaba que la presión de los pares, el peso de la opinión pública y gradualmente las advertencias sin tregua de la comunidad científica llevarían a las políticas hacia la senda correcta.

Los economistas eran escépticos. Christian Gollier y Jean Tirole, de la escuela de economía de Toulouse, advirtieron tempranamente que la estrategia estaba “condenada al fracaso”. Y William Nordhaus, de la Universidad de Yale, demostró que las coaliciones voluntarias relacionadas con el clima son vulnerables al problema del polizón y proclives a la inestabilidad.

El acuerdo de París, de todas formas, logró algo que los modelos económicos simples no podían reflejar: el inicio de un cambio en las actitudes empresariales. En particular, el acuerdo de París alentó a los inversionistas y administradores a tener en cuenta el riesgo de quedar atados a activos o a un modelo de negocios obsoleto. Mark Carney, en ese momento gobernador del Banco de Inglaterra, agregó que los reguladores responsabilizarían a las instituciones financieras por los riesgos climáticos ocultos. Esas consideraciones generaron un impulso hacia la descarbonización en el sector privado.

Pero el capitalismo verde solo puede prosperar si los gobiernos cumplen finalmente sus promesas climáticas. La mayoría de las inversiones en energías renovables, edificios energéticamente eficientes y vehículos con emisiones nulas requiere la fijación de precios para el carbono, regulaciones estrictas, o ambas cosas. Es muy posible que los inversores enfocados en el futuro apuesten a la eventual aprobación de esas medidas, pero solo hasta cierto punto y no sin consecuencias.

Una política de descarbonización que no sea lo suficientemente creíble implica tanto mayores costos totales (porque lleva los inversores a cubrirse combinando inversiones marrones y verdes) como desequilibrios recurrentes entre la oferta y la demanda. Equilibrar una transición acelerada para abandonar los combustibles fósiles es desafiante en cualquier escenario, pero más aún si no hay certeza en cuanto a las políticas futuras. El actual aumento de los precios de la energía puede, por lo tanto, presagiar tiempos difíciles.

La falta de credibilidad en las políticas climáticas refleja en parte cuestiones políticas nacionales, porque los gobiernos prometen un futuro verde y, al mismo tiempo, que mantendrán el statu quo. El presidente estadounidense Joe Biden carece de mayoría en el Congreso para penalizar el uso de combustibles fósiles, el presidente chino Xi Jinping teme comprometer el crecimiento económico de su país, sediento de energía, y el presidente francés Emmanuel Macron sabe por experiencia que los hogares de clase media son hostiles a los impuestos al carbono.

Esas preocupaciones son entendibles, pero si los inversores entienden que los gobiernos no intentarán cumplir seriamente las metas climáticas globales, gastarán menos en iniciativas verdes y el mecanismo central del acuerdo de París colapsará.

Una solución sería que los gobiernos se aten las manos dejando la fijación del precio del carbono a cargo de una institución independiente, del mismo modo en que antes delegaron en los bancos centrales la responsabilidad de controlar la inflación.

Otra opción es que los gobiernos se comprometan a pagar una multa si no cumplen con los precios del carbono en el futuro (por ejemplo, emitiendo certificados cuyo valor dependa de la diferencia entre los precios anunciados y los reales). La pregunta, sin embargo, es si la ingeniería institucional o financiera puede solucionar un problema profundamente político.

Más aún, los gobiernos solo cumplirán las metas climáticas si una masa crítica de países está en condiciones de hacerlo. Este es un problema central del déficit de credibilidad actual, más grave aún que las políticas nacionales. Nordhaus propuso, por lo tanto, que un grupo de países con ideas similares forme un “club climático” y aplique una tarifa a las importaciones de sus socios comerciales que no colaboren con el esfuerzo colectivo. En la actualidad, por ejemplo, eso implicaría castigar a Brasil por las irresponsables políticas climáticas de su presidente, Jair Bolsonaro.

La idea tiene mucho sentido desde el punto de vista económico y el gobierno alemán adoptó, en un artículo reciente, una versión más limitada de ella. Lo difícil es que si bien un mecanismo para compensar las implicaciones comerciales de los precios diferenciales para el dióxido de carbono debiera ser compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio, una penalización directa entraría en conflicto con ellas.

La decisión de la Unión Europea de arremeter con su Pacto Verde Europeo es un paso intermedio. Siempre que la UE destine suficientes recursos para compensar a los hogares vulnerables, el carácter común del programa ayudará a los estados miembros a solucionar sus propios problemas de credibilidad climática. Con el tiempo, es probable que la UE cree una especie de club con socios comerciales selectos y presione para lograr metas ambiciosas.

La pregunta es: ¿quiénes serán los miembros? Como están las cosas, tanto Estados Unidos como China carecen de la ambición necesaria para una alianza de ese tipo. Por eso, esta senda hacia la credibilidad climática es muy estrecha, pero es la única.

*El autor es miembro senior del think tank Bruegel, con sede en Bruselas, y miembro senior no residente del Peterson Institute for International Economics, ocupa la cátedra Tommaso Padoa-Schioppa en el European University Institute.