La reforma conveniente

Un conflicto que tiene que ver más con diferencias por posturas ideológicas, que por aspectos de funcionalidad derivada de la aplicación de la ley, es aquel que en estas semanas se visualizó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, el aprieto que se gestara desde la instalación misma de la Sala Superior en aquel lejano 2016, ha llevado al planteamiento de inviabilidad para la continuidad de los trabajos jurisdiccionales, e incluso, ha dado cabida a la sugerencia de que, para sanear la “crisis constitucional”, los siete magistrados que componen la sala deberían de renunciar y dar paso a esa depuración deseada desde el Ejecutivo y legisladores afines.

En un contexto donde la expresión pública proveniente del gobierno federal, sobre lo inadecuado que resulta el sistema electoral y concretamente los órganos normativos y de control en el ramo, es esta la ocasión ideal para impulsar una reforma que venga a proponer un escenario más favorable para quienes se han incomodado con resoluciones del Tribunal que no agradan dentro de los círculos de poder. Cuestiones como el retiro de candidaturas a cerca de 60 candidatos del partido guinda, así como las más sonadas en los casos Morón de Michoacán y Salgado Macedonio de Guerrero, son espinas que aún quedan en la memoria de los lesionados.

Por ello no extraña que la intención expresada tanto por el Ejecutivo, como por el coordinador de los diputados de Morena, como por el presidente de la Junta de Coordinación Política, sea a favor de una reforma profunda, misma que replantee el papel tanto del INE como del TEPJF. La ruta sin embargo para conseguir una modificación de hondo calado en la Constitución aún tendría que transitar por un trecho complicado. Por supuesto, esa complicación se enmarca en el procedimiento contenido en el artículo 135 de la Carta Magna, pero por igual, el entuerto viaja por un necesario consenso político que de entrada se antoja imposible.

Las condiciones de polarización que derivan al igual por aquellos temas que el Tribunal tiene como pendientes para su resolución, imponen una presión adicional a la crisis interna que dicho órgano vive. Existe como límite el 23 de agosto para que el INE entregue las constancias a los legisladores de representación, mismas que en muchos de los casos se encuentran detenidas por las impugnaciones que se están ventilando en el TEPJF.

Por otra parte, no está de más recordar que las elecciones de San Luis Potosí, Nuevo León, Campeche y Chihuahua, por igual se encuentran impugnadas ante la autoridad judicial electoral. ¿Es viable algún consenso en este clima? Lo que sin duda es viable y conveniente es mostrar a un tribunal como un ejemplo de desorden y caos. Ese refuerzo al dicho reiterado de su obsolescencia es oro molido para algunos.

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