De confirmarse la expectativa de que el PIB rebotará este año 6% (rebote, que no crecimiento), al finalizar este tercer año de gobierno el PIB por habitante sería casi 8% inferior al que había en 2018. La ola destructiva que inició en octubre de 2018 con la cancelación del aeropuerto en Texcoco no ha parado. Este tsunami ha tenido un hilo conductor muy claro: el desprecio por atenerse a las reglas del juego, el desprecio al Estado de derecho. Esto, naturalmente, ha impactado negativamente a la inversión privada, tanto nacional como extranjera y, solo por ello, ha reducido el potencial de crecimiento futuro de la economía.

El último clavo del ataúd, no al “neoliberalismo”, sino a las posibilidades de crecer es la propuesta de reforma constitucional en materia de energía eléctrica. Una aberración no solo porque se establecería en la propia Constitución que la CFE tendría, por lo menos, el 54% del abasto de energía, una verdadera camisa de fuerza, sino que además significa, al discriminar a los generadores privados, una expropiación indirecta, en abierta violación a diferentes tratados internacionales, incluyendo el T-MEC.

¿Qué empresa, sobre todo extranjera, pero también nacional, estaría dispuesta a invertir en un país en donde el gobierno no respeta las reglas? ¿Qué empresa estaría dispuesta a invertir si no tiene garantizado el suministro de energía eléctrica a precios competitivos al verse forzada a adquirirla de un monopolio gubernamental que es notoriamente ineficiente y que genera con costos significativamente mayores que los generadores privados y que además no tiene (ni tendrá) los recursos necesarios para ampliar su capacidad de generación y que ante un aumento en la demanda, por la camisa de fuerza insertada en la Constitución, no se podría satisfacer con mayor participación privada? Apagones y más apagones, arruinando de paso a la maquinaria que requiere un flujo estable de electricidad así como a los electrodomésticos.

¿Y qué hay de los precios que cobraría la CFE? El presidente ha recurrido a un argumento falaz de “precios justos” (esos no existen) y de que como resultado de la reforma no aumentarían las tarifas para los consumidores residenciales (más allá de la inflación). ¿Recurriría la CFE a un esquema de subsidios cruzados encareciendo todavía más la electricidad a las empresas (con el consecuente aumento del precio de los bienes y servicios que producen y afectando negativamente a los consumidores de estos bienes) para no incrementar las tarifas residenciales? La CFE podría determinar las tarifas pero no los costos. ¿Qué sucede si aumentan los precios internacionales del petróleo y del gas natural, insumos requeridos para la generación de electricidad? Si la limitante es no aumentar las tarifas, sería necesario incrementar el subsidio gubernamental a la CFE y a Pemex, subsidio a cargo de todos los contribuyentes y en detrimento de las finanzas públicas. En este mundo no hay nada gratis.

Pero todavía hay más. La reforma propuesta por el presidente y su fiel escudero Manuel Bartlett, es una reforma notoriamente sucia. Las plantas generadoras de la CFE son altamente contaminantes, más ahora que se ven forzadas a quemar carbón y combustóleo. Esta empresa prácticamente no ha invertido en plantas de generación eléctrica limpia (eólica y solar) a diferencia de la inversión privada en estas fuentes renovables y las hidroeléctricas no son garantía (¿habrán consultado alguna vez a los ingenieros que manejan las presas?). Sacar a los generadores privados del mercado, en abierta discriminación, derivaría en una mayor contaminación, con el costo para la salud de los mexicanos. Además, muchas empresas privadas están apostando a surtirse de energía limpia; si la CFE no se las puede dar, por decisión corporativa, no podrían invertir en México.

Por todo esto y más, la aberrante reforma no puede ser aprobada.

ikatz@eleconomista.com.mx

Isaac Katz

Economista y profesor

Punto de vista

Caballero de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa. Medalla al Mérito Profesional, Ex-ITAM.

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