La política de competencia en los países de desarrollo

En su artículo “Últimas tendencias del derecho de la competencia en los países en desarrollo, en especial en América Latina,  las políticas de competencia en economías en desarrollo o economías pequeñas?, de Luis Fernando Álvarez Londoño, publicado en la Revista  Vniversitas, Últimas tendencias en derecho de la competencia en América Latina Vniversitas (núm. 115, enero-junio, 2008, pp. 248-262 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia), el autor se dedica a analizar la economía de estos países tipo, para luego presentar el rol que debe tener una política de competencia en estos países.

Los países de América Latina han vivido desde la década de los noventa un constante cambio en sus economías, pasando de un modelo de intervención a uno de libre mercado. Sin embargo, es oportuno reconocer que algunos países, como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela y con ella en menor grado, Bolivia, Ecuador, Brasil y Uruguay principalmente, tienen visiones que pretenden mediar de forma más profunda entre aquellos Estados minimalistas producto de las aperturas comerciales y unos Estados más intervencionistas y con sectores de nuevo estatalizados. Las consideraciones de esta polémica no dejan de ser interesantes, pues como ha sido reconocido, el crecimiento económico de la región en la década de los noventa superó de forma importante lo realizado en los años ochenta, pero su margen fue inferior al de los años cincuenta a setenta. En todo caso, este análisis sería muy pertinente para una proyección de objetivos sociales a través de políticas de libre competencia, que en estos momentos no nos ocupa, pero que es ineludible dejar planteado. Retomando la ruta de nuestra disertación, después de más de una década de reformas económicas, dirigidas principalmente a consolidar el mercado como el instrumento para mejorar la eficiencia asignativa y productiva, todavía no se encuentran de forma generalizada los beneficios de la concurrencia y la competencia. Entre las múltiples razones para que esto no se haya presentado se halla la persistencia de barreras de entrada, el poder de las empresas para capturar a los reguladores y las asociaciones de empresas en sectores alejados del control y vigilancia por los gobiernos, produciendo importantes fallos al mercado y no permitiendo la concreción de estructuras competitivas de mercado.

En otra perspectiva, los Estados de América Latina encuentran en su interior una lucha, mucho más fuerte que en países desarrollados, entre las empresas que buscan Ocampo, José Antonio y Uthoff, Andras. Estos autores reseñan que el crecimiento en América Latina, donde más se ha avanzado en procesos de reforma hacia el libre mercado, en la década de los años noventa solo fue de 3,2% anual, mientras que para los años cincuenta a setenta, donde predominó el modelo industrial de Estado, fue de 5,5% anual.

En el periodo enero-junio de 2008 generar barreras a la entrada de nuevos competidores y una normativa, en muchos casos carente de institucionalidad que la apoye, para generar contrapesos a favor de la libertad de los mercados es lo que sucedió. En todo caso, conociendo estos problemas, nos debemos preguntar por el rol que debe tener una política de competencia en América Latina y las normas de competencia. Antes de describir este escenario, es importante recalcar la diferencia entre ambas. La política de competencia abarca todos los estudios e iniciativas que el gobierno genera sobre la competencia, el conjunto normativo y la aplicación que se les da frente a casos concretos; en definitiva la política de competencia es la encargada de determinar las normas de competencia.

Conociendo las características de nuestros mercados y dependiendo del grado de concentración que posean, de su estructura, de las barreras que tenga el mercado y de la potencialidad competitiva de las empresas nacionales con las internacionales, una política de competencia debe propender por:

• Incrementar la eficiencia económica de los mercados que permita el incremento del bienestar;

• La ampliación de los procesos competitivos en los mercados donde la concurrencia de agentes es parcial y su rivalidad no es fuerte;

• La política de competencia debe realizar una búsqueda por articular las normas de competencia con las normas que generan estímulos y beneficios a los agentes económicos, con el fin de que no se formen poderes permanentes de mercado;

• Debe establecer una institucionalidad que vigile los comportamientos de las empresas que tienen poder de mercado principalmente y finalmente,

• Precisar las consideraciones sobre los acuerdos pro-competitivos y los anticompetitivos, permitiendo una generación de reglas con mayor independencia y determinación de las tradicionales interpretaciones de reglas per se y reglas de la razón.

En conclusión, las economías de países en vía de desarrollo son portadoras de estructuras de mercado con características muy propias, y sobre las que la política de competencia debe actuar de forma diferente de su accionar en economías más perfectas. Por ejemplo, un gran número de las economías latinoamericanas carecen de cultura de competencia; poseen una importante concentración del poder económico y político en pocas manos que les permite a las organizaciones capturar las instituciones y de otro lado dificulta la independencia de las autoridades; tampoco poseen, desde la perspectiva de los Estados, los recursos financieros y humanos para consolidar instituciones sólidas que actúen contra los comportamientos anticompetitivos; hechos todos que unidos generan una mezcla perfecta para capturar los beneficios de la apertura económica por unos pocos e incrementar las diferencias económicas y sociales entre los ciudadanos. En definitiva, la política de libre competencia se convierte en el pilar fundamental para que la apertura comercial entregue sus frutos a toda la población, pero este ejercicio debe ser pensado desde nuestras necesidades y no desde la sola aplicación de los estándares de potencias comerciales que a través del tiempo les han dado su justa medida y grado de aplicación a las mismas políticas de competencia, dejándolas más libres cuando ellas por sí mismas se convertían en barreras para el crecimiento económico y reforzándolas cuando los comportamientos de los agentes generaban externalidades negativas para la sociedad.