Las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Alerta de Violencia de Género (AVG) constituyen un primer paso para enfrentar la violencia feminicida en nuestra Ciudad. Por sí mismas, sin embargo, no bastan para corregir las fallas sistémicas que han contribuido a la impunidad y a la revictimización de niñas y mujeres. Hace falta un cambio de fondo en la visión y en las prácticas de las autoridades para resolver este grave problema.

El informe, publicado el 26 de marzo, corrobora la urgencia de transformar a fondo el sistema de justicia y de diseñar e implementar una política pública integral contra la violencia machista, que elimine la fragmentación, la negligencia sistemática y la brecha entre obligaciones y prácticas que hoy favorecen la normalización de esta violencia. A través de 20 conclusiones, el Grupo de Trabajo señala las principales fallas que se derivan de su diagnóstico y propone medidas inmediatas e indicadores para evaluarlas. De no logra avances en los próximos seis meses, el gobierno capitalino tendrá que enfrentar la declaración de la AVG en la Ciudad.

Las recomendaciones del informe se centran en gran medida en las fallas más evidentes del sistema de justicia y del aparato burocrático creado para “atender” a las víctimas de violencia machista. Algunas parecen tan básicas que cabe preguntarse si las autoridades locales no han leído las recomendaciones de los informes sobre Ciudad Juárez o de las alertas que se han declarado en otros estados. Llama la atención, en efecto, que a estas alturas se tenga que subrayar la importancia de contar con un sistema de información pública que concentre datos confiables y actualizados acerca de la violencia contra mujeres y niñas, o la importancia de la coordinación entre instancias encargadas de la atención a víctimas – desde la investigación hasta la reparación del daño-  o la necesidad de contar con personal capacitado.

La persistencia de “esfuerzos fragmentados” nos habla de la ausencia de una política pública integral contra la violencia de género, a 11 años de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de miles de millones invertidos en la “capacitación” del personal de justicia (la PGJ y el Tribunal Superior, por ejemplo) y en las instancias que deben ocuparse de la violencia sexual y familiar, el feminicidio, las desapariciones, la trata de personas y el acoso.

Para revertir esta situación, el informe recomienda definir mejor los perfiles del personal, profesionalizar y evaluar a éste, darle contención (imprescindible) e imponer sanciones a quienes sean negligentes o violen los derechos de las víctimas.

De manera puntual, el Informe señala también la necesidad de aplicar los protocolos de investigación existentes para casos de feminicidio y desaparición de personas, y de garantizar la reparación integral del daño. En cuanto a la violencia familiar, plantea la necesidad de dictar órdenes de protección para mujeres en riesgo, y de garantizar los derechos de los y las menores afectados. Así mismo, subraya la importancia de brindar atención especializada a menores de edad víctimas de abuso sexual, así como a víctimas de violencia extrema, para las que, además, deben crearse refugios de alta seguridad y servicios especializados. Recomienda también algunas reformas legales y la revisión de los casos de posibles feminicidios, desde que existe el protocolo correspondiente, por un grupo experto y con perspectiva de género.

Todas estas medidas, además de recursos, exigen imponer rigor y ética en las instituciones, dar prioridad a la prevención y sanción de la violencia machista, y poner fin a la violencia institucional que agrava el sufrimiento de las víctimas. La sociedad ha de estar atenta a las acciones del actual gobierno.

Con o sin AVG, quien gane las elecciones deberá dar respuesta a la exigencia ciudadana y enfrentar la violencia contra mujeres y niñas con una política pública integral basada en la realidad, sujeta a evaluaciones rigurosas, que rompa con la simulación y la impunidad.

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).