Aunque saludo la histórica decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al extender un capelo federal de protección a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, me preocupa el ánimo vengativo en la izquierda que sí es liberal y en la derecha que sí es religiosa.

En el fondo, lo que me incomoda es la incomprensión en los dos extremos. Los ministros de la Suprema Corte han decidido que el Estado debe hacerse a un lado en esta polémica. No decidieron que el Estado mexicano se hará cargo de que las mujeres aborten. No ordenaron a los médicos practicar abortos. No obligan a ninguna mujer a interrumpir su embarazo ni a ninguna familia a entenderlo. Lo que hacen es quitar la cárcel ante una decisión que consideran del ámbito individual. 

Uno de los fragmentos más interesantes del proyecto es el que conecta en la argumentación el derecho de las mujeres con el principio de laicidad del Estado. También habla de igualdad, derechos, pluralidad y hasta de democracia, pero el de laicidad es particularmente relevante, pues explica que la neutralidad, más que ausencia, es la activa protección de la libertad ideológica, de la libertad de conciencia, de la libertad ética y de la libertad religiosa. La neutralidad del Estado en estos ámbitos es una potente protección para todos. 

Por eso, argumentan los ministros, el Estado no debe, y aquí cito el proyecto: “utilizar controles estatales para limitar, reprimir, limitar o inhibir las libertades individuales que se identifican como parte de las convicciones personales”.

Esto es muy importante, me gustaría que lo leyeran tres veces los ofendidos de la derecha y los vengativos de la izquierda, pues ya encuentro en los medios que se descalifica a la organización Pro Vida y que se estigmatiza al Tecnológico de Monterrey por cobijar una organización juvenil antiaborto (y eso que no se han asomado a la UP). También veo que miembros de Provida hablan de la perversa caída libre en el pecado de toda la sociedad mexicana. Tanto el estigma de la izquierda como la preocupación de los religiosos están equivocados. Primero, porque Provida y el Tec y la UP y los miembros del Opus Dei y de las iglesias pentecostales y cristianas están protegidos por esta laicidad. La decisión de la Corte no impide la circulación de sus ideas ni la organización en torno a ellas. Y segundo, porque la decisión de la Corte no obliga a cambiar la conciencia de nadie. Los que quieran militar a favor de la vida y poner orfanatos y conseguir adopciones y convencer a las madres, pueden hacerlo. El único que cambia es el Estado. Se hace a un lado. 

Me da la impresión de que esto no lo entienden ni los unos ni los otros. Quienes quieran formar a sus hijas en una idea promiscua o prohibitiva sobre la virginidad, el embarazo, el matrimonio y la muerte pueden hacerlo como se les dé la gana. Nadie se los impide. El avance de esta semana es significativo, no porque el Estado se haya puesto del lado de las feministas, sino precisamente porque dejó de tener lado. Se hizo a un lado. 

Esto lo tienen que entender todos. Nadie queda obligado, todos pueden seguir con su plan de vida católico o budista o erótico y convencer a los demás de sus ventajas. Y nadie irá a la cárcel por ello.

Nota final: La SCJN también tomó una decisión histórica frente a la discrecionalidad de los recursos que usa el Ejecutivo para comunicación social, pero ya será para otro artículo. Sólo lo apunto para que le echen un ojo, es importante. 

 

Ivabelle Arroyo

Politóloga

La Sopa

Ivabelle Arroyo Ulloa es politóloga y analista, con 24 años de trayectoria periodística. Es jurado del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter en México. Dirige una revista digital sobre política capitalina y escribe para medios jaliscienses.

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