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Opinión

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La importancia de la confianza del mercado en la continuidad de la 4T

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La reunión entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, tras la confirmación de su victoria electoral, subrayó la importancia de la continuidad programática y política del proyecto de la Cuarta Transformación. Sheinbaum anunció el impulso de las reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente el pasado 5 de febrero, y ha solicitado la inclusión de tres reformas adicionales: reforma al ISSSTE, transferencias monetarias a mujeres de 60 a 65 años, y beca universal a niños de primaria y secundaria. Adicionalmente, trasciende que el presidente le ha solicitado que al menos 10 funcionarios de alto nivel sean ratificados en sus cargos para la formación de su gabinete, y, por supuesto, que la reforma del Poder Judicial se lleve a cabo tan pronto entre en funciones la nueva legislatura donde su coalición política cuenta con prácticamente la mayoría calificada. En este contexto, la cotización del peso-dólar no ha dejado de sufrir una pérdida de valor, y de seguir así, podría superar la barrera psicológica de los 20 pesos próximamente, y, como menciona Jorge Castañeda, no solo es el tipo de cambio, también es la Bolsa y la subida de 60 puntos base en la tasa de fondeo del gobierno federal a diez años que se dio el martes en la subasta de bonos gubernamentales, equivalente al 10.4%.

La decisión firme de que la continuidad del proyecto de López Obrador y Sheinbaum prevalezca por encima de cualquier decisión política que pudiera tener la bien legitimada nueva presidenta electa, representa un cambio significativo respecto a la tradición mexicana en la que los presidentes solían distanciarse de sus sucesores. Esta continuidad no solo garantiza la estabilidad en ámbitos clave como los programas de transferencias monetarias a determinados grupos sociales, o los programas de vivienda social, sino que también fortalece la cohesión dentro de la coalición de los partidos Morena-Verde-PT, evitando confrontaciones y manteniendo un frente político unido. Se entiende. Sin embargo, es evidente que los riesgos que plantea en cuanto a nula separación de poderes e incertidumbre jurídica para las inversiones en el ámbito judicial, sobre todo, ya está generando inestabilidad en el corto plazo, y podría extenderse al mediano y largo plazo, y más allá de los mercados financieros. La percepción de riesgo debido a políticas intervencionistas y la incertidumbre sobre reformas económicas y fiscales, además de la posible hiper centralización del poder con una exagerada reducción de contrapesos institucionales –ahí viene también la desaparición de los órganos autónomos– aumentaría la percepción de riesgo para los inversionistas, afectando la confianza y la estabilidad económica al desalentar la inversión extranjera directa.

Recordemos que los fondos de inversión requieren certidumbre jurídica, y las empresas grandes requieren de un sistema de procuración de justicia que les de certeza de que la resolución de conflictos administrativos o penales contará con suficiente solvencia en cuanto a independencia y técnica jurídica. La propuesta del presidente sobre introducir en el sistema mecanismos de designación de jueces por voto popular y criterios muy laxos de acreditación para los candidatos a jueces, pone en duda la capacidad del sistema de procuración de justicia para resolver conforme a los mínimos criterios de autonomía y solvencia técnica. Actualmente el sistema cuenta con tribunales en materia fiscal, laboral, ambiental, competencia y telecomunicaciones que cuentan con la capacitación necesaria para entender la realidad de la complejidad económica en sectores muy especializados. Despedir de botepronto a todos los jueces para incorporarlos a una ruleta de elección popular no podría dejar de alterar a los inversionistas, máxime cuando hay países que buscan lo contrario, reformar sus sistemas para dar la certeza suficiente para atraer capitales, como es el caso de Costa Rica o España.

En México, la larga tradición política del PRI, que gobernó durante 76 años, solía implicar que los presidentes en funciones ejercieran una influencia decisiva en la selección de sus sucesores, fenómeno conocido como el "dedazo". Este mecanismo aseguraba la continuidad del proyecto político del presidente saliente, aunque históricamente los sucesores tendían a distanciarse una vez en el poder, incluso marginando a sus predecesores. Ante esta expectativa, Claudia Sheinbaum ha dejado claro que no tiene intención de desmarcarse de Andrés Manuel López Obrador, prometiendo una continuidad irrestricta del actual modelo de gobierno.

El modelo político corporativista instaurado por Plutarco Elías Calles durante el "Maximato" fue fundamental para estabilizar México y modernizar sus instituciones, alejándolo de crisis recurrentes y golpes de Estado. Esta estructura, que trascendía la mera competencia electoral, podría encontrar paralelismos en la relación entre AMLO y Claudia Sheinbaum, quienes buscan continuar la Cuarta Transformación con un enfoque en la creación de instituciones sólidas y un diálogo amplio, reduciendo así la polarización. El contraste, es interesante cuando exploramos la historia y vemos cómo Lázaro Cárdenas, presidente de México de 1934 a 1940, optó por desmarcarse de su predecesor, Plutarco Elías Calles, expulsándolo del país y consolidando su propio proyecto político transformador. Sus acciones no solo marcaron un quiebre con el pasado, sino que sentaron las bases para un México moderno y desarrollado, destacándose por su modelo incluyente y nacionalista que perduró mucho después de su mandato. Claudia Sheinbaum ha manifestado que el proyecto de su antecesor es su proyecto, pero, en el ámbito económico, está provocando una paradójica incertidumbre.

Y es que las reformas propuestas por López Obrador, debilitarían la independencia judicial y, al eliminar órganos autónomos clave como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) o la Cofece, dejarían probablemente en indefensión jurídica a los inversionistas, afectando la percepción internacional de México como un país con instituciones más débiles y una democracia inestable. La estabilidad jurídica que mantiene reglas y procesos judiciales consistentes y predecibles construye confianza en la economía. Lo contrario conlleva repercusiones negativas en la calificación crediticia del país al aumentar el riesgo de que las decisiones del más alto nivel dependan del criterio personal o de políticas arbitrarias. Es preocupante que estas dinámicas podrían llevar a la desinversión, incrementando los costos de financiamiento tanto para el gobierno como para las empresas en el país, particularmente las más endeudadas como Pemex.

En una evaluación más pragmática, es claro que la presidencia de López Obrador ha sido caracterizada por su enfoque disruptivo y a veces caótico, impulsado por una visión futurista –la transformación de la vida pública de México– pero que ha generado división y controversia en el país. El electorado que respaldó a Morena confía en que Claudia Sheinbaum, conocida por su perfil sistemático y ordenado, llegue a poner estructura y coherencia a la Cuarta Transformación. Se espera que bajo su liderazgo se fortalezcan los programas sociales existentes y se impulsen nuevos proyectos, como la expansión de energías renovables, la construcción de más vivienda social, la implementación de proyectos de movilidad –como el cablebús en la CDMX–, la simplificación administrativa y un mayor involucramiento ciudadano en una democracia más representativa. Esta transición hacia un gobierno más organizado y metódico podría significar un paso crucial para consolidar los avances sociales y económicos iniciados, sin embargo, hasta ahora, esto no está funcionando para tranquilizar a los mercados, y eso es importante, pues de las inversiones depende que crezca el país, contemos con mayores y mejores empleos y se aproveche el potencial relevante de recaudación fiscal para preservar los programas sociales.

*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.

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