La ética de defender a un presunto culpable o empresa acusada

Según Juan Pablo Reyes, de El Sol de México, el académico Miguel Ontiveros y prestigioso penalista, se encargaría de investigar al exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, sin embargo, "por motivos personales" declinó a horas de asumir oficialmente el cargo en la entonces procuraduría mexiquense. Hoy se encarga de llevar la defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de lavado de dinero y de participar en sobornos dentro del caso Odebrecht.

No conozo personalmente a Miguel Ontiveros. Conozco su intachable prestigio académico y profesional. Sin embargo, a inicios de julio decidió asumir la defensa de Lozoya Austin, luego de que decidiera acelerar su extradición a nuestro país para enfrentar las imputaciones que le hace la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestos delitos cometidos durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Escribo este artículo por dos argumentos que olvida la prensa, y que supone un atentado a la buena fama de las personas: una, que éticamente un abogado puede defender a una persona que la prensa o un sector importante de la población considera culpable. Y el otro, que tiene relación con el anterior, es la presunción de inocencia de la que goza toda persona, se trate de quien se trate, mientras el gobierno -en este caso la Fiscalía- no demuestre con pruebas lícitas que esa persona es culpable y que hay parámetros probados en el expediente (lo que no está en el expediente no forma parte de la verdad legal y es la única que permite éticamente basar al juez su condena, y que en dado de duna, como dice el principio jurídico, in dubio pro reo, es decir, en caso de la duda debe absolverse al presunto culpable. El procesado tiene derecho a una defensa por medios éticos, que desmienta la acusación del Fiscal, si ésta no fundamentó la culpabilidad por medios lícitos.

Y digo esto además, porque la actual administración acusa a jueces de dejar en libertad a supuestos criminales, por falta de pruebas y en principio al presunción de inocencia. Esos jueces obraron de conformidad con la ética jurídica, porque es a la Fiscalía demostrar la culpabilidad de una determinada persona, por pruebas lícitas. Si la Fiscalía no hace su trabajo, el culpable no es el juez, como nos pretende hacer AMLO, sino sus agentes federales, el MP y las Fiscalías ahora ya además autónomas -al menos en el papel-.

Y varios periodistas, cuyos comentarios vamos a señalar a continuación, señalados en Expansión Política, sin argumentos, dañan el prestigio ganado a base de esfuerzo y sin violar la ética jurídica del derecho que tiene todo defensor de defender a un culpable por la prensa o por el gobierno, si éste no logra demostrar durante el proceso la culpabilidad del imputado.

Según La Jornada, Ontiveros representa también a Gilda Austin, madre y coacusada de Lozoya, quien, a decir del abogado, “lleva más de mil días en arraigo domiciliario, después de haber pasado por Ecinco cárceles en Alemania, y el sometimiento que se ha tenido por parte de distintas instituciones en el marco del caso Odebrecht”. Aprovechan para señalar que es investigador nacional por el Conacyt (el ser investigador no impide el ejercicio profesional, sino cumplir unas cargas académicas que además el Dr. Ontiveros cumple a cabalidad, pero he aprovechado no darlo a conocer, para centrarme en los argumentos citados).

Según dice Expansión Política, y otro tanto en el periódico La Jornada: ¿De qué sirve un currículum kilométrico si se usa para aconsejar que su cliente mienta, el gobierno se equivoque y se gasten los recursos del Poder Judicial en defender lo indefendible?

“Que es traductor y no sé qué taaaaantas cosas más”.

Sin embargo, me pregunto, ¿de qué sirve un currículum kilométrico si se usa para aconsejar que su cliente mienta, el gobierno se equivoque y se gasten los recursos del Poder Judicial en defender lo indefendible?

Dicen en los pasillos del Poder Judicial que un CV kilométrico, por lo general, es la tarjeta de presentación de los charlatanes del Derecho, cubrirse de doctorados y estudios y premios y actividades que oculten su manera de manipular la ley y actividades paralelas. ¡Así, como lo están leyendo! Según Rafael Caraveo, periodista, “Ahora bien, y no es por aguarle la fiesta, pero del currículum kilométrico de Ontiveros, resalta que NO es barrista de ningún colegio. ¿Será porque no quiere regirse por los códigos de ética de las barras?

Pues nuevamente les pregunto ¿de qué sirve tanto estudio y rollo y parsimonia “académica” sin un mínimo de integridad? Aquí les dejo dos comentarios centrales e irrefutables… Ontiveros es un prevaricador; defiende y ayuda a partes con intereses contrarios. Me explico, -Ponga mucha atención-

A Lozoya lo asiste, lo incita a mentir para ayudar a la FGR a pesar de que sabe que NO hay pruebas.”

Si el abogado defensor miente comente proceso, ¿apreció algo el juez? ¿Será Ontiveros tan osado por una que le suena al periodista como mentira jugarse el prestigio de su carrera? No creo que lo hiciera por algo tan vanal.

“Al mismo tiempo, perjudica a Lozoya por no poder probar sus dichos y a la Fiscalía por hacerla fallar en sus acusaciones. ¡Quihúboles! ¿Esto es irrefutable o no?”

¿Dónde quedó la prueba? ¿El juez dijo algo?

El sistema de justicia penal es una amplia red de ineficacias y corrupción. La presente investigación, centra su atención en una de las garantías fundamentales que se encuentran consideradas en la Reforma Penal Constitucional en México vigente del 18 de junio del año 2008, específicamente, nos referimos al debido proceso y la presunción de inocencia, bajo el sustento epistemológico del garantismo dentro del contexto del estado de Derecho Social Democrático. La presunción de inocencia y el debido proceso imponen al Estado la obligación de dar a todo ser humano tratamiento de inocente, hasta el momento en que los tribunales, mediante sentencia firme, lo declaren culpable. Entonces, y sólo entonces, podrá el Estado tratar al individuo como culpable. Dar a una persona tratamiento de culpable tanto quiere decir como imponerle una pérdida, o una limitación, de sus derechos.

Los abogados defensores están éticamente obligados a representar celosamente a todos los clientes, incluidos aquellos que creen que serán justamente declarados culpables, así como aquellos que creen que son fácticamente inocentes. Una defensa enérgica es necesaria para proteger a los inocentes y para garantizar que los jueces y los ciudadanos tengan el poder último de decidir quién es culpable de un delito. La Constitución de los Estados Unidos garantiza a todos los ciudadanos el debido proceso y el derecho a la asistencia letrada. Según el canon 7 del Código Modelo de Responsabilidad de la ABA, el deber de un abogado defensor para con su cliente es "representar a su cliente celosamente dentro de los límites de la ley" porque el objetivo de su profesión es ayudar a los ciudadanos en sus casos. Aunque la cultura popular puede detestar el trabajo que hacen los abogados penalistas, la función de un abogado es crucial para mantener la justicia y asegurar resultados justos para cualquiera que se enfrente a cargos legales. A decir verdad, un abogado defensor casi nunca sabe realmente si el acusado es culpable o no del delito imputado. Incluso si dice que es culpable, en realidad puede no serlo y puede estar mintiendo para cargar con la culpa de alguien a quien quiere proteger. El acusado puede haber realizado el acto del que se le acusa, pero el cliente puede tener una fuerte defensa que le exonere. Debido a estas razones, es probable que el abogado defensor no pregunte a su cliente si realmente cometió el delito o no. Más bien, un buen abogado utiliza los hechos para presentar la mejor defensa posible y deja la cuestión de la culpabilidad al juez.

Los abogados de defensa criminal están cumpliendo con su deber de defender a un ciudadano cuyos derechos están protegidos por la Constitución de los Estados Unidos y no pueden ser quitados fácilmente. Si usted o un ser querido ha sido acusado de un delito, es importante que se ponga en contacto con un abogado de defensa penal para que le ayude a luchar enérgicamente contra su caso. Como acusado, debe escuchar a su abogado sobre los derechos que tiene según la Constitución de los Estados Unidos, y entender la diferencia entre la culpabilidad de hecho y la culpabilidad legal. En The Defenders, nuestros abogados calificados han tratado cientos de casos y tienen la experiencia de representar a los acusados en la corte. Nuestros abogados saben cómo luchar agresivamente por sus derechos y conocen el sistema legal de los Estados Unidos mejor que nadie.

El derecho a la defensa no es cuestión de currículum, sino de la confianza del acusado en su abogado defensor. Además, como señala la cita anterior, luego la prensa y la sociedad considera como culpables gente que en el proceso se demuestra que no.

Ojalá el nuevo gobierno respete estas reglas mínimas de todo procesado a su presunción de inocencia y el derecho de los abogados defensores a defender sin vincular ninguna norma ética a un acusado. De otro, modo se romperá el ya de por sí maltrecho Estado de Derecho y viviremos, como en la época nazi, al derecho penal, como mera excusa para perseguir al enemigo, violando además la libertad de expresión. Los derechos humanos no son vana poesía: su falta de respeto a dado a los peores tiranos como Mao, Lenin, Stalin y Hitler.