Quién no recuerda el llamado del entonces Presidente Fox a changarrizar a la economía. México es una economía de changarros, la mayoría de ellos operando en la ilegalidad, lo que explica en gran medida el prácticamente nulo crecimiento de la productividad de los factores de la producción y, en consecuencia, el también muy bajo crecimiento del PIB por habitante.

Los changarros se caracterizan por dos elementos clave: son empresas con muy pocos empleados -normalmente menos de cinco- y la tecnología de producción que utilizan es obsoleta, sino primitiva; esto en conjunto les impide tener economías a escala y de alcance, lo que se traduce, en consecuencia, en una muy baja productividad, tanto del capital invertido en la empresa como la de los trabajadores que en ellas laboran. Adicionalmente hay otros dos elementos: evaden impuestos y las contribuciones al sistema de seguridad social, lo que constituye una competencia desleal en contra de las empresas legalmente establecidas.

Resulta obvio lo indispensable que es acabar con los changarros y que la mano de obra allí empleada migre hacia las empresas legalmente establecidas que, por su tamaño y tecnología utilizada, tienen naturalmente una mayor productividad. La pregunta es: ¿cómo? Son tres instrumentos de política económica a los que se tienen que recurrir. Primero la fiscal. Es indispensable que Hacienda y el IMSS realicen un serio esfuerzo de fiscalización. El argumento que se ha utilizado para no hacerlo es que los costos de tal fiscalización serían mayores a lo que se recaudaría, tanto en impuestos como en las contribuciones al sistema de seguridad social. Aunque esto pudiese ser cierto, mientras el gobierno federal siga permitiendo su operación ilegal, la productividad media de la economía seguirá siendo muy baja y, además, estancada.

Segundo, una efectiva y profunda política de desregulación. Uno de los grandes problemas es que los costos de abrir y operar una empresa legalmente son muy altos. Los costos notariales extremadamente elevados, que representan 60% de los costos totales de abrir una empresa, son un elemento que lleva a muchos empresarios a estar en la ilegalidad, por lo que es indispensable romper este cartel y generar competencia entre notarios para bajar los precios. Además, están los gastos regulatorios como tales: permisos y licencias que hay que obtener en los tres niveles de gobierno encarecen el proceso de apertura de empresas y generan el incentivo para operar en la ilegalidad. Al respecto, aunque al nivel del gobierno federal sí ha habido un esfuerzo de desregulación, lo mismo no sucede al nivel de los gobiernos estatales y municipales, con el agravante de que son procesos caracterizados por una notoria corrupción de los funcionarios públicos. Mientras no se actúe en este aspecto, difícilmente se podrá eliminar la changarrización de la economía.

Finalmente, el tercer elemento es la reforma laboral. Dado que los costos de despido son muy elevados, contratar trabajadores también es muy caro. Además, la legislación laboral vigente contiene elementos como es el escalafón ciego, que tiene un sesgo en contra de la introducción de tecnología moderna de producción. Urge una profunda reforma legal del mercado de trabajo que baje los costos para las empresas y haga que este mercado opere con una mayor flexibilidad.

[email protected]