La autonomía de las instituciones

Durante las últimas semanas, la sucesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado al centro de la conversación nacional. Más allá de la “politiquería”, la saga de la SCJN que empezó con la revelación del plagio de la ministra Esquivel y continuó el lunes con la elección de la ministra Norma Piña para presidir la Corte durante los próximos cuatro años, tristemente ilustra el estado de las instituciones de nuestro país y, a la vez parece ser un resquicio de esperanza.

Una de las explicaciones más convincentes para entender qué falló en México en los últimos 30 años, donde tuvimos un crecimiento económico mediocre cuando las condiciones estaban puestas para que México creciera al 6-7% alto, es el fracaso institucional.

En este contexto, instituciones son la serie de normas, formales e informales, que determinan las reglas del juego de la vida económica y son determinantes para fomentar un ambiente de certidumbre y predictibilidad que incentive la actividad económica. Estas incluyen instituciones formales como las leyes y los mecanismos de resolución de disputas. Pero también instituciones informales como la legitimidad de las decisiones de las cortes o del Estado. En el mundo de literatura sobre instituciones destacan un factor para que las instituciones sean eficaces: la autonomía.

En México, hemos fallado en esta materia. Aunque contamos con ciertas instituciones funcionales, que por ejemplo garantizan los procesos democráticos y la transmisión pacífica del poder como el INE, la realidad es que nuestras instituciones son corruptas, ineficaces y, por lo general, subordinadas a intereses privados o políticos. Si bien nuestras instituciones estaban muy lejos de ser perfectas, lo que hemos visto en los últimos cuatro años es un retroceso generalizado. Este gobierno se ha enfocado en capturar y erosionar lo poco que teníamos. En algunos casos a través de la austeridad se ha destruido la incipiente eficacia que tenían algunas instituciones. Y, en otros, su autonomía ha desparecido y a través del nombramiento de incondicionales como es el caso de la CNDH.

La saga del plagio es tristemente reveladora del desprecio que tenemos en el país por las instituciones. En prácticamente cualquier país del mundo, independientemente de su culpabilidad —que en este caso es bastante obvia— la ministra Esquivel hubiera retirado su candidatura a presidir la Corte y se hubiera separado del cargo hasta que se esclareciera el asunto. Y esta difícil decisión, la hubiera tomado para proteger la legitimidad de un de las instituciones más importantes que tenemos, la SCJN. Esta historia, como muchas otras, deja claro como la solidez y legitimidad institucional son preocupaciones menores frente a los cotos de poder y los intereses particulares.

Sin embargo, lo que sucedió el lunes, la elección de la ministra Piña como presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, pareciera abrir un espacio para todavía creer en la autonomía de nuestras instituciones. Más allá del nombramiento de la ministra Piña —que es alguien que cuenta con las credenciales de sobra para ocupar ambos puestos— lo más importante del lunes es que los ministros de la SCJN mostraron autonomía frente a las presiones de la mañanera y de Palacio Nacional no eligiendo a la candidata predilecta del presidente.

Quizá el andamiaje institucional creado por los regímenes de la transición no es tan frágil como algunos pensamos y resistirá los embates de este gobierno. La primera partida se jugó esta semana, veremos qué pasa con el INE en las próximas semanas.