La Constitución Política de la Ciudad de México, que en varios aspectos es polémica por su fondo y su forma, es la única de las constituciones locales que prevé la mediación y a un Centro de Justicia Alternativa.

El marco legal que aún rige la mediación en la Ciudad de México está en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, el Código Civil para el Distrito Federal, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la Ley Registral para el Distrito Federal, y la Ley de Cultura Cívica para la Ciudad de México, principalmente. La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México otorgó carta de naturalización en la legislación, a la mediación comunitaria, desde 2017.

Además, el marco normativo se complementa con el Reglamento Interno del Centro de Justicia Alternativa, las Reglas del Mediador Privado y la Norma Técnica de Competencias Laborales del Mediador.

El Centro de Justicia Alternativa ha sido responsable de administrar y desarrollar la mediación como método alterno de gestión y resolución de conflictos, así como para prevenirlos, en el Poder Judicial de la Ciudad de México, y ofrecer el servicio de mediación a sus habitantes. Los servicios de mediación a su cargo con el tiempo se fueron adicionando en distintas materias y modalidades: mediación familiar en 2003; mediación civil-mercantil en 2006; mediación penal en 2007; mediación en justicia para adolescentes en 2008; mediación privada en 2010; mediación para todos los ámbitos de interacción social en 2013, y mediación a cargo de secretarios actuarios en 2013.

La legislación en materia de justicia alternativa de la Ciudad de México es todavía la más avanzada a nivel nacional y ha merecido reconocimientos dentro y fuera del país. Sin embargo, a partir de la promulgación de la Constitución capitalina, que provocó una euforia legislativa, resultado de la actualización que implica la nueva disposición constitucional, ha propiciado que a partir del próximo 1º de junio, empiece a degradarse dicho marco normativo. Es de hacer notar que en varias iniciativas se observa la ausencia de rigor por lo que hace a técnica legislativa y aun gramatical.

Una de esas disposiciones es la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, que entrará en vigor este 1º de junio, con excepción de las disposiciones relativas al Consejo Judicial Ciudadano y el Consejo de la Judicatura, que iniciarán su vigencia el 1º de octubre de este año.

El nuevo ordenamiento se refiere a los mecanismos alternativos de solución de controversias, regula además de la mediación, la conciliación y el arbitraje y al Centro de Justicia Alternativa. El legislador no tomó en cuenta que la inclusión de la conciliación y del arbitraje no está prevista en la disposición constitucional, por lo que su aplicación será cuestionable.

Una novedad que seguramente será positiva, se refiere a que el Consejo de la Judicatura emitirá convocatoria pública y abierta para que se concurse por el cargo de titular del Centro de Justicia Alternativa, con ello se pretende garantizar que esa designación o elección recaiga en un profesional con experiencia en la materia y sea ajena a favoritismos.

Los últimos tres titulares de esa institución han sido designados sin reunir los requisitos que expresamente establece la Ley, lo que ha implicado un grave deterioro a dicho Centro y a la cancelación de la política pública de mediación construida y ejecutada con anterioridad, en perjuicio de los usuarios de los servicios de mediación en la capital del país.

Otra novedad en el marco legal es la Iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se Abroga la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y se Crea (sic) la Nueva Ley de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la Ciudad de México, que aprobó en abril de 2018 el pleno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, aunque su promulgación y publicación está en trámite.

La Ley de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la Ciudad de México, de transformarse en derecho positivo al entrar en vigor, será una disposición que irá contra la corriente y será cuestionable por lo que hace a su constitucionalidad, además de estar plagada de otras imprecisiones.

En efecto, mientras la tendencia general en Europa, Sudamérica, México con 23 de las 28 leyes locales y la propia Constitución de la Ciudad de México es reconocer a la mediación como el mecanismo alternativo de solución de controversias por excelencia. El ordenamiento que se comenta desarrolla expresamente la conciliación e incluye el arbitraje, mecanismos que, como ya se indicó, no se prevén en la Constitución capitalina. En el caso del arbitraje, incluye tribunales arbitrales en el Centro de Justicia Alternativa integrados por árbitros públicos. No parece conveniente la existencia de este tipo de tribunales dentro del Poder Judicial.

También regula los aspectos de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y de justicia para adolescentes, lo que propiciará que se interpongan controversias constitucionales, pues en esos ámbitos las entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, ya no pueden expedir, bajo ninguna circunstancia, legislación en esas materias.

El autor es Abogado y mediador profesional.

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Pascual Hernández Mergoldd

Abogado y mediador profesional

Columna invitada