Como hemos referido en anteriores artículos de esta serie que publica El Economista, la mediación es —sin lugar a dudas— el mecanismo alternativo de solución de controversias más eficaz, en el que la participación directa de las personas involucradas, es indispensable. 

Existen varias definiciones de mediación que, en resumen, nos revelan que se trata de una negociación entre varias partes que comparten una controversia, asistidas por un mediador, cuya labor es facilitar la comunicación de manera respetuosa entre los involucrados en la que construyen acuerdos a partir de sus decisiones. Ofrece diversas ventajas sobre el litigio, su lógica es encontrar la comunicación adecuada para el logro de soluciones negociadas.

Debe tenerse presente que un requisito sine qua non para ofrecer servicios de mediación es la existencia de un mediador, que no surge de manera espontánea, ni por virtud de un nombramiento, sino como resultado de una capacitación especializada de alto rigor académico.

Se trata de una negociación asistida por un tercero, un profesional de la mediación.

Como se ha comentado, el movimiento de adopción de mecanismos alternativos de solución de controversias legales en México, particularmente la mediación, surgió a nivel de las entidades federativas a partir de 1997. Actualmente existen treinta entidades federativas que cuentan con instituciones especializadas en la prestación de servicios para la gestión y resolución de controversias en sede judicial utilizando mecanismos alternativos, veintiocho de esas entidades federativas les han dado fijeza a sus respectivas políticas de justicia alternativa en la legislación, de las cuales veintitrés prevén expresamente la mediación y sólo diez prevén la mediación privada.

La insuficiente disponibilidad de recursos fiscales para financiar el crecimiento de la capacidad instalada de los centros de justicia alternativa o de mediación en sede judicial, tales como aumento de personal calificado con la subsecuente dotación de infraestructura y equipo, para atender oportunamente y con la calidad requerida la demanda de servicios, al ritmo de su crecimiento, no debe ser una limitación para impulsar la mediación como una alternativa atractiva y conveniente en la solución de conflictos, pues la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos es una opción real para lograr la ampliación de coberturas. En el caso de la mediación, a través de personal calificado, certificado y registrado por el centro o instituto de justicia alternativa, dependiente del poder judicial que corresponda.

Precisamente la adopción del modelo de mediación privada resulta no sólo conveniente, sino necesaria ante las limitadas posibilidades presupuestales de los Poderes Judicial locales.

El modelo de mediación privada más avanzado y reconocido no sólo a nivel nacional, sino en otras latitudes, es el que se desarrolló en la Ciudad de México.

Constituye un régimen de descentralización por colaboración, donde el Tribunal Superior de Justicia autoriza a profesionales que reúnen determinados requisitos, sujetos a una preparación técnica especializada, para ofrecer y proporcionar los servicios de mediación para la solución de controversias, bajo la supervisión del propio órgano judicial. Se rige por diversas disposiciones de carácter legal y administrativo. Dicho modelo cuenta con el reconocimiento de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la recomendación de que se replique en todo el país. Sin duda esa es la razón por la que la iniciativa de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, ha hecho suyo ese modelo.

La naturaleza jurídica del mediador privado es de carácter mixto, es decir pública-privada. Se trata de un particular, profesional independiente, sujeto a procesos de capacitación, certificación, registro, supervisión y verificación por parte del Tribunal que corresponda, para garantizar la calidad del servicio, entre otros aspectos.

En el ámbito de la prestación de los servicios de mediación, es la supervisión una herramienta indispensable para verificar que el servicio que proporcione el mediador privado y el establecimiento autorizado, conocido como módulo de mediación, se apeguen a determinados estándares, previamente definidos.

Algunos centros de justicia alternativa e institutos que ofrecen los servicios de mecanismos alternativos de solución de controversias en sede judicial, realizan acciones de supervisión en torno al servicio privado de mediación.

El poder judicial que, a través de su centro o instituto de justicia alternativa cuenta con la modalidad de la mediación privada, está obligado a la supervisión constante de los servicios a cargo de los mediadores privados y del funcionamiento de los módulos de mediación privada para mantenerlos dentro de niveles superiores de calidad, lo cual es posible con las acciones de capacitación, registro, monitoreo y la aplicación de medidas disciplinarias cuando ello fuese necesario.

En la legislación de la Ciudad de México se dota de fe pública judicial a los mediadores privados certificados y los reconoce expresamente como auxiliares de la administración de justicia. Este modelo debe ser adoptado a nivel nacional ya que permite que el mediador privado de fe de la personalidad de los comparecientes y expida copias certificadas de los convenios registrados, en los que haya intervenido. 

Desde el inicio de los servicios de mediación a cargo de mediadores privados, en enero de 2010, se han mostrado sus ventajas, sobre todo al ampliar la cobertura de servicios sin que ello gravite en el erario. 

Pascual Hernandez Mergoldd  es abogado y mediador profesional. 

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Twitter: @Phmergoldd

Pascual Hernández Mergoldd

Abogado y mediador profesional

Columna invitada