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La Cultura de la Paz, Encuestas y Plan C
En un Estado corrompido se dictan muchísimas leyes.
Tácito
A pesar del menosprecio del mandatario a la Constitución, a la legislación que de ella emana y al Estado de Derecho, en realidad reconoce que la mayoría de los mexicanos sí creemos en el Derecho e invocamos la Constitución y a las leyes. Ese reconocimiento se confirma con sus múltiples iniciativas de ley y de reformas Constitucionales, incluido su Plan C.
Con la victoria de la virtual presidenta electa surgió una nueva esperanza en torno a la cultura de la paz por la reconstrucción del país y del tejido social, por la disminución de la violencia y por detener la destrucción de las instituciones del Estado Mexicano.
Sin embrago, a partir de la aparente obediencia al mandatario saliente, el posible beneficio de la duda se disipa. Tal es el caso del anuncio de que la reforma constitucional para trastocar al poder judicial sí va, que se refiere a la modificación de la forma en que se designarán, con una pretendida democratización, a los principales cargos de prácticamente todos los poderes judiciales del país, reforma que podrá imponerse a partir de una abusiva y cuestionada sobrerrepresentación legislativa que no se obtuvo en las urnas, combinada con la sumisión de legisladores de los partidos afines al presidente y a la virtual presidenta electa que se traduce en la neutralización del Poder Legislativo.
Podemos apostar a que senadores y diputados en funciones, así como los que integrarán la LXVI Legislatura, excepcionalmente conocen el contenido de la reforma que se comenta y desconocen la integración de los poderes judiciales del país, así como los requisitos para ser juzgador.
De esa forma será difícil detener el avance en la demolición de los poderes judiciales con la que además se violará el T-MEC y se socavará la certidumbre para la inversión en proyectos de largo plazo en perjuicio de todos.
Parece ignorarse que el actual método de designación de ministros previsto en la Constitución simula un equilibrio de poderes en el que supuestamente es el Senado quien tiene la última palabra cuando en realidad se otorga un poder desmedido al Presidente de la República ya que, si el Senado rechaza una segunda terna, el Presidente tiene la facultad constitucional de nombrar unilateralmente a la ministra o ministro de su preferencia por dedazo, como ocurrió recientemente. A nivel local, en la mayoría de las entidades federativas los magistrados y presidentes de tribunales de justicia son prácticamente designados por los gobernadores.
Resulta curioso que se proponga que ministros y magistrados sean electos popularmente para acabar con la corrupción y se omita una propuesta similar, con el mismo propósito, para elegir con el voto popular a secretarios y subsecretarios, fiscales generales, titulares de entidades paraestatales, generales, almirantes, embajadores y otros servidores públicos cuyas acciones u omisiones afectan, en muchos casos, a toda la población. Seguramente si se consultara seriamente este supuesto sería aceptado abrumadoramente.
Recordemos que hace casi seis años a pesar de los cientos de millones de pesos invertidos y el avance de obra de lo que sería el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y de la recomendación de quienes serían los titulares de Hacienda y Comunicaciones, el entonces presidente electo impulsó una supuesta consulta para justificar la cancelación del nuevo aeropuerto y tirar a la basura más de 332 mil millones de pesos que seguimos pagando.
Ahora, con la adhesión de la candidata ganadora, se ordenó al partido oficial aplicar una supuesta consulta para imponer la reforma constitucional, dentro de su denominado Plan C, para capturar a los poderes judiciales y debilitar el contrapeso que es el Poder Judicial Federal. Más de mil 600 juzgadores federales dejarían sus puestos a personas que tendrán votos, pero difícilmente la formación necesaria. En ambos casos se ha abusado del escaso o nulo conocimiento de la ciudadanía respecto de los temas que se consultan con preguntas a modo para obtener respuestas convenientes a sus ocurrencias.
En el tema de la administración de justicia es evidente la necesidad de reformas importantes para modificar los métodos de selección de ministros y para fortalecer a tribunales y juzgadores en beneficio de la ciudadanía que garanticen el acceso a la justicia pronta y expedita a todos. La aplicación del Plan C para desmantelar y partidizar a todos los poderes judiciales del país no persigue esos objetivos. En sentido opuesto operará la reciente modificación a la Ley de Amparo que restringe la protección de la justicia a la ciudadanía.
So pretexto de que magistrados y jueces liberan a criminales, es que se pretende aplicar una purga. Sin embargo, se recuerda que el mandatario liberó al narcotraficante Ovidio Guzmán. Además, con la entrada en vigor de las modificaciones a la Ley de Amnistía que facultan al Presidente a perdonar delitos de manera directa, sin necesidad de procedimiento alguno, se concentra más el poder presidencial con el que podrá liberar a todo tipo de delincuentes y propiciar una mayor impunidad.
Debemos ser conscientes de que los nuevos problemas a los que nos enfrentamos no pueden ser resueltos con la elección directa de jueces, magistrados y ministros ni con la creación de más tribunales, que –por cierto- de prevalecer la actual escasez de recursos públicos, no sería posible.
Es muy importante distinguir entre la administración de justicia y el acceso a la justicia, aquélla está a cargo de juzgadores y tribunales y en éste participan mediadores y centros de justicia alternativa que aplican los mecanismos pacíficos de solución de controversias, particularmente la mediación, verdadera expresión de la justicia, en la que los involucrados participan directamente en la construcción de su solución.
Lamentablemente, como hemos comentado en anteriores entregas, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, cuyo objeto debiera ser el de fortalecer y consolidar un sistema mexicano de acceso a la justicia autocompositiva, va en sentido contrario.
Apostemos por la cultura del diálogo, consenso y acuerdo en las relaciones en todos los ámbitos de interacción social y en cualquier espacio para propiciar la reconstrucción del tejido social y hacer posible la cultura de la paz.
*El autor es abogado y mediador profesional.
X: @Phmergoldd
