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La Cultura de la Paz, Democracia, Corrupción y Autoritarismo
Permanece con un líder cuando esté en lo correcto, pero déjalo cuando ya no lo esté.
Abraham Lincoln
Cuando las cosas van mal, se pueden mejorar si la política va bien. Pero cuando la política va mal, hasta lo que iba bien se puede deteriorar, tal es el caso de lo que ocurre en varios países de América Latina, México entre ellos. En nuestro caso, debido a la agresiva política de debilitamiento de las instituciones, del Estado de Derecho y la contracción del gasto público en rubros como el de salud y el de educación, que ha determinado el presidente, entre otras acciones.Urge reflexionar respecto de la corrección del rumbo en beneficio de todos y no sólo de la clientela del régimen, a la que se le hace creer -con espejitos- que las medidas y ocurrencias que se instrumentan son para elevar su bienestar.
El denigrante servilismo que dispensan los legisladores de los partidos afines al presidente ha propiciado la neutralización del Poder Legislativo. Por ello un gran reto para la República es revertir esa nociva conducta, lo que implica que todos los diputados y senadores actúen evitando el desprestigio a la investidura que ostentan y teniendo en cuenta la importancia que significa formar parte de ese Poder, que no es subordinado del Ejecutivo y que su trabajo, que requiere de la mayor responsabilidad, se traduzca en salvaguardar la división de poderes y a los órganos autónomos, así como en la aprobación de leyes y decretos fundados en la Constitución, bien estudiados y apegados a las técnicas legislativas. Todo ello en un marco de conciliación de posiciones para forjar la racionalidad jurídica que contribuya al fortalecimiento del Estado de Derecho y por tanto a la restauración de la cordialidad y del tejido social.
Los legisladores afines al presidente han olvidado que son representantes del pueblo y que el pueblo NO es el inquilino de Palacio Nacional.
So pretexto de una supuesta austeridad en materia electoral, se ha pretendido disfrazar el ataque al INE, que para algunos es una especie de golpe de Estado contra nuestro régimen constitucional.
Es conveniente dimensionar los derroches destructivos del actual gobierno para compararlo con el costo de la operación de nuestro árbitro electoral. Desde su fundación el INE ha requerido de 108 mil millones de pesos y sus resultados han sido palpables, efectivos y positivos, dicha cantidad resulta inferior a los más de 113 mil millones de pesos que se tiraron a la basura para cancelar la construcción del NAIM. Ni hablar de la refinería Dos Bocas que nos costará 360 mil millones de pesos, más del doble de lo originalmente presupuestado, que no funciona a pesar de que ya se inauguró, cantidad que significa más de tres veces lo que nos ha costado el INE desde que se fundó.
Nadie querrá, en su sano juicio, una autoridad electoral ineficaz, débil ni manipulable con características similares al INSABI o al AIFA en lugar del INE, que ha mostrado ser un árbitro firme e imparcial y que ha podido disciplinar a los contendientes.
Tristemente los legisladores afines al gobierno permiten ser usados, humillados y despreciados por el inquilino de Palacio Nacional de manera constante. Los diputados mostraron un servilismo mayúsculo al aprobar en “fast track” la iniciativa presidencial para lastimar al INE y al Tribunal Electoral, acción denominada Plan B.
Se trata de un paquete de reformas a más de 450 artículos de seis leyes, cinco de ellas generales, contenidas en un extenso documento plagado de ilegalidades y prácticas antidemocráticas para fracturar la democracia mexicana.
Ante la imposibilidad de destrucción absoluta del INE, el presidente tiene como propósito el obstaculizar, por todas las vías, la capacidad operativa del INE y propiciar la manipulación de los procesos electorales por el gobierno de tal suerte que pueda tener manga ancha para la irregularidad en el financiamiento, en la propaganda, actos anticipados de campaña, parcialidad en favor de sus candidatos y hasta en el conteo de votos, sobre todo si se tiene en cuenta que los contendientes serán sus candidatos o candidatas y, por la otra, quienes represente a una alianza opositora.
Con el sistema y el marco jurídico aún vigente resulta imposible hacer trampa por la organización y el arbitraje a cargo del INE, de ahí la importancia de que no se trastoque, que se respeten sus facultades, órganos, estructura y recursos.
Como sea, se vio en los pasados procesos electores que, por órdenes del inquilino de Palacio Nacional, con amenazas y compra de votos se influyera en la voluntad de los electores y que por segundo año consecutivo se recortaran drásticamente los recursos financieros al INE.
El Plan B que se comenta, se concretó como reacción al rechazo por parte de los diputados del PAN, PRI, PRD Y MC que, actuando nacionalista y responsablemente, votaron en contra de la reforma electoral que requería de modificar la Constitución.
En uno de sus frecuentes actos de cinismo, al ser descubiertas algunas de las medidas tramposas que contiene la iniciativa presidencial, en su explicación, el mandatario indicó que había sido obra de un duende.
Evidentemente, ninguno de sus serviles diputados leyó el contenido de semejantes disparates y así enviaron su minuta al Senado de la República, donde los senadores afines tampoco la han leído. De esa forma será difícil detener el avance en la demolición de instituciones.
Tristemente, senadores adscritos a la voluntad del presidente, en un alarde de lealtad ciega, han aplicado en comisiones el “mayoriteo” con el propósito de avanzar en la destrucción de las instituciones democráticas.
Con un INE debilitado, con menores recursos y con leyes permisivas, el gobierno podrá asumir una postura de abierto proselitismo para garantizar el triunfo de sus candidatos y el regreso a las peores épocas del partido único.
Siendo el combate a la corrupción una bandera del presidente y una cotidiana cantaleta en sus presentaciones matutinas, la opacidad que impera en la administración pública para otorgar contratos de obra pública, arrendamientos y adquisiciones en combinación con el manto de impunidad que protege a sus allegados, propician una creciente corrupción. Por ello no es extraño que México ocupe el nada honroso cuarto lugar de los países más corruptos, después de Rusia, Irán y Colombia, conforme a la lista publicada por US News el pasado 9 de diciembre, con motivo del Día Mundial Contra la Corrupción. Casi el 60% de la población mexicana considera la corrupción como uno de los principales problemas y en 2021 el costo promedio de la corrupción por persona fue del orden de los tres mil pesos. Los países menos corruptos son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelandia.
El autoritarismo en gobiernos de Latinoamérica, como los que se padecen en Cuba, Nicaragua y Venezuela, principalmente, ha sido frenado en Perú y en Argentina. Recién fuimos testigos de cómo fracasó el presidente de Perú en su intento de dar un auto golpe de Estado, quiso destruir las instituciones de su país, mismas que reaccionaron a tiempo y ordenaron su destitución y detención. De esa forma salvaron su democracia. Su gestión causó daños profundos a su economía e instituciones que tomará años restaurar.
Por su parte, la vicepresidenta de Argentina fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitada para ejercer cargos públicos de por vida, pues quedó demostrada la comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio de su país.
En México esta fecha podrá ser clave para el avance o rechazo del autoritarismo en nuestro país.
De ser aprobado el paquete de reformas, dentro del Plan B del inquilino de Palacio Nacional, integrado por disposiciones violatorias a la Constitución, solamente quedará la Suprema Corte como último baluarte para detener esta especie de golpe de Estado contra nuestro régimen constitucional.
*El autor es abogado y mediador profesional.
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