Justicia o ley

En los Estados premodernos la voluntad del monarca absoluto era considerada al mismo tiempo como sinónimo de justicia y gracia. No había ordenamiento que limitara su poder de actuación más que el proveniente de Dios, lo que en la práctica implicaba impunidad sin cortapisa alguna. Una de las características de la modernidad fue la construcción de normas obligatorias para todos los ciudadanos incluyendo a los gobernantes, de manera tal que la convivencia fuese posible sin depender de un poder absoluto incontenible.

Fue esto lo que derivó en lo que conocemos como el Estado de Derecho, donde un sistema jurídico impide al gobernante abusar de sus atribuciones, al mismo tiempo que impone normas de conducta obligatorias a los individuos para evitar una lucha despiadada entre ellos por la apropiación de bienes y privilegios.

En este sentido, la justicia entendida como aquello que todo ser humano debe recibir por naturaleza propia, no debe ser proporcionada de forma discrecional por un gobernante por más honesto que pueda parecer. La justicia debe estar estrictamente conectada a un sistema jurídico eficaz y expedito capaz de aplicar la ley sin prejuicios, pero también atendiendo a cada caso en particular para evitar una aplicación deshumanizada de la norma.

Es esta la diferencia existente entre López Obrador y Monreal de acuerdo a lo expresado por el propio presidente. Para AMLO el principio de justicia radica en su visión personal de aquello que es correcto y de lo que no lo es y que, como dueño del poder, está obligado a actuar incluso por encima de lo que las disposiciones legales disponen. Es el monarca absoluto impartiendo justicia desde la posición más alta de un régimen autoritario.

Ricardo Monreal insiste en su apego al respeto a la norma. Por más que intente identificarse con el caudillo ve imposible conciliar medidas como la destrucción del INE con el texto constitucional que lo protege. En todo caso, para poder complacer al monarca, habría que modificar el texto de la Carta Magna y para ello carecen de los votos necesarios en el Congreso. Por ello el llamado de López Obrador el pasado 5 de febrero a abolir aquellas modificaciones constitucionales aprobadas durante el “periodo neoliberal”.

En la lógica del presidencialismo absoluto lo que no se puede resolver mediante el derecho se resuelve a través de la justicia. Es decir lo que la ley no le permite al monarca para poner en práctica su interpretación de lo que considera justo, se consigue a través del decreto divino de la “justicia presidencial”, que no es más que una expresión del abuso de poder de un gobernante.

Un país sin ley es una jungla donde no hay espacio para la convivencia social. México no era en el pasado un ejemplo de institucionalidad legal. Hoy hemos descendido varios peldaños más.