Justicia cotidiana

La justicia no debe ser un privilegio ni algo tortuoso o incomprensible. Las cosas deben empezar a cambiar en México, como ya ocurrió en otras naciones latinoamericanas como Brasil, Ecuador y Colombia, donde actualizaron sus procesos civiles para una mejor justicia familiar y civil.

Cuando los mexicanos tienen conflictos relacionados con divorcios, herencias, adopciones, patria potestad, custodia, pensiones, litigios mercantiles, arrendamiento de inmuebles y conflictos vecinales, deben enfrentarse al aparato de la justicia cotidiana que, generalmente, se convierte en un calvario.

No importa la entidad federativa ni el color del gobierno. Prácticamente sin excepciones, los particulares se enfrentan a los “coyotes” que merodean alrededor de los juzgados, lentitud en la resolución de los pleitos y hasta la solicitud de moches, para “avanzar su asunto”.

Desde 2017 se aprobó una reforma constitucional con la mirada puesta en una justicia para todos. En 2019, la Encuesta a Población General del World Justice Project (WJP) concluyó que el sistema de justicia cotidiana en México es deficiente porque los procesos son largos, costosos y poco adaptables a las circunstancias.

Pese a la gravedad de los problemas y al tamaño del reto, el Poder Legislativo tardó prácticamente seis años en cumplir con su responsabilidad. Fue la senadora Olga Sánchez Cordero quien impulsó decididamente los cambios y logró sumar la experiencia y aportaciones de organizaciones sociales, académicas, barras de abogados, diversas instancias gubernamentales federales, estatales y poderes judiciales locales y federal.

La reforma se concretó finalmente apenas este mes de abril cuando el Congreso mexicano aprobó la creación de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual homologa acciones, mecanismos, plazos, reglas, normas, criterios y términos para la solución de conflictos, en todo el país.

Hay algunas garantías que resultan básicas en esta reforma histórica: la atención gratuita y expedita de los casos; la oralidad de los juicios; la protección de los derechos de las mujeres, menores de edad y personas discapacitadas; la defensa de los intereses colectivos; la utilización de medios alternativos de solución de controversias -como la conciliación o la mediación-, y el uso de tecnologías digitales.

El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares entrará en vigor hasta 2027, porque las entidades federativas deben eliminar sus códigos locales y todos los operadores del sistema deben ser capacitados, para que la llamada justicia cotidiana funcione como “un relojito”.

Jueces, fiscales, trabajadores sociales, peritos, notarios, abogados, personal del Registro Civil, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre muchas otras instituciones involucradas, deberán actualizar su operación y tiempos de atención, en beneficio de más de mil 400 millones de personas que tienen necesidades de justicia civil o administrativa sin resolver.

Difícilmente la clase política se ocupa de atender demandas sociales. Esta vez vimos, en el Senado y en la Cámara de Diputados, el resultado de un trabajo legislativo profesional y esfuerzos reales para alcanzar consensos.

El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es un gran avance y sitúa al sistema jurídico de México, a la vanguardia de los mejores del continente y del mundo. Que así sea.