El estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador constituye una preocupante regresión en el proceso de evolución histórica del Estado Mexicano. Para hablar en términos de la célebre tipología desarrollada por Max Weber, a nuestro país le tomó muchos años y le costó mucha “sangre, sudor y lágrimas” transitar de un modelo de conducción política de carácter “carismático” basado en la manipulación recurrente de emociones y necesidades populares, a un modelo de conducción política de carácter “racional” basado en el funcionamiento sistemático de leyes e instituciones.

Con López Obrador nuestro país está experimentando un penoso retorno al “caudillismo”, entendido como una forma de liderazgo político basado en el carisma o poder de persuación de un hombre cuya voluntad personal se ubica por encima de las estructuras constitucionales a través de las cuales, en un auténtico Estado democrático de derecho, debe de manifestarse y realizarse la voluntad soberana de la nación. Si bien una de estas estructuras es precisamente el poder ejecutivo, es necesario tener presente que en una democracia republicana su titular, con independencia del nivel de apoyo popular obtenido en el proceso electoral que le llevó a ocupar el cargo, se encuentra constitucionalmente obligado a operar en el marco de un sistema de pesos y contrapesos integrado por diferentes instancias de poder político.

El poder soberano del Estado no se fragmenta sino que se ejerce de manera diferencial y especializada a través de cada una de estas instancias de poder político que, a nivel doctrinal, se definen y caracterizan como “poderes u órganos constitucionales de gobierno”. Lo anterior implica que la estabilidad integral del Estado democrático de derecho depende tanto de la posibilidad de preservar la unidad, supremacía e independencia de un poder soberano que emana del pueblo y se ejerce a través del gobierno, como de la posibilidad de preservar la autonomía funcional de cada uno de los órganos constitucionales a través de los cuales este poder soberano actúa de manera estratégica sobre la sociedad civil.

Si bien es cierto que leyes, sentencias judiciales y actos ejecutivos constituyen diferentes formas de ejercicio de un poder soberano único, también es cierto que, en el marco de los Estados democráticos de derecho, estas tres expresiones de poder político deben necesariamente emanar de órganos constitucionales institucionalmente diferenciados y provistos de atribuciones claramente definidas en la Constitución y en las leyes orgánicas que emanan de ella. En este sentido, el principio jurídico-político que surge de la doctrina que establece la separación organizacional y funcional de los poderes del gobierno al interior del Estado democrático de derecho es tan relevante en términos de estructuración constitucional como los principios derivados de la doctrina de la soberanía popular y de la doctrina que sustenta el carácter universal de los derechos humanos. Como claramente manifiesta el célebre artículo 16 de la Constitución Francesa de 1791, todo Estado o toda sociedad organizada en términos políticos en la cual no se encuentra establecida la garantía de los derechos del hombre y del ciudadano, ni determinada la separación de los poderes del gobierno, simple y llanamente “carece de Constitución”.

López Obrador ha manifestado de manera recurrente su convicción de que Benito Juárez es el líder histórico cuyo pensamiento y obra inspira el movimiento de transformación nacional que confiere unidad y propósito a su gobierno. López Obrador considera a Benito Juárez como una especie de profeta fundacional de lo que, en el marco del imaginario político que proyecta a través de su narrativa de “transformación”, habrá de ser no sólo una nueva forma histórica del Estado Mexicano sino la forma definitiva y verdaderamente democrática del mismo. La lógica que animó la restauración republicana emprendida por Juárez en el siglo XIX ha vuelto y, en esta ocasión, lo ha hecho para quedarse y para desterrar de una vez por todas de la cultura política nacional el “pensamiento conservador”, esa perversa ideología que hunde sus raíces en el virreinato novohispano y que tanto daño ha hecho a nuestro país tanto de manera directa como de manera soterrada a través de las acciones de tiranos y oligarcas disfrazados de liberales y de revolucionarios. Para López Obrador fue el pensamiento conservador el que provocó el colapso de la república restaurada, el ascenso del Porfiriato, el asesinato de Madero a manos del usurpador Huerta y, por si esto fuera poco, el colapso histórico del proyecto de reivindicación social surgido de la Revolución Mexicana.

De cualquier manera y no obstante su proclamada admiración por el “Benemérito de las Américas”, López Obrador se encuentra situado en las antípodas de Benito Juárez y esto resulta evidente si analizamos los elementos subjetivos que determinan su “estilo personal de gobernar” y que derivan tanto de su perfil psicológico, como de su particular concepción ideológica sobre el origen y legitimidad del poder político. Benito Juárez era un hombre introspectivo, incluso podría decirse que tímido, situación que le convertía en un político discreto, en un estadista riguroso en su actuar y sumamente cuidadoso con el uso de la palabra. Juárez no era dado a pronunciar discursos improvisados y es muy probable que considerase el hablar en público más como una necesidad que como un placer. López Obrador es todo lo contrario. El tabasqueño es un personaje protagónico que busca ávidamente el micrófono y al que verdaderamente le fascina “escucharse a sí mismo”. Lo anterior en gran medida deriva del hecho de que la humildad de Juárez era auténtica mientras que la de López Obrador es una impostura, una máscara.

Para Juárez el pueblo era la gente, la gente de carne y hueso que luchaba por sobrevivir y por conquistar su libertad. La sinceridad e intensidad de su compromiso con México se manifestaba a través de acciones y no a través de palabras. En sus discursos no hablaba continuamente de los pobres y de su amor indeclinable e irreductible por ellos. Juárez, como buen liberal decimonónico, hablaba de la necesidad de educar a la población en el marco de una cultura moderna centrada en la iniciativa individual y en la realización personal, así como de la necesidad de utilizar la ley como instrumento de modernización. El desarrollo de una nueva cultura económica, semejante a la existente en los Estados Unidos de América, así como de un nuevo marco legal que le brindase sustento era el gran objetivo histórico de Juárez y de los ilustres pensadores liberales que conformaron su gabinete. La preocupación central de estos grandes mexicanos era sentar las bases jurídicas e institucionales de un México moderno, libre de estamentos corporativos y de privilegios aristocráticos en donde fuese posible poner en movimiento las fuerzas económicas del mercado para, a través de ellas, lograr el desarrollo y fortalecimiento de la industria y del comercio nacionales.

Juárez era un estadista cuya visión de futuro se expresaba mediante leyes y propuestas claras de acción gubernamental y que siempre tuvo el valor y el sentido de responsabilidad necesarios para tomar decisiones valientes en momentos críticos utilizando la fuerza coactiva del Estado siempre que esto resultaba necesario. López Obrador por el contrario proyecta un discurso estatista y paternalista para con los sectores populares plagado de contradicciones, así como de críticas viscerales y autoelogios infundados, dentro del cual abundan las metáforas y los lugares comunes y son alarmantemente escasas las propuestas serias de política pública.

Juárez era un indígena zapoteca y, como tal, era heredero de una suerte de estoicismo cultural que le impedía hablar obsesivamente de sí mismo y que, por lo mismo, le hacía imposible jactarse de su “honestidad”, de su “patriotismo” y de su “humanismo”. López Obrador por el contrario no pierde oportunidad para exponer sus supuestas virtudes. La tan repetida expresión de “no somos iguales” constituye una clara manifestación de su profundo egocentrismo. Con esta absurda expresión, el tabasqueño pretende poner de manifiesto el hecho de que México es un país diferente desde el momento mismo en que el pueblo tomó la sabia decisión de ponerle al frente del gobierno federal. A diferencia de Juárez que se concebía a sí mismo como un político sobre el cual cayó de manera contingente la enorme responsabilidad de estar al frente del gobierno federal en una coyuntura histórica de enorme importancia y dificultad histórica para México; López Obrador se concibe a sí mismo como una especie de mesías, como un líder cualitativamente distinto y éticamente superior a sus predecesores. No se concibe a sí mismo como un presidente más sino como “El Presidente”, como el líder providencial de la nación mexicana y en este sentido su ascenso al poder se revela en su mente como producto de una suerte de “necesidad histórica”.

Otra manifestación evidente de la enorme distancia existente entre Juárez y López Obrador radica en el hecho de que mientras el primero fue un estadista plenamente convencido de la necesidad de trascender el fenómeno del caudillismo confiriéndole legalidad e institucionalidad a la vida política del país, el segundo ha puesto continuamente de manifiesto su abierto desprecio por todas aquellas leyes e instituciones que, con independencia de su naturaleza democrática y republicana, entorpecen, limitan o bloquean el cumplimiento de su mesiánica labor de transformación estatal. Mientras Juárez entendió que solamente subordinando la voluntad del gobernante al imperio de la Ley sería posible avanzar en la construcción de la democracia en México, López Obrador está convencido, en el marco de su delirio, de que él y solamente él es su verdadero arquitecto.

Mientras que Benito Juárez fue un líder político moderno que, en muchos sentidos, se adelantó a su tiempo histórico; López Obrador es un caudillo populista cuyo estilo personal de gobernar está dando marcha atrás al reloj de la historia poniendo de manifiesto el hecho de que, en contra de lo que inicialmente llegaron a suponer muchas buenas conciencias, la transición a la democracia supuestamente iniciada en el año 2000 con el triunfo electoral de Vicente Fox, lejos de ser un proceso continuo y ordenado, se ha revelado como un proceso discontinuo y caótico. Ahora podemos tener claro que la construcción de la democracia en México es un proceso histórico de largo plazo que implica profundos cambios estructurales tanto a nivel político como a nivel económico y social. El “sufragio efectivo” se ha revelado finalmente como una condición necesaria más no suficiente para la existencia de una verdadera democracia en nuestro país. No se trata de “adjetivar” la democracia sino de entenderla como lo que realmente es, una forma de organización y funcionamiento del Estado entendido como una totalidad orgánica integrada por un gobierno y una sociedad civil.

De conformidad con lo anterior el ascenso al poder de López Obrador puede ser visto, al mismo tiempo y de manera ciertamente paradójica, como el mayor éxito de la democracia mexicana y como su mayor amenaza. Mientras una visión superficial y estrictamente empírica de la realidad permite afirmar lo primero, una visión estructural revela con claridad lo segundo. Como ha ocurrido en otras naciones, López Obrador y su movimiento se han valido de la existencia del “sufragio efectivo” para acceder al control del gobierno federal a fin de estar en condiciones de ejecutar un proyecto de transformación histórica sustentado en un marco ideológico profundamente autoritario.

Sin el cúmulo de reformas constitucionales, legales e institucionales operadas desde finales del siglo pasado, el arribo de López Obrador a Palacio Nacional habría sido imposible. La nueva institucionalidad derivada de la existencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Nacional Electoral, resultó ser un factor determinante para que el triunfo en las urnas de López Obrador y su movimiento político fuera finalmente reconocido y aceptado por todos los sectores de población y, de manera particularmente importante, por aquellos grupos oligárquicos que históricamente se opusieron al triunfo del tabasqueño. En ausencia de esta particular configuración institucional es muy probable que, tal como ocurrió treinta años atrás con el Frente Democrático Nacional liderado por Cuauhtémoc Cárdenas, la “razón de Estado” propia del régimen autoritario surgido del proceso histórico de la Revolución Mexicana habría terminado por imponerse, como ciertamente lo hizo muchas veces en el pasado, mediante la instrumentación de un fraude electoral. 

Sin embargo, y no obstante lo anterior, resulta evidente que tanto para el Presidente de la República como para el movimiento político que le permitió ganar las elecciones en 2018, la autonomía, e incluso la existencia misma, de estas dos instituciones y, en particular, del Instituto Nacional Electoral, constituye una realidad que se ha tornado crecientemente “incómoda”. En otras palabras y por paradójico que esto resulte, la institucionalidad electoral de carácter democrático que surgió en el seno de un régimen autoritario en decadencia y que hizo posible el ascenso al poder de una oposición abiertamente “anti-sistema” hoy se revela para los nuevos detentadores del poder como un claro obstáculo para la consolidación de su proyecto histórico. Esta situación pone claramente de manifiesto la naturaleza autoritaria de la actual administración presidencial, así como el hecho de que la filosofía política que le anima y que le llevó a conquistar el poder en 2018 dista mucho de ser compatible con el liberalismo político que ha dado forma a las grandes repúblicas democráticas del mundo moderno.

Una manifestación adicional y sumamente importante de esta tendencia al autoritarismo caudillesco radica en la intención de ampliar por dos años el mandato del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia. Detrás de esta estrategia se revela, con independencia de los argumentos esgrimidos para sustentar la legalidad de la decisión, un lamentable intento por lograr la subordinación política del más alto tribunal de la nación al poder presidencial. Este acto ciertamente supone un golpe al proceso histórico de construcción de la democracia en México ya que es precisamente la independencia efectiva del Poder Judicial lo que, en última instancia, garantiza la inviolabilidad de un orden constitucional cuya existencia y plena vigencia ofrece sustento no sólo jurídico sino también ideológico al Estado democrático de derecho. No debemos olvidar que fueron precisamente los integrantes de un poder judicial independiente los que, a través de la célebre operación “manos limpias”, lograron liberar a comienzos de la década de los noventas a la democracia italiana de las garras de una red de intereses criminales sustentada en una oscura asociación entre la mafia y los partidos políticos más importantes del país.

Los discursos y estrategias de acción gubernamental que ha pronunciado y puesto en marcha López Obrador ponen claramente de manifiesto el hecho de que, si bien es posible que una democracia poco desarrollada en términos estructurales engendre un sistema autoritario y populista, es absolutamente imposible que un sistema de este tipo pueda cimentarse sin llevar adelante una demolición sistemática de leyes e instituciones democráticas. La actitud adoptada con relación a la autonomía efectiva de los órganos electorales y del Poder Judicial de la Federación revela que, más allá de las frases juaristas recurrentemente expresadas por el Presidente en las conferencias mañaneras, la lógica política que anima las acciones gubernamentales que emanan de su voluntad no es, como en el caso de Juárez, la lógica del estadista moderno, es decir, la lógica de la razón, las instituciones y el derecho. Por el contrario, a López Obrador le anima la lógica del caudillo populista, es decir, una lógica de articulación política centrada en emociones, lealtades personales, símbolos de poder y en la transmisión propagandística de mensajes simples e impregnados de maniqueísmo que se reiteran continuamente. Dentro de esta lógica populista y demagógica la legitimidad del poder gubernamental depende mucho más de la aceptación que sus acciones tienen entre masas populares poco educadas y mayoritariamente carentes de capacidad crítica, que del apego de las mismas a la racionalidad objetiva, a la legalidad vigente y a los grandes principios fundacionales de los Estados democráticos y republicanos modernos.