Plantear que en la administración pública federal se debe trabajar “al menos ocho horas” y extender el trabajo al sábado pasa por alto derechos laborales y mina los avances en materia de igualdad de género. Conforme a la ley y al discurso oficial a favor de la igualdad, las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a trabajar y a acceder a empleos acordes con sus capacidades. En la práctica, sin embargo, la estructura y dinámica del trabajo y la visión tradicional de los roles de género interfieren con el desarrollo profesional y personal. Mantener o agravar condiciones adversas para ellas perpetuará los estereotipos de género con que hoy todavía lidiamos.

Trabajar y avanzar para las mujeres no ha sido fácil. Como demuestran estudios de la UNAM o el poder judicial, aun cuando haya paridad o mayoría femenina en cargos intermedios, en los cargos más altos predominan los hombres. Hay mujeres capaces, pero los horarios de trabajo, la forma en que se toman las decisiones importantes (reuniones nocturnas) y la costumbre de dejar el trabajo de cuidado y del hogar a las mujeres, les impiden presentarse a las promociones o tomar puestos con mayor responsabilidad. La maternidad, el cuidado de personas enfermas o mayores y el trabajo del hogar, no pagado ni valorado, constituyen una carga adicional que puede reducir la vida de empleadas, obreras o funcionarias a una doble o triple jornada.

La búsqueda de la igualdad de género no puede por ello reducirse a “empoderar” a las mujeres, como plantean, de hecho, muchos programas oficiales, ni a reconocer los méritos de una minoría para tener un gabinete o un Congreso paritario. La paridad le reconoce a las mujeres el mismo derecho a ejercer el poder que a los hombres. Reconocer las capacidades de las mujeres sin impulsar al mismo tiempo procesos efectivos para transformar el concepto del trabajo y de su división tradicional en los espacios público y privado no modificará las relaciones de género ni la desigualdad social.

Además de incidir mediante la educación en la visión social de la labor de cuidado y conservación del mundo —todavía invisibilizada y atribuida sobre todo a las mujeres—, es preciso crear condiciones concretas que favorezcan la participación de los hombres en ella. Así lo han entendido empresas y gobiernos del mundo que han tomado medidas para favorecer la corresponsabilidad de hombres y mujeres y cierto equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. En México se ha empezado a implementar permisos de paternidad para que los hombres puedan estar presentes en el nacimiento y cuidado de sus hijos, está prohibido no contratar o despedir a mujeres embarazadas, se han creado lactarios en algunas oficinas y algo se promueve la flexibilidad laboral.

Estas medidas son avances normativos que pueden reducir los obstáculos para muchas funcionarias y trabajadoras, pero no son suficientes. Hay hombres que no se atreven a pedir permisos de paternidad porque los van a “ver mal”, aún se discrimina a mujeres embarazadas y se considera que una oficina no es lugar para lactar. La flexibilidad facilita, pero también precariza el trabajo; el trabajo a distancia, aunque sea más cómodo, encarece el costo de trabajar y suele reducir las prestaciones.

Para lograr una igualdad real que favorezca la participación de los hombres en su vida familiar, que permita a las mujeres desarrollar su vida profesional sin “sacrificarse”, y que respete el derecho de cualquiera a equilibrar vida personal y trabajo, es preciso eliminar las jornadas extendidas arbitrarias y garantizar, no coartar, “el derecho a descansar” (como le llamaron las mujeres zapatistas).

En vez de continuar con malas prácticas y dar un pésimo ejemplo a empresas que ya violan los derechos laborales, el nuevo gobierno debería sentar las bases para que la igualdad no sea mero discurso ni privilegio de unas cuantas.

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).