Jorge Álvarez Hoth, ¿golpe político?

Citado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el próximo 1 de diciembre, Jorge Álvarez Hoth, quien fuera Subsecretario de Comunicaciones durante el foxiato, se declara objeto de un ataque político-electoral porque en la actual circunstancia es el coordinador operativo de la campaña del aspirante presidencial panista Santiago Creel.

La SFP lo está citando para que explique por qué no informó al SAT sobre que Unefon no pagó los recargos por la prórroga a su crédito fiscal, antes de la devolución de 596 millones de pesos a Unefon, ordenada por el exfuncionario, en los últimos días de la administración de Vicente Fox.

Es un caso juzgado: JAH; omitió denuncia: SFP

El exfuncionario afirma que tiene documentación y la hará pública en la audiencia -a la que desde ahora anuncia que se presentará-, en la que se comprueba que el asunto está cerrado jurídicamente desde el 2009 por la propia Secretaría de la Función Pública.

Dice que existe una resolución de la SFP en la que se concluye que la devolución en cuestión fue correcta.

Además de que la Auditoría Superior de la Federación determinó que las prórrogas que concedió en su momento la SCT a Unefon -por las que dispuso y le cobró intereses- son ilegales.

Hay que recordar que el pasado miércoles 2 de noviembre la SFP, encabezada por el también panista Salvador Vega Casillas, publicó una notificación por edicto, en la que acusa a Álvarez Hoth de haber incurrido en irregularidades de tipo administrativo, por lo que se le inicia un procedimiento administrativo de responsabilidades.

En pocas palabras, la SFP acusa al exsubsecretario de haber conocido y no haber informado al SAT que Unefon no efectuó el pago correcto y oportuno de los aprovechamientos causados por sus concesiones.

Jorge Álvarez Hoth habría incurrido en tal omisión entre el 1 de agosto del 2006 y el 1 de diciembre del mismo año, de acuerdo con la acusación de la SFP.

Paco Gil y Pedro Cerisola sabían

La devolución de los 596 millones de pesos a Unefon procedió -dice en su defensa el inculpado- porque se le habían cobrado indebidamente a la empresa.

Hacienda, el SAT y la Tesorería de la Federación -recuerda- resolvieron que se tenían que devolver a la empresa, con cargo al presupuesto y economías de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque esa cantidad no era un crédito fiscal.

La devolución no la hice yo personalmente, dice con firmeza.

Se tramitó con el conocimiento del entonces Secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz y del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola.

Se tramitó -afirma Alvarez Hoth- con el conocimiento de la Secretaría de Hacienda, de la Subsecretaría de Ingresos, del SAT y de la Tesorería de la Federación.

Se tramitó con la participación del Oficial Mayor de la SCT y del Director de Asuntos Jurídicos de la dependencia, así como de muchos otros funcionarios.

El exfuncionario sostiene que sí le avisó al SAT, que sí le avisó al Subsecretario de Ingresos y a la Tesorería de la Federación.

De hecho, advierte, ellos fueron los que dijeron qué hacer y que el pago (la devolución) de los 596 millones de pesos no era un crédito fiscal y que se hiciera con cargo al presupuesto de la SCT.

Hay oficios que lo confirman y los presentaré en la cita con SFP, dice quien fuera Subsecretario de Comunicaciones.

Además, recuerda que en su momento él platicó con Rubén Aguirre, subsecretario de Ingresos, la tesorera Claudia Bazúa y la directora de grandes contribuyentes del SAT, Ana Bertha Thierry, quienes concluyeron que había que devolver el dinero y que no había forma de considerarlo un asunto fiscal y así lo pusieron por escrito en un oficio.

CUENTOS VERAS

Jorge Alvarez Hoth dice que es objeto de un ataque político-electoral. Sin embargo, el caso por el que se le está señalando está siendo investigado desde que inició la actual administración. Los directores de Asuntos Jurídicos de la SCT, Gonzalo Martínez Pous y su relevo en el cargo, Gerardo Sánchez Henkel, han mantenido la misma línea. Desde su punto de vista, la devolución de la mayor parte de los 596 millones de pesos (fueron 550 millones de pesos) no debió realizarse. Ambos afirman que el caso no está cerrado.

Twitter: @marco_mares