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Invasión extranjera en las playas
El uso público de las playas de México corre un gran riesgo si avanza en el Senado la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados el 23 de abril para permitir que extranjeros puedan ser propietarios de terrenos en las costas del país.
La iniciativa fue impulsada por el actual coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones (virtual jefe político de la Cámara de Diputados), por la legisladora priista Gloria Elizabeth Núñez Sánchez y por el legislador panista Raúl Paz Alonzo. La iniciativa fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados el pasado 23 de abril por 356 votos a favor, 119 en contra y 2 abstenciones.
La reforma modifica el párrafo noveno del artículo 27 de la Constitución del país, y en esencia quita la prohibición que ha existido en la legislación mexicana desde 1824 para prohibir que los extranjeros puedan ser propietarios de tierras en una franja de cien kilómetros en las fronteras y de 50 kilómetros de las costas del país.
Manlio Fabio Beltrones y los otros promoventes exponen dos justificaciones para dicha reforma: que la prohibición responde a una preocupación que existía en el siglo XIX de que el país pudiera ser invadido por un ejército extranjero; y que en la actualidad hay de hecho una simulación por lo que en la práctica decenas miles de extranjeros tienen una propiedad en la costa mediante la figura de fideicomisos.
El coordinador de los diputados del PRI y sus asociados consideran que dicha realidad ha sido superada: ( ) la razón de ser de la zona prohibida es sólo histórica y en consecuencia la prohibición que la afecta ha dejado de tener vigencia y sentido práctico . Al quitar dicha prohibición, dicen, se dará certeza y se promoverá la inversión extranjera en las costas del país para adquirir tierras exclusivamente para vivienda, sin fines comerciales.
Creo que los promotores de la iniciativa se equivocan y, de prosperar, será la excusa para una marejada más de despojos de tierras y playas a miles de comunidades y pueblos de México.
Ya en este momento aun existiendo la prohibición, hay una oleada de compras de extranjeros en las costas. En la misma iniciativa se registra que entre el 2000 y el 2012 se crearon 48,559 fideicomisos de extranjeros para adquirir terrenos en las costas mediante la emisión de certificados de participación inmobiliaria en zonas restringidas; dichos fideicomisos están registrados ante la Secretaría de Relaciones Extranjeros. Eso significa que al año se autorizaron 4,049 fideicomisos de extranjeros, es decir, uno cada dos horas.
Pensemos la avalancha de solicitudes que se puede generar ya con la plena autorización para que los extranjeros de manera directa puedan adquirir tierras en las playas mexicanas.
Lo que se aproxima, si es que esta peligrosa iniciativa avanza en el Senado y en los estados de la república, es que junto con la inversión, llegará una nueva invasión extranjera al país.
La invasión de los intereses inmobiliarios y potencialmente comerciales y turísticos de particulares y corporaciones extranjeras que pretenderán apoderarse de las mejores playas, las mejores bahías, acantilados y costas mexicanas.
Los promotores de la iniciativa dicen que ya no hay motivo para preocuparse de una invasión de un ejército extranjero. Tal vez no, pero los intereses y la soberanía nacional no se ponen en riesgo sólo por medios militares; los medios económicos y la apropiación del territorio nacional son también un modo de invadir y afectar la soberanía nacional.
Además si esta iniciativa avanza, la privatización de las playas mexicanas avanzará más rápido de lo que ahora ocurre. Solo como ejemplo, en Jalisco el 85 por ciento de las playas de casi 300 kilómetros de costas están concesionadas a particulares, lo que se traduce de facto en una prohibición para que los mexicanos visitemos esas playas y nos mojemos en esos mares.
Lo más grave de todo es que la marejada privatizadora, despoja a comunidades y pueblos de su playas, y se les arranca de cuajo su manera de ganarse la vida, pues donde se privatiza se impide la pesca, el comercio, los servicios turísticos a pequeña escala que es el modo como estos pueblos han reproducido su vida a lo largo de siglos y décadas.
Este es el riesgo más grande que contiene la iniciativa de Beltrones, que abre la puerta a una nueva marejada privatizadora y despojadora. No debe permitirse.
rubenmartinmartin@gmail.com
