Intenciones que son delito

El presidente AMLO, después de haber perdido la votación en el Senado para alargar hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas, en apoyo y capacitación de la Guardia Nacional, dice: “Estuve pensando y decidí que hiciéramos una consulta popular con tres preguntas. Cito de memoria: 1. ¿Qué te parece la imagen de la Sedena y la Guardia Nacional? 2. ¿Crees que son eficaces la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas? 3. ¿Quieres que las Fuerzas Armadas se queden hasta 2028 en apoyo a la Guardia Nacional? Además, lo hacemos sin el INE, para no estar sometidos a intereses particulares. Que la gente nos ayude que se abran las casillas y que la gente cuente”.

El primero en poner el dedo en la llaga fue el ministro en retiro José Ramón Cossío. Conforme al artículo 35, fracción VIII, numeral 3 de la Constitución, está prohibido realizar consultas sobre “la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerza Armada Permanente”. Si hemos de entender a la Constitución como un mandato para contener y controlar al poder, como es debido, la prohibición expresa es una piedra en el camino muy seria para AMLO.

En el camino comete otro dislate de semejante tamaño. El único facultado para realizar elecciones y consultas es el INE. Nadie más por sus pistolas puede hacer consultas públicas a población abierta que no se hagan con el debido procedimiento, la institución designada y con los criterios de certeza, legalidad e imparcialidad que gobiernan a esa institución.

Por lo tanto, no sólo es que su ocurrencia es violatoria de una disposición expresa de la Constitución, sino que apunta, de realizarse a otros delitos. Abuso de poder, usurpación de funciones (si no se le encarga al INE), uso ilegal de recursos públicos, más las que se acumulen en la definición de las acciones que pudiera tomar el presidente.

Mientras que las cámaras han actuado con prontitud, repudiando el hecho, acusándolo de presión indebida al Congreso y chantaje político, al que se suman la denuncia de AMLO a los senadores que no votaron con su propuesta, otros también salen manchados.

Alito, que defendió la propuesta como propia y de la diputada que, habiendo presentado la iniciativa, inmediatamente pidió licencia, ahora el presidente la considera suya. ¿En qué quedamos: es del presidente o es del PRI?

Pero, al final, lo que más me llama la atención, es el silencio del resto de la sociedad. Un ladrón no avisa que va a cometer un delito, que va a robar a alguien en particular y todos nos quedamos viendo como si fuera normal.

La normalidad con que la sociedad ha ido aceptando el rompimiento de la ley como signo del actual gobierno, es asombrosa. Nunca un dicho tan socorrido y aplicable a nuestra vida política de hoy: el que es buey, hasta la yunta lame. Nada más, pero nada menos también.