Estoy consciente que ganar 90 pesos diarios es insuficiente para tener una vida digna y, por tanto, uno de los más grandes retos de nuestro país es mejorar el salario de la fuerza económica más grande que mueve a México: la laboral. Es una realidad que el salario mínimo, que hoy es sólo una referencia, no es suficiente para que las familias adquieran siquiera una canasta básica; y para darle más crudeza al tema, el Inegi reporta a casi 9 millones de personas en esta condición. ¿Cómo abordar este complejo fenómeno? ¿Incrementar los salarios mínimos por decreto es realmente la solución a la pobreza?

En el último debate presidencial pudimos escuchar a los diferentes candidatos exponer sus propuestas en torno al tema, que en lo particular me resultaron insuficientes y demagógicas. Por un lado, AMLO, quien hizo gala de su nulo conocimiento en temas económicos, aseguró que, de llegar a la Presidencia, duplicará el salario mínimo en la frontera y también en el resto del país. Los demás candidatos, salvo Meade, se pronunciaron igualmente por incrementarlo.

Todo esto suena bien, pero es inviable. El aumento del salario no se da por decreto presidencial, sino que debe ser aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la cual está conformada por representantes de trabajadores, patrones y gobierno, y que buscará, como es su deber, que las condiciones económicas justifiquen el incremento. Prometer no empobrece, pero si ayuda a ganar elecciones, por lo que es nuestro deber analizar la viabilidad de estas propuestas de acuerdo a nuestra realidad nacional.

En México, 16.3% de la población ocupada percibe un salario mínimo, sin embargo, contamos con grandes niveles de informalidad, y ésta es más frecuente en los establecimientos pequeños y micro, donde laboran más de 14 millones de mexicanos. Entonces, resulta difícil anticipar que este incremento beneficie por igual a este tipo de trabajadores.

Según la OCDE, México es el país con las jornadas laborales más extensas, pero con uno de los niveles más bajos de productividad. Esta dicotomía es reveladora, ya que una baja productividad laboral disminuye la rentabilidad, es decir, un incremento de los salarios sería un impedimento para la operación y para el surgimiento de nuevas empresas.

El costo real de implementar esta medida sin mejorar la productividad y sin promover inversión, sería absorbido por las empresas actualmente establecidas y, en consecuencia, éstas tendrían varias opciones: trasladarlo a los precios de sus productos, lo que se traduce en inflación; despedir personal o dejar de contratar, y normalmente, por los costos laborales de hacer despidos masivos, se prefiere optar por los recién incorporados o la fuerza laboral más joven; impedir crecimiento y la generación de nuevas fuentes de empleo.

El ingreso de los trabajadores, y por ende de sus familias, tiene una gran injerencia en la calidad de vida y bienestar de la población, además, repercute directamente en las oportunidades que éstos tienen para salir adelante. Por ello, incrementar los salarios de los sectores más vulnerables debe ser una prioridad de política pública, pero, implementarlo por decreto sería irresponsable y traerá más consecuencias negativas que beneficios.

Hemos tenido un avance importante con la desindexación del salario mínimo como referencia de multas, financiamientos y otras variables, ése era el primer paso. Pero definitivamente, lo que más necesitamos es escuchar propuestas concretas, no para incrementar un referente de salarios, sino para incrementar la inversión, la productividad y el empleo. ¡Ahí está la clave!

* Candidata a diputada federal plurinominal en la Tercera Circunscripción Electoral por el Estado de Tabasco y expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana AC.

SorayaPérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.