Incentivos y desincentivos

Una de las actividades de las agencias calificadoras es analizar los riesgos presentes y futuros de diversos deudores, actuales y potenciales, para lanzar alertas sobre su potencial de caer en incumplimiento.

Para calificar el riesgo existen ciertas medidas que el público inversionista o quienes tienen recursos excedentes para prestar deben analizar con cuidado, ya que de esa medida dependerá la tasa de interés que obtendrá por su préstamo. Cuando las circunstancias cambian, debido a riesgos globales, riesgos locales o específicos para cierto acreedor, la calificación cambia, indicando que el riesgo es mayor o menor.

Esta calificación funciona como un incentivo en ambas direcciones; para los deudores, quienes deben seguir sus planes y programas de pago al pie de la letra u optimizarlos y para los acreedores, que en cuanto perciben algún indicio de cambio en el entorno, pueden deshacerse de algún activo para evitar una pérdida futura.

Nuestro sistema político es un fiasco, en el sentido de que ninguno de los actores tiene un incentivo real para hacer bien el trabajo que le corresponde, ya que aún cuando sea percibido cometiendo errores o no haciendo nada o, en el colmo de la situación, haciendo fraude con los recursos del erario, no sucede absolutamente nada. Luego de un tiempo podría ser premiado con otro puesto, y en el poco probable caso de que sea denunciado, entre en un proceso y la sentencia le sea desfavorable, existe el bendito amparo que un juez, lana de por medio, graciosamente le concede.

No existen incentivos para que quienes están en el sistema no sólo hagan bien las cosas, sino que rindan cuentas a la sociedad del uso que hicieron de los recursos, los logros y yerros en que incurrieron durante su respectiva gestión.

Pensar en una agencia calificadora sería un exceso, así como el mecanismo de pedir la renuncia a ciertos funcionarios. Eso no arregla nada y como decimos arriba, luego de un tiempo ocupará otro puesto, ganando por lo menos lo mismo. Un consejo ciudadano que hiciera la labor de las agencias calificadoras podría ser una solución, siempre y cuando se enfocara en aspectos específicos de la gestión de los políticos. Ese consejo ciudadano debería sugerir la sanción a imponer para cada tipo de error o falta y, mediante la figura de plebiscito, la sociedad debe involucrarse para apoyar al consejo tanto en su función, como en las sanciones. Esto debería ser el incentivo.

mrodarte@eleconomista.com.mx