El costo mensual estimado de la aplicación de las medidas de emergencia sanitaria dispuestas en el Diario Oficial de la Federación, en su edición del 31 de marzo, es de 4.7 puntos del PIB anual de la economía de Coahuila. Si la ampliación de la cuarentena domiciliaria hasta fines de mayo se hace extensiva al ámbito económico estatal, el descalabro sería equivalente a 9.4% de su PIB anual, es decir, a una cifra que rondaría 85,000 millones de pesos. Lo que finalmente ocurra dependerá de múltiples factores. Se destacan: la prolongación en el tiempo de la pandemia y su intensidad; la situación económica inicial y al momento de la normalización de actividades; la eficacia de las políticas económicas de mitigación, y las repercusiones de los cambios inducidos por la epidemia en la conducta del consumidor sobre la evolución de la demanda agregada.

El decreto antes mencionado accionó el botón de pausa en actividades económicas que generan 44.6% de la producción bruta y 39.9% del valor agregado en México. En Coahuila, estos sectores tienen una participación superior al promedio nacional y están fuertemente articulados al resto del tejido productivo. Por ambas razones, aun cuando se mantuviera el pago integral de salarios, la cuarentena producirá una contracción significativa en el ingreso de los hogares. Lo anterior se debe a que la participación de los salarios en el ingreso es solamente de 28.5%; la realidad es que los sindicatos han negociado con las empresas el pago de entre 50 y 70% de los salarios, y en las últimas semanas de marzo y la primera de abril se perdieron 347,000 puestos de trabajo en el país. De manera que, en dos meses de cuarentena, estimamos una caída equivalente a 8.4% del ingreso anual de los hogares coahuilenses.

Por su parte, la producción bruta se abatiría en 232,420 millones de pesos, monto equivalente a 11.5% del total estatal en esta variable. Los sectores más afectados serán: equipo de transporte; maquinaria y equipo, e industrias metálicas, y construcción, los cuales concentran tres cuartas partes del ajuste.

El desplome de la producción provocará la pérdida de 158,586 puestos de trabajo (10.1% del personal ocupado total en Coahuila). Siete sectores de actividad acumulan tres cuartas partes del ajuste: equipo de transporte; servicios de apoyo a los negocios; construcción; maquinaria y equipo; comercio al menudeo; industrias metálicas, y otros servicios.

La reducción del ingreso también propicia la contracción del consumo privado de bienes y servicios ofrecidos por la economía estatal, en un monto estimado en 36,000 millones de pesos, afectando principalmente a aquellos con mayor presencia en la canasta de consumo de los hogares: comercio al menudeo; servicios inmobiliarios; transportes, correos y almacenamiento; industria alimentaria, y equipo de transporte.

Por el tiempo transcurrido y la experiencia acumulada, han ido surgiendo opciones de tratamiento para las personas afectadas por el Covid-19, mismas que pueden mitigar su letalidad y su presión sobre la infraestructura hospitalaria. Sin embargo, la vacuna difícilmente estará disponible antes de varios meses y los riesgos de recrudecimiento de la pandemia exigen prudencia en su manejo.

La situación económica previa a la emergencia sanitaria era adversa. La economía mexicana estaba estancada, con la inversión en franco retroceso y el consumo privado debilitándose. Varias plantas de la industria automotriz suspendieron sus actividades desde la segunda mitad de marzo por la interrupción en las cadenas de suministro provenientes de China. Se trata de un choque de oferta, amplificado significativamente por las medidas adoptadas el 31 de marzo. Al afectar los flujos de ingreso, la contracción de la oferta erosiona los niveles de la demanda agregada, en tanto, la incertidumbre propiciada por la pandemia alimenta una crisis de volatilidad. Afortunadamente no hay destrucción de capital físico (como en las guerras o en los cataclismos) y las medidas de combate a la epidemia reducirán las pérdidas de vidas.

La política económica debe enfocarse en preservar la salud de los trabajadores y la integridad de las empresas. La política monetaria está bien orientada; el Banco de México ha tomado medidas para garantizar la liquidez; la situación inicial de los bancos es saludable, y se han emprendido acciones para relajar la presión financiera sobre los acreedores.

El problema está en la política fiscal. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado inflexibilidad para relajar la presión tributaria sobre las empresas, pues dice que si lo hace no tendrá dinero para los más pobres. Tampoco parece dispuesto a cancelar o postergar los grandes proyectos de inversión de su gobierno. Éste es un grave error de diagnóstico, pues en este caso el orden de los factores sí altera el producto. La recaudación de impuestos caerá drásticamente, lo quiera o no el presidente. De hecho, caerá mucho más si se aferra en sus pretensiones, pues precipitará la pérdida de empleos y la quiebra de muchas empresas que pueden salvarse con las medidas adecuadas.

Quienes están sintiendo el apretón le ofrecen el remedio: diferir por dos meses a las empresas no esenciales que lo soliciten el pago de las contribuciones sociales y de los impuestos sobre la Renta y al Valor Agregado. Su liquidación puede programarse en 12 mensualidades en el 2021. El costo de corto plazo de esta medida es equivalente a 0.7% del PIB. El presidente debe escuchar el consejo de su asesor económico estrella, el empresario Carlos Slim: la mejor manera de combatir la pobreza es con educación y empleos. Si no recapacita, será muy triste observar al final de su sexenio que el único resultado perceptible de su gobierno será la producción industrial de pobres.

*Investigadores nacionales del Conacyt, adscritos al Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila.