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INM: burocracia remediable
Es necesario impedir secuestros y trata de menores a toda costa, pero no a costa de los derechos de los menores y sus padres de familia.
Los aeropuertos de México han experimentado, como nunca antes, la angustia de niños y padres de familia al vivir la desatinada disposición legal que niega a menores de 18 años viajar, aunque ambos padres estén presentes en el mostrador con documentos oficiales que los acrediten ampliamente.
La Ley de Migración obliga a las aerolíneas a exigir un documento firmado por ambos padres o por quien ostente la patria potestad de un menor que viaje sin la compañía de sus mentores, pero certificado notarialmente. Su presencia física en el aeropuerto es desestimada.
La escena, que se repite todos los días, es al padre y a la madre de un menor discutiendo con las empleadas de mostrador, que si ellos están ahí, dejando a su hijo, incluso en manos de un familiar con el cual va a viajar, que sí están perfectamente identificados por sus pasaportes y credencial de elector, entonces ¿por qué les exigen ir a un notario a que expida un documento que dé fe de esto y además les cobre mínimo 1,200 pesos?
La ley también prevé que a falta de acta de un fedatario legalmente reconocido, se puede acudir a una oficina de la autoridad respectiva que pueda otorgar el documento solicitado. Éstas pueden ser las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) que están saturadas de personas que demandan una solución para poder viajar y que atienden con falta de personal, lo que no evita que la mayoría pierda sus vuelos.
Entendemos los motivos de estas normas. Es necesario impedir secuestros y trata de menores a toda costa, pero no a costa de los derechos de los menores y sus padres de familia. No reconocer la voluntad de los padres de familia es un atentado a la libertad. Obvio, se debe exigir identificación plena, pero no que quien la otorgue sea un fedatario público o migración.
Si la norma es para evitar abusos, que no caiga en ellos. Bastaría con que los padres de familia llenaran un formulario con identificación plena de su identidad para que los menores puedan viajar. Este trámite burocrático es remediable.
Ya es hora de que a los ciudadanos no se nos maltrate por disposiciones de la autoridad mal concebidas. El bien general se logra en un país con normas que sean eficaces para impedir las ilegalidades, pero garantizando que la ciudadanía, además de vivir el bien común, viva el bien estar.
